Es impresionante la confusión y el doble discurso que se ha dado en torno a la desaparición del llamado Seguro Popular y su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste una y otra vez que ningún servicio médico será cobrado, sin embargo, las instituciones de salud tienen otra lectura. A ello hay que agregar el desabasto de medicina para pacientes gravemente enfermos, lo cual ha dado lugar a protestas de padres y madres de familia, como es el caso de los menores, pacientes del Instituto de Especialidades de Oaxaca, que están en riesgo de perder la vida, ante una política gubernamental, a todas luces errática y sesgada. Lo mismo ocurre en los prestigiados institutos del Sector Salud en la capital del país, al haber reducido de manera brutal su presupuesto.
Esta situación ha despertado a nivel nacional un hondo repudio a la política sanitaria que ha emprendido el gobierno de López Obrador, que con una mal entendida lucha en contra de la corrupción ha tocado fibras muy sensibles del pueblo mexicano. Lo peor de todo ello es que ante estas políticas erráticas sigue culpando de todo a los regímenes anteriores, haciendo alusión inclusive a regímenes que tienen más de diez años de haber concluido su gestión. Más ofensivo para la inteligencia de los mexicanos –y oaxaqueños, por supuesto- es insistir en que no habrá cobros, cuando se les han presentado pruebas fehacientes de que los mismos se han triplicado o más. ¿Tiene sentido seguir engañando al pueblo? Por supuesto que no. Hay que hablarle claro, sin cortapisas y ficciones. El Seguro Popular fue un gran proyecto. Haberlo desaparecido es una decisión torpe y desafortunada.
Quienes parecieran pasar desapercibidos son los legisladores de las Cámaras Alta y Baja, que sin recato alguno aprobaron la desaparición del Seguro Popular. La indignación ha crecido en virtud de que no obstante darse cuenta de una política errática, aún se trata de revirar para echar culpas ajenas. Sin duda alguna, la situación de indefinición del INSABI habrá de generar una crisis en el sector salud nacional, al quitarse del espectro del país, una institución que en su momento fue un ejemplo de la política social en materia de salud. Lo lamentable es que si en el discurso fueron los pobres la prioridad, las cosas se han revertido, pues es ese sector el más afectado por el INSABI.
La ley sin distingos
Llamó la atención la semana pasada, el llamado del gobernador Alejandro Murat al ex diputado priista, Juan Antonio Vera Carrizal, para que éste se presente a declarar en torno al espinoso asunto de la joven saxofonista, María Elena Ríos Ortiz, quien fue atacada por un par de sujetos el pasado 9 de septiembre, en Huajuapan de León, quienes le arrojaron ácido en cara y cuerpo. Decimos que llama la atención pues creemos que no es papel del ejecutivo hacer exhortos de esta naturaleza, cuestión que compete sólo a los órganos jurisdiccionales, habida cuenta que al menos la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo. Si bien es cierto que el mensaje del ejecutivo estatal se dio en un tono enérgico, ello no implica el traslape con cuestiones que no son de la competencia de quien se presume, tiene en sus manos la conducción del estado y la solución de sus grandes desafíos.
Sea del partido que fuera, el aludido debe comparecer en los términos que la ley disponga. Murat Hinojosa insistió en que no debe haber distingos. Y ello es cierto. La ley no admite dobleces ni, mucho menos, vacilaciones. Por ello –insistimos- llama la atención el llamado referido, pues pese a que hubiera amistad o cercanía, no implica que ello signifique evadir el proceso o juicio a que pudiera estar sometido por el Juez de Control, luego de acreditarse eventualmente los elementos de acusación necesarios para una virtual consignación. El affaire María Elena Ríos está ya en el imaginario colectivo como un asunto que debe resolverse, caiga quien caiga. No existe pues posibilidad de que haya tráfico de influencias o favoritismo, en caso de tomarse en cuenta su militancia. Ello no significa que el procedimiento prescinda del debido proceso y la presunción de inocencia.
Debemos dejar pues, que sean los órganos competentes los que llamen a cuentas al citado presunto implicado, que no es competencia del ejecutivo. Si el llamado a que hacemos referencia fue en el plano de la amistad, pues qué bueno. Empero, deben ser los instrumentos de justicia quienes sean los que sin recato alguno hagan comparecer no sólo a Vera Carrizal sino a todos los presuntos implicados en este caso penoso. Vale la pena recordar que dicho caso ya rebasó las fronteras nacionales y se ha convertido en la noticia del momento, de tal suerte que cualquier desliz, éste será magnificado.
