No obstante que la Reforma Educativa ya tiene carácter constitucional al ser aprobada por la mayoría de los congresos locales, con la certeza de que el Estado seguirá firme en la rectoría de la educación, aún así y teniendo claridad en las cosas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y su brazo golpeador, el Cártel 22, se fueron a su “paro loco” de 72 horas la semana pasada, generando con ello graves afectaciones al ciclo escolar 2018/2019 y aún amenazando con un paro indefinido.
Ahora están amagando al gobierno estatal que ha caído en su juego de resolver demandas que no le corresponden en lo oscurito, en la opacidad y sin rendir cuentas a la ciudadanía. Ésa ha sido la forma en la que siempre ha utilizado el magisterio disidente, para evitar la andanada mediática y las críticas de la sociedad civil. En el sexenio pasado, diversos grupos de la sociedad civil insistieron ante el gobernador Gabino Cué, que los pliegos de peticiones y las mesas de diálogo se hicieran públicas, cumpliendo con las políticas de transparencia. Jamás se logró nada. El Cártel 22, cual si fuera un grupo delictivo, todo lo quiere hacer en secreto y de manera subrepticia.
Ni el magisterio ha entendido ni tampoco el gobierno estatal, que el tiempo de las negociaciones paralelas, en donde el primero sacaba dinero del erario local y del federal, ya pasó. El gobierno de Alejandro Murat no debe otorgar más concesiones que aquellas que le permita la ley, pero no comprometerse a resolver un directorio de exigencias sólo para mantener una relación más o menos cordial, con los riesgos que ello entraña para la política educativa estatal.
Todo mundo conoce la voracidad de los dirigentes magisteriales y el temor que imprimen sus amenazas en la sociedad oaxaqueña. Pero sí existe claridad en que toda petición del sector educativo se resolverá a nivel central, en la Secretaría de Educación Pública (SEP), es una necedad pretender darle aquí respuesta, cuando existe pobreza presupuestal, aun para hacer frente a situaciones elementales como la salud y otras.
Nada se pierde con decir que no es competencia estatal poner en marcha sus propios programas, sus “colectivos”, su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), puesto que todo ello debe ser considerado a nivel central. En pocas palabras, el gobierno estatal debe deslindarse de manera definitiva de todo arreglo con el magisterio disidente y voraz.
Acuerdos ficticios de paz
La semana pasada los medios dimos cuenta del acuerdo de paz suscrito entre dos comunidades mixes: San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapan del Espíritu Santo, que durante muchos años han librado un conflicto por el predio denominado El Manantial, que permite a ambas comunidades, abastecerse del vital líquido. El evento se dio con la presencia del gobernador Alejandro Murat y del secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, quienes fueron testigos de calidad del citado acuerdo, con el que presumíamos, se pondría fin al diferendo. Pero no fue así.
El martes 14 de mayo, a través de un comunicado, el presidente municipal de Ayutla, comunicó a los medios de comunicación que ellos jamás habían firmado dicho acuerdo, el cual, por tanto, era ficticio. No obstante hubo quienes insistieron en su vigencia. Sin embargo, tal parece que el mal ejemplo cunde. Una situación similar se vivió con el famoso acuerdo entre Santa Catarina Juquila y la comunidad chatina de Santiago Yaitepec, hace al menos un mes. Fue ésta última la que en pleno periodo vacacional de Semana Santa y con el afán perverso de afectar a la otra comunidad, bloqueó la carretera que conduce al santuario de Juquila.
Lo que ocurre aquí es que hay una falta absoluta de respeto por la figura gubernamental y se juega con la vida y la paz social de las comunidades. Y es la presencia y la manipulación de diversos actores que con el afán de lograr notoriedad política, dan al traste con los buenos propósitos de las comunidades. La atomizada estructura municipal oaxaqueña ha traído consigo asimismo, centenas de conflictos de tipo agrario, que han dejado al menos en las tres últimas décadas, centenas de muertos.
Los acuerdos de paz y conciliación buscan sobre todo, atenuar las hostilidades y aminorar los riesgos de enfrentamiento. Ya se sabe que en la conciencia de nuestra atomizada vida comunitaria, la tierra se defiende hasta con la propia vida. Así sea un pedazo de parcela improductiva o desértica, ello no importa cuando el arraigo reclama exigir respeto, así sea a costa de la sangre de los vecinos. Se requiere pues, una exigencia institucional y presión para aquellos que no cumplen los acuerdos, los trastocan o simplemente se desentienden de ellos. La vida y la estabilidad de nuestras comunidades no es un juego de vencidas ni de egos. Los instigadores de la violencia y el encono deben ser exhibidos y sancionados.
