Lo que parecía haber cambiado, por los años de pandemia y la relación tersa que se vivió durante los cuatro años pasados, entre el gobierno estatal y la dirigencia del llamado Cártel 22, ha tenido un viraje preocupante. De nueva cuenta el conflictivo magisterio oaxaqueño sigue dando la nota con paros locos, plantones y la cancelación de accesos y operaciones en el aeropuerto internacional de Oaxaca. Han tomado a la educación pública de más de un millón de educandos, como trampolín para lograr sus propósitos sectarios y facciosos. Durante 43 años, desde el nacimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –la CNTE-, Oaxaca es de las entidades del país con mayor rezago educativo. Ciclos completos se han perdido entre paros y movilizaciones.
Algunos medios en la capital del país han advertido sobre los riesgos que implica darles o devolverles canonjías y privilegios, más allá de lo que les otorga la Federación. Aquí, el magisterio llamado a sí mismo democrático, es un poder fáctico. Hemos vivido los coletazos de cierres carreteros masivos, bloqueos a la capital, barricadas y muertos. Pero para sus manejadores, los únicos que cuentan son los que ellos contabilizan como suyos. El 15 de mayo iniciaron las hostilidades. El emplazamiento al gobierno estatal para responder a demandas que no están en su esfera de decisión. Pero siguieron sus paros locos. Ya lograron echar abajo el proyecto presidencial de desincorporar de la Secretaría de Educación Pública, a la Dirección de Educación Indígena, que pasaría al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas –INPI-.
En su propaganda mencionan su propósito de echar abajo el decreto de 2015, el mismo que aprobó el gobierno de Gabino Cué y que le permitió a la Federación recuperar la rectoría de la educación que, de manera absurda, una mala decisión había puesto en manos de la Sección 22 en 1992. A nadie engañan. El propósito de los grupos radicales comandados por la Secretaria General, Yenny Aracely Pérez Martínez, es volver a recuperar esos privilegios que mantuvieron durante 23 años. Insistimos: ahí está inscrita la cacareada bilateralidad que tanto repiten en sus discursos, arengas y consignas. Ceder, sería para el gobierno de Salomón Jara hacer de un gremio sindical, de trabajadores, con reglas claras establecidas en la Ley Federal del Trabajo, también patrón. Y volver a la ilegalidad de que el Comité Ejecutivo Seccional asuma el papel de mandamás en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca –IEEPO- cuya responsabilidad compete sólo al Poder Ejecutivo.
Revertir mala imagen
Nadie en su sano juicio debe minimizar el revés que recibe Oaxaca y sus destinos turísticos, por los hechos desafortunados de hace una semana. El asesinato de dos turistas. Uno argentino, en Lagunas de Chacahua y el otro canadiense, en una colonia de Puerto Escondido. Medios nacionales y extranjeros dieron cuenta puntual de estos hechos, lo cual influye de manera negativa en nuestra industria sin chimeneas, que a grandes trancos se recupera de los coletazos de la pandemia y nulo apoyo federal. Si bien es cierto que la Fiscalía General del Estado de inmediato realizó las pesquisas y consignaciones pertinentes, nobleza obligaba a emitir alguna declaración para lamentar los hechos y ofrecer condolencias a familiares de las víctimas y, a los visitantes potenciales del país y el extranjero, la certeza de que el gobierno reforzará las tareas de vigilancia. Extraño pero cierto. Ante estos dos hechos de sangre, se percibió un silencio ominoso de parte de la dependencia responsable.
No es la primera vez que nuestro estado tiene tache en temas de seguridad para el turismo. En los disturbios del 2006, gobiernos extranjeros emitieron alertas a sus connacionales para no viajar a Oaxaca. Alertaban sobre barricadas y situación de excepción. Posteriormente, con cierres carreteros, atracos en casetas de cobro y vandalismo prohijado por maestros, normalistas y organizaciones sociales, el golpe al turismo fue directo. La industria sin chimeneas, entendemos, no se circunscribe sólo a La Guelaguetza, Semana Santa, Día de Muertos, Noche de Rábanos o fines de semana largos, con sus consabidos operativos policiales de temporada. Tampoco es de estadísticas de afluencia, promedio de ocupación o derrama económica. Implica también otorgar seguridad a los visitantes.
Se entiende que el tema de seguridad es un flagelo nacional; que los delitos han crecido de manera exponencial y que nadie en este país está a salvo de los grupos delincuenciales y sus operaciones. Que ello no sea obstáculo para que esta administración no ponga en marcha estrategias para reforzar los operativos policiales y tenerlos de manera permanente en todo el estado, particularmente en los sitios de interés y polos turísticos. Con las fiestas de julio a la vuelta de la esquina, habrá que diseñar un modelo para contrarrestar la imagen negativa y seguir alentando la confianza en quienes aman a Oaxaca y en aquellos que anhelan conocer su enorme riqueza cultural y natural.
