Desde 1980, es decir, desde hace 43 años, la educación pública en Oaxaca ha vivido un constante deterioro. El nacimiento de la famosa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –la CNTE-, con su bandera de abatir el charrismo sindical, se convirtió en un poder fáctico, que encontró en los bloqueos, plantones y en el golpeteo a las garantías ciudadanas, su arma de lucha para exigirle al gobierno, cada vez más canonjías y privilegios. De los estados del país que formaron ese bloque, fue la Sección 22 la que demostró un mayor radicalismo y enajenación de sus dirigentes, con ideologías de un socialismo extinto en el mundo global. Muchos de ellos abrevaron en los Clubes de Orientación Política Ideológica –los COPIS- de las Normales Rurales, en los que se preparaba a los futuros maestros para ser guerrilleros, los forjadores de una educación dogmática, acartonada y fuera de la realidad.
Y el llamado Cártel 22 cayó en ese bache. A lo largo de la historia del llamado MDTEO, no ha habido una sola propuesta de mejoramiento académico, de compromiso tácito con la educación, con la formación de alumnos críticos, pero informados. Todo ha sido conveniencia, alargar la mano, pedir más salario y prestaciones, cobrar sin trabajar. Así se explica el vandalismo normalista para exigir plazas sin examen. Hoy, el Cártel magisterial ha vuelto a la carga, con peticiones poco genuinas, como el castigo a los represores del 2006, la libertad de presos políticos o por los hechos de Nochixtlán. Ya no son educadores sino falsos redentores. Su lugar ya no es el aula, sino la calle. Desde marzo de 2020 que empezó la emergencia sanitaria por el Covid-19, hay maestros que tienen acaso un par de meses que volvieron a la normalidad. Con excepciones, la mayoría de quienes laboran en zonas rurales pusieron de pretexto la falta de conectividad para las clases virtuales.
Pero aquí están de nuevo, dispuestos a ponerle un clavo más a nuestra educación pública deficiente, al ancestral rezago educativo, a cobrar un salario que tiene mucho que no desquitan y a cobrarle al pueblo inerme, agravios de los que es ajeno. Prestos a hacer más grande la brecha de la ignorancia y el atraso escolar, en los que Oaxaca se lleva los primerísimos lugares. Y algunos, soñando con hacer el caldo de cultivo del tristemente célebre movimiento de 2006, ese pasado ominoso que a muchos nos avergüenza. Pero cobrando puntualmente y sin retrasos, la quincena que les paga el gobierno.
El chantaje: Industria rentable
Desde el gobierno de Diódoro Carrasco, entre 1992 y 1998, se dio un crecimiento exponencial en el directorio de organizaciones sociales, hasta años recientes. Al tenor de los particulares intereses de sus dirigentes y franquicitarios, se crearon membretes y más membretes, todos con la tendencia de reivindicar a los campesinos, los pobres, los indígenas y otros segmentos sociales. A finales del gobierno de Alejandro Murat, el catálogo de organizaciones y membretes se llegó a estimar en al menos 300. Cada uno de sus dirigentes se asumía de facto, beneficiario exofficio del erario gubernamental. Es más, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de cada año, los y las diputadas del Congreso local les fijaban una cuota. Había algunos chantajistas y consentidos como el Frente Popular Revolucionario, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui –MULT- o Antorcha Campesina.
La famosa lucha social se convirtió en un boyante negocio y el chantaje, a través de bloqueos y violencia, en la industria más rentable. Hay en el actual gabinete varios funcionarios que vivieron alargando la mano para recibir la dádiva del gobierno. Es decir, conocen a fondo las reglas con las que opera esta industria tan ominosa. Pero hoy, que son gobierno e hijos de esa cultura, deben saber a la perfección en dónde y a quién apretar cuando se saltan las trancas. Por ello, a casi dos meses del iniciar el actual gobierno, se hizo mención de que el directorio de quienes habrían de recibir beneficios se había adelgazado a unas cuantas organizaciones. Obvio: el resto de dirigentes enloqueció y buscan una coyuntura, un movimiento contra el gobierno o una asonada, para colgarse y volver al Edén presupuestal.
Así fue en el 2006. El Cártel 22 sólo encendió la mecha y luego se abrió. En la APPO confluyeron grupos, caciques políticos, organizaciones y hasta movimientos en la clandestinidad. Todos, todos, con el propósito de beneficiarse económica o políticamente. Sin embargo hoy, hay un elemento fundamental para paliar la ambición de dirigentes y titiriteros: la instrucción presidencial de entregar apoyos a los directamente beneficiarios. No a intermediarios. En la negociación política, más que las vísceras debe prevalecer la mente fría, la habilidad y la capacidad para construir consensos. Un verdadero equilibrio entre la apertura al diálogo y la vigencia del Estado de Derecho. Bajo esa visión, ni maestros, ni manipuladores de normalistas, menos los falsos redentores de las organizaciones sociales, pueden ya venir a espantar con el petate del muerto.
