Si hubo quienes pensaron que con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, las células magisteriales y el llamado Cártel 22, iban a reducir sus protestas, a raíz del ofrecimiento de aquel, de darles el oro y el moro, se equivocaron. De la misma manera se equivocaron aquellos que creímos que con el discurso de AMLO en Ciudad Ixtepec, el 19 de septiembre, en el sentido de que la Reforma Educativa va para atrás, siempre que los maestros retornen a sus aulas y cumplan a cabalidad los programas escolares, haría cambiar la eterna protesta y la movilización perpetua. El Cártel 22, en todos sus niveles, se ha cebado en la protesta callejera. Hay que recordar lo que en los últimos días le han sacado a relucir al cuestionado y criticado legislador federal, Azael Santiago Chepi: “el movimiento magisterial vive por y para la movilización”. El lunes pasado, un grupo de mentores del sistema de telesecundarias marcharon de la Fuente de las Ocho Regiones al centro de la ciudad en demanda de más plazas. Encabezados por Francisco López López, secretario de Trabajo y Conflictos de dicho nivel, exigieron al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), nueva plazas y otras demandas. Para hacer más patética su demanda, realizaron un bloqueo en la Estación de Autobuses de Primera Clase.
Ayer miércoles, “a contra-turno” convocaron a una manifestación. Ésta para protestar por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Según el comunicado de su dirigencia seccional, acusan dicha acción como crimen de Estado. No reparan por supuesto en que este ilícito fue perpetrado por el crimen organizado y que si bien el Estado se lo endosó a sí mismo, dista mucho de que haya sido el responsables. Otra de sus demandas fue “la no criminalización de la protesta social”, en la cual este gremio se ha cebado durante 38 años, de tal manera que hoy en día dicen estar dispuestos a cuestionar y hasta romper con el gobierno de AMLO, una vez que éste inicie, en caso de que se le pongan camisas de fuerza a su movilización. Es decir, no importan los compromisos que ha asumido el presidente electo antes de entrar en funciones, sino que la pretensión del Cártel 22 es imponerle todo a su conveniencia, como es el caso del llamado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO). Confiamos en que el gobierno de la “cuarta transformación” pueda meter orden y obligar a los maestros de la disidencia a cumplir con sus responsabilidades.
Castigo a malas prácticas
Desde hace algunos días, alumnos del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO), plantel Cuilapan de Guerrero, habían denunciado la conducta negativa de uno de los prefectos, quien habría sido descubierto tomando fotografías a ciertas alumnas, vulnerando su intimidad. El pasado lunes, alumnos (as) y padres de familia realizaron una protesta. Las mujeres vestidas con pantalón y evitando el uso de la falda, para exigir a las autoridades del sistema educativo, el cese del citado empleado. Sería absurdo pensar que el titular o los directivos de primer nivel sean responsables de la conducta de un trabajador. Tampoco se puede acreditar responsabilidad al gremio sindical, salvo que se empecinara en defender a alguien que de principio a fin está cometiendo un ilícito. Por ello, sin formular prejuicios de ninguna especie, habrá que cumplir con los procedimientos usuales en este tipo de situaciones. Ha trascendido que, de momento, el trabajador objeto de las acusaciones, fue retirado de su centro de trabajo, sin que ello vulnere sus derechos laborales. Además, que los familiares de la principal afectada, ya pusieron la denuncia ante el Ministerio Público, lo que implica que el asunto está en manos de la Fiscalía General del Estado, quien habrá de realizar las pesquisas y acreditar responsabilidades.
Los medios de comunicación –aunque haya quienes asuman ese papel de manera equivocada- no somos jueces ni fiscales. Simplemente damos cuenta de los hechos, dejando que sean las autoridades competentes quienes acusen y, en su caso, consignen. Por lo pronto, es importante subrayar que la Dirección General del COBAO ha realizado lo que por ley le compete y en legítima defensa de los derechos de los estudiantes. Es menester dar cuenta de que también se le ha dado vista a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para evitar que mañana pasado se pase de victimario a víctima, un vicio común y arraigado en nuestro estado, en donde la filosofía de las garantías individuales se ha pervertido hasta el hartazgo. En virtud de la serie de especulaciones que se han difundido en las redes sociales, es menester subrayar que no se trata de hacer culpables a priori ni de fincar responsabilidades en donde no las hay, sino dejar que las autoridades competentes, en sus distintos ámbitos, hagan su trabajo cumpliendo con los protocolos legales y con la presunción de inocencia.
