No han faltado las labores de convencimiento de parte de las autoridades ni de, tal vez, intento de soborno para los dirigentes de organizaciones que se han apropiado prácticamente del zócalo de nuestra capital, para que lo abandonen. Existe una cerrazón irracional para desalojar lo que en estricto derecho son espacios comunes, que no pertenecen al gobierno sino a la sociedad. Nos referimos al zócalo y los pasillos del Palacio de Gobierno que, desde hace al menos tres años, están invadidos por un verdadero tianguis, el cual ha sido montado por al menos tres grupos de supuestos desplazados triquis, los cuales fueron objeto de las aberrantes medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Para mantenerlos, el gobierno de Alejandro Murat invierte al menos 5.5 millones de pesos anuales, en lo que se refiere a despensas, apoyos económicos, renta de espacios adicionales, etc. Y con motivo de festejos como los del fin de semana pasado, ya es común que los dirigentes de dichos grupos exijan dinero a cambio de abandonar dicho espacio temporalmente. Se trata de jugosas dádivas, para retornar de nueva cuenta una vez que han pasado los festejos. Dicha situación se ha tornado un círculo vicioso.
En este mismo espacio hemos sugerido hacer del conocimiento de la CIDH la situación que prevalece con los supuestos desplazados triquis. Dicha categoría se da en países como Siria o aquellos que libran conflictos armados, como anteriormente Serbia, Croacia y otros o en donde existe inseguridad para determinado grupo social, que está acosado por delincuentes o paramilitares. No es el caso de los triquis, con una historia de violencia comunitaria que se remonta a más de medio siglo. El caso del grupo que lidera Lorena Merino es emblemático. Sólo tiene tres cautelados, pero a su sombra se cobijan tres hermanos, quienes están acusados de trata de menores de edad. Y tienen un expediente abierto sobre dicho ilícito. He ahí el por qué hemos sugerido que el gobierno estatal debe poner en marcha un plan de asesoría a fin de revertir las citadas medidas cautelares y ubicar a esta gente en estricto apego a la ley. No es justo que mantengan secuestrado el Centro Histórico y cada acto cívico o social, haya que pedirles permiso o sobornar a sus dirigentes, además de mantenerlos sin trabajar como si tuvieran una beca vitalicia. Ya basta de tanta impunidad y complacencia, por el hecho de estar con la bandera de “nosotros los pobres indígenas”.
Retención o secuestro
La semana pasada un abogado hizo la denuncia formal respecto a la retención ilegal de dos jóvenes abogadas, presuntamente empleadas del Juzgado de Control de María Lombardo de Caso y de un trabajador del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), por parte de vecinos de San Juan Mazatlán, Mixe. Los medios de comunicación con toda oportunidad abordaron este tema, habida cuenta de que cuando dicha noticia trascendió, había transcurrido ya una semana de que habían sido privadas de la libertad las personas a que hacemos referencia. Se trató, obviamente de una retención o privación ilegal de la libertad o, en otros términos, de un secuestro. Fuentes oficiales informaron que se trató de un chantaje de vecinos de una agencia municipal de la referida comunidad, que exigen la entrega de sus participaciones. Pero, ¿cuál es la razón por la cual se ensañaron con dos mujeres y un hombre, cometiendo un ilícito que está tipificado como grave? En la entidad este delito es común. Llegan turbas de comuneros, como ocurrió hace al menos un par de meses con los vecinos de Teojomulco, que con piedras y resorteras golpearon y secuestraron cobardemente a centenas de empleados (as) en Ciudad Judicial. No hubo detenidos y al día siguiente de su “hazaña” retornaron a sus comunidades listos para seguir repitiendo sus fechorías.
El pasado viernes, autoridades en funciones de San Juan Mazatlán estuvieron en la Secretaría General de Gobierno, en una “mesa de diálogo”, luego de la cual, que se prolongó por cerca de 15 horas, lograron acuerdos que transmitieron a los secuestradores de su comunidad y liberaran a los retenidos. El sábado muy temprano, los negociadores se fueron a su casa dejando en la sociedad un mal sabor de boca: cualquier ciudadano puede ser víctima de una turba de ignorantes que, ante la falta de atención del gobierno a sus exigencias, simplemente los puede retener de manera ilegal e impune, por el tiempo que quiera. Total, con el ardid de que se trata de una protesta de comuneros o indígenas, pasa en la impunidad. Hace algunos años dicha acción sería motivo de órdenes de aprehensión y consignación ante el Juez. Hoy no. El miedo en el gobierno a pasar a la historia como represor ha sumergido a dicha institución en un marasmo de incompetencia y complicidad. La ley es lo de menos. La impunidad es lo que cuenta.
