Retroceso democrático
El fin de semana pasado, estuvo en Oaxaca el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, para participar en el Foro: “Los retos de la democracia mexicana para el proceso de 2021”. En entrevista develó algo que mantiene una gran expectación en el país. Y es el golpe que se prepara desde el Congreso federal, en donde el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuenta con mayoría aplastante, para desacreditar y desaparecer al INE y formar una institución a modo, para calificar dicho proceso electoral, considerado el más importante en la historia política contemporánea de México. Esto es, un abierto retroceso en lo que se avanzó con la Reforma Política que creó el Instituto Federal Electoral (IFE), como un organismo ciudadano.
Convertir al árbitro electoral, cuyas decisiones han sido determinantes para consolidar la democracia participativa de los mexicanos, en rehén de un partido político y de un gobierno, es darle un duro revés a todo lo que se ha construido durante décadas de autonomía. Lo que ha quedado claro en la actual administración federal, es una tendencia abierta a demoler todo aquello que ha ubicado a México, como un país en transición hacia una democracia más firme, no una dictadura ni el predominio de un solo hombre. La autonomía ha dado la espalda al presidencialismo pernicioso que padecimos y que hoy quisieran revivir algunos. He ahí el porqué de la imposición en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o las arremetidas en contra del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). En lo que no han reparado los flamantes legisladores del partido en el poder, es que controlar dichos órganos puede convertirse mañana o pasado en un “boomerang”.
La lucha por la defensa de los órganos autónomos como el INE y otros, debe provenir de la sociedad civil. Se entiende que todo propósito sano de enmendar errores no está en la agenda política ni del presidente Andrés Manuel López Obrador ni, mucho menos, en sus alfiles de Morena. Sería una lástima que en esta sed de poder y de predominio vayan a dar un paso en falso. El país no está para experimentos ni, mucho menos, para posturas autoritarias. Hay una historia en la que quienes operan este tipo de bajezas deben abrevar. Se equivocan aquellos que asumen que la famosas Cuarta Transformación habrá de cambiar el sentido de la historia nacional, arremetiendo en contra de la autonomía de los órganos electorales o de transparencia.
¿Y el derecho a la educación?
El derecho a la educación está garantizado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es un artificio, sino una realidad. El Estado debe procurar a la sociedad los instrumentos necesarios para que niños y jóvenes puedan recibir instrucción pública y forjar las generaciones del futuro. Sin embargo, ya es común que con la bandera del derecho de huelga o de supuestas conquistas laborales, maestros, trabajadores o empleados sindicalizados, cierren las puertas de los centros educativos, sin reparar en el daño a la comunidad estudiantil. El ejemplo lo tenemos hoy mismo en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), paralizada durante mes y medio, en virtud de la cerrazón y rapacidad de los dirigentes, que buscan a toda costa beneficios pecuniarios.
Por fortuna, el magisterio afiliado al llamado Cártel 22, se ha mantenido en forma ecuánime durante los últimos tiempos. Eso, claro, no es definitivo.
Vendrán días en que suspendan clases y cierren escuelas, por supuestas demandas laborales. Hay que recordar que se han dado tantas movilizaciones que, si se juntaran los días no laborados, dicen algunos estudios, serían ciclos completos los que estarían perdidos. Sólo en 2006, por ejemplo, se suspendieron labores durante meses, teniendo como telón de fondo la violencia y el rezago educativo, que el mismo magisterio jamás ha reconocido, empeñado en culpar de todo al gobierno. Cuando se dijo que habría el propósito de reponer clases para compensar el tiempo perdido, los democráticos mentores simplemente se encogieron de hombros. Pusieron por encima del derecho a la educación de más de un millón de educandos del sistema oficial, sus afanes de una cuestionada lucha social.
Sin duda no será tarea fácil revertir este tipo de acciones. Pero en algo se puede contribuir a crear consciencia respecto a los daños colaterales que se generan al proceso enseñanza-aprendizaje, asumiendo posturas torpes y cerradas, de parte de quienes dirigen dichos gremios. Ya es tiempo de que las autoridades asuman una postura más enérgica. No es posible que, por motivos insignificantes o nimios, se afecte a la comunidad estudiantil y se coarte a niños (as) y jóvenes, la posibilidad de la superación. El Estado cuenta con los elementos necesarios para acotar o cuestionar posturas cerradas o necias, utilizadas para afectar a terceros y, sobre todo, que pongan en entredicho el derecho a la educación.
