Entre las líneas que perfiló el presidente de México en su discurso vespertino del primero de diciembre, hubo un capítulo importante que vale la pena destacar: el fin de la impunidad y el restablecimiento del Estado de Derecho. Nadie, por los motivos que tenga, puede cerrar calles o carreteras e impedir el libre tránsito. Se combatirá de manera frontal la corrupción, los “moches” operados desde el Poder Legislativo, el robo de combustible y el tráfico de armas. Para los mexicanos, algunos regímenes anteriores, permitieron que se pervirtiera el Estado de Derecho y la paz social, otorgando impunidad a través de prácticas corruptas a los grupos criminales. Son éstos los que siguen salpicando de sangre las calles del país y de Oaxaca. Un cáncer social, sin duda alguna, han sido asimismo los bloqueos carreteros, convertidos en prácticas habituales de maestros, sindicatos, normalistas y grupos de toda laya. Aunque no lo mencionó, también deben ponerse en este paquete de prácticas impunes, la toma de casetas de cobro para extorsionar a los automovilistas y transportistas, a quienes se les exige una cuota obligatoria para dejarlos transitar, dinero que se va a la bolsa de los extorsionadores.
La lectura para los oaxaqueños es indiscutible. Y es que no es un secreto que vivimos permanentemente secuestrados por bloqueos en vialidades citadinas. Justamente la semana anterior, maestros del nivel de secundarias generales y comuneros de Tilzapote, municipio de Santa María Tonameca, hicieron pasar tragos amargos a los citadinos. Los primeros, cerrando la Terminal de Autobuses de Primera Clase y los segundos, el crucero de “Cinco Señores”. Y dichas acciones se hacen con una impunidad insultante, justamente porque quienes los promueven, jamás reciben castigo a sus actos. Eso simplemente debe terminar. Si en verdad el presidente López Obrador quiere terminar con esta situación, debe proceder cuanto antes a enviar las iniciativas de ley correspondientes al Poder Legislativo, a fin de evitar que los huecos legales sean aprovechados por los grupos que dicen defender los derechos humanos, que validan este tipo de prácticas de secuestro colectivo que son los bloqueos a carreteras, oficinas y vialidades. Acabar con los bloqueos, sin duda alguna, abrirán una posibilidad mayor de desarrollo. Ya basta de estas acciones de chantaje.
Urgen iniciativas
Los buenos propósitos del presidente López Obrador deben tener como corolario su cristalización en iniciativas que puedan ser valoradas por la Cámara de Diputados y Senadores, para su conversión en leyes. Hay que pasar pues del discurso y las buenas intenciones a leyes estrictas en su cumplimiento. Nadie debe estar por encima de la norma por las razones o justificaciones que quiera. Así como habrá toda una verdadera cruzada en contra de la corrupción, debe también haberla en contra de la impunidad. Los criminales deben ser juzgados no amnistiados; aquellos que impartan mal la justicia deben ser asimismo, castigados con todo el peso de la ley. No más corrupción para desviar la acción de la justicia. Sin embargo, como decimos antes, ello no será posible hasta en tanto no se modifiquen normas y reglamentos que tienen que ver con la supuesta protección a los derechos humanos. En opinión de algunos expertos, desde que este país tuvo como eje de la acción justiciera la vigencia de las garantías individuales, México se volvió paraíso de la impunidad. No se trata de retroceder en ese ámbito, simplemente que ello no sea obstáculo para castigar con medidas punitivas, a quienes transgreden la ley.
Esta situación de impunidad, validada por las comisiones o grupos de derechos humanos, ha permitido que los delincuentes sigan libres y continúen cometiendo delitos graves. Eso mismo ha permitido que grupos u organizaciones sociales se sigan ensañando en contra de la ciudadanía inerme, bloqueando terminales de autobuses, cerrando carreteras o secuestrando empleados en las oficinas públicas, y más aún en nuestro medio, en donde tal parece que nadie quiere quedarse con el Sambenito de represor que se le acuñó al ex gobernador Ulises Ruiz. Cuando se esté afectando a terceros de manera impune, así lo perfiló el presidente de México en su discurso de toma de posesión, hay que aplicar la ley. Esto es, vale la pena el desalojo, porque dichas prácticas afectan a terceros que tienen derecho a vivir en paz. Lo que hemos visto hasta hoy, México requiere con urgencia de medidas legales, posterior a su aprobación por el Poder Legislativo, para mantener firme el espíritu de la ley y el orden. Que no se diga que en toda acción de justicia, deba ser siempre bajo la vigilancia de los derechos humanos. Es esta política la que ha convertido al país en una tierra de nadie. Hay que ver hoy mismo lo que ocurre en Guerrero, Tamaulipas o Michoacán. Y también aquí en Oaxaca.
