En los últimos meses, México ha registrado un preocupante repunte de casos de sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que se creía casi erradicada en el país. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta febrero de 2025 se han confirmado varios casos en diferentes estados, lo que ha encendido las alertas epidemiológicas y ha llevado a las autoridades a reforzar las campañas de vacunación.
El sarampión es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de gotas respiratorias al toser o estornudar. Se caracteriza por fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y una erupción cutánea rojiza que se extiende por todo el cuerpo. Aunque en la mayoría de los casos se resuelve sin complicaciones, puede derivar en neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños menores de cinco años y en personas con sistemas inmunológicos debilitados.
México logró eliminar la transmisión endémica del sarampión en 1996 gracias a intensas campañas de vacunación. Sin embargo, en los últimos años, el país ha experimentado una baja en la cobertura de vacunación infantil, lo que ha dejado a una parte de la población vulnerable al virus. La pandemia de Covid-19 también tuvo un impacto negativo en los programas de inmunización, ya que muchas familias postergaron las vacunas de sus hijos por temor a acudir a los centros de salud.
El brote actual ha sido atribuido en gran parte a la importación del virus desde otros países donde el sarampión sigue circulando, combinado con la disminución de la cobertura de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. Según datos oficiales, los casos detectados se concentran en grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde hay una mayor movilidad y contacto entre personas. Además, los expertos advierten que los movimientos antivacunas han influido en el resurgimiento de enfermedades prevenibles.
Carestía desbordada
El impacto de la carestía desbordada no solo es económico, sino también social y psicológico. La incertidumbre financiera ha generado estrés, ansiedad y desconfianza en las instituciones. El descontento social ha derivado en protestas y movilizaciones que exigen cambios estructurales en las políticas económicas.
Superar esta crisis requiere soluciones integrales que promuevan la producción sostenible, el acceso equitativo a los recursos y la estabilidad financiera. La cooperación entre gobiernos, empresas y ciudadanos es clave para mitigar los efectos de la carestía y construir un futuro más justo y próspero para todos.
El aumento constante en los precios de bienes y servicios ha generado un impacto significativo en la calidad de vida de las familias, especialmente en aquellas con menos recursos. Factores como la inflación, la escasez de materias primas y las crisis geopolíticas han contribuido a un panorama de incertidumbre financiera que desafía la estabilidad social.
La inflación, uno de los principales motores de la carestía, ha alcanzado niveles históricos en muchas economías. El encarecimiento de productos básicos como los alimentos, la energía y la vivienda ha obligado a las personas a reajustar sus presupuestos y reducir su consumo. En algunos casos, familias enteras han debido prescindir de necesidades fundamentales, generando un aumento en la pobreza y la desigualdad.
A medida que los costos de vida se disparan, los salarios y beneficios laborales no logran mantenerse al mismo ritmo, provocando una sensación de frustración e impotencia en la población. Otro factor clave en esta crisis es la escasez de materias primas y productos esenciales. Las interrupciones en las cadenas de suministro globales, causadas por conflictos internacionales, desastres naturales y la pandemia reciente, han limitado la producción y distribución de bienes.
Esto no solo ha encarecido los productos, sino que también ha reducido su disponibilidad en los mercados. La carestía de ciertos alimentos y medicamentos ha llevado a compras de pánico, especulación y desabastecimiento, agravando aún más la crisis.
