• Atiendan a la S-22
• Crisis en Montepío
Considerada una de “las peores herencias de los gobiernos del pasado”, la inseguridad y la violencia reclama de acciones firmes y contundentes que le devuelva a la ciudadanía seguridad física y patrimonial. El relanzamiento de la estrategia de seguridad para 25 municipios donde se registra 80% de los delitos, pretende recuperar la convivencia armónica perdida desde hace mucho y acentuado con la descomposición institucional y el deterioro de la vida pública, en los que la corrupción y la impunidad se impusieron.
A la luz de las cifras se impone actuar sin mayor dilación ni negligencia: en 2020, 20.5% de los hogares oaxaqueños tuvieron al menos una víctima de delito, con 22,060 delitos cometidos por cada 100 mil habitantes. Hoy el reto es construir un nuevo pacto social para la convivencia pacífica y segura en todas las comunidades. Junto con ello, proteger los derechos de los habitantes, disminuir la incidencia delictiva a través de la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo la confianza y percepción de la ciudadanía sobre las instituciones de seguridad.
La estrategia que ha puesto en marcha la administración estatal se centrará en atender el problema de manera integral y resolverlo de fondo a través del respeto y promoción de los derechos humanos, combate a la corrupción y perspectiva de género. Así como interculturalidad, intersectorialidad y el interés superior de la niñez.
Van por 25 municipios identificados con mayor incidencia delictiva en Valles Centrales, Cuenca del Papaloapan, Mixteca, Istmo y Costa. Su éxito o fracaso se reflejará en el día a día.
… A VUELO DE PÁJARO
Ya se tienen identificados a los grupos que se encuentran tomando la caseta de peaje de San Pablo Huitzo y que serán denunciados, muchos de ellos se hacen pasar por comuneros de distintos municipios, pero son parte de grupos de delincuentes que han encontrado en la presión y el chantaje la mejor forma de allegarse recursos. Según han explicado las propias autoridades, la toma de la Caseta de Peaje contempla de siete a nueve años de prisión, ahora los oaxaqueños esperan que se haga efectiva la advertencia para evitar que la impunidad siga campeando como ha sucedido. Los que insisten en ignorar tal decisión son estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe de Tlacolula, que ayer volvieron a las andadas.
Magisterio
En aras de resolver todos y cada uno de sus planteamientos, el gobernador Salomón Jara Cruz y la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, se reunieron con integrantes de la Comisión Política de la Sección 22 de la CNTE. Todo hace indicar que se atenderán todas las exigencias, entre ellas, que las cuentas del exdirigente Rubén Núñez Ginez sean liberadas y entregadas a su familia tras siete años de que congelaran todas ellas debido a una investigación en su contra, así como el pago a los becarios del nivel de los pueblos originarios, y la asignación de claves iniciales para la certeza y estabilidad laboral. Respeto a la convocatoria para la contratación de normalistas y la vigencia del mismo para la contratación de la generación 2023.
Exigen salida
Trabajadores del Monte de Piedad decidieron suspender labores para exigir la renuncia de su director Omar Julián Julián, a quien acusan de presunta corrupción, prepotencia e ineficiencia, de haber otorgado a diestra y siniestra contratos de personal, donaciones, compras innecesarias de mobiliario y acoso laboral y sexual contra Magda Liliana Altamirano Calderón, quien era gerente de una sucursal a quien despidió injustificadamente por denunciar actos de presunta corrupción en la institución. Los empleados de las 22 sucursales del Monte de Piedad en la entidad dejaron de laborar con lo cual afectaron a quienes acuden cotidianamente a solicitar sus servicios. Se impone una investigación a fondo para deslindar responsabilidades, pues también reclaman la salida de su secretario, Idelfonso Merino.
Corrupción
La corrupción se ha enquistado en nuestro sistema político y en su atención no tiene cabida la simulación, pues el informe de Transparencia Internacional, así como de instituciones como la Secretaría de la Función Pública, señalan que la corrupción impacta entre 5 y 10% del PIB. A partir de esta premisa el Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla advirtió que socava la confianza de la sociedad en las instituciones, provocando un círculo vicioso que fomenta este tipo de prácticas.
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Volveremos.
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