Por Ernesto Hernández Norzagaray
Si el INE acaba de demostrar que pudo sacar adelante las “elecciones más grandes de la historia” con una conflictividad poselectoral que corresponde más a la inoperancia de las autoridades judiciales que a las electorales -recordemos que asesinaron más de cien funcionarios, políticos, candidatos y en regiones enteras, operó impunemente el crimen organizado, poniendo y quitando candidatos-, entonces, el problema, no está ahí, está en otro lado.
Y más que hablar de reforma electoral, obliga hablar de efectividad a la hora de garantizar los derechos políticos de votar y ser votado, de la falta de resultados entre las fuerzas de seguridad del Estado mexicano que evidentemente en muchas regiones, al menos, en las elecciones recientes, fueron un simple florero que sólo vio pasar los acontecimientos porque no previnieron, no persiguieron, ni castigaron los delitos electorales.
Entonces, a qué se refiere el Presidente o Mario Delgado, cuando hablan de la urgencia de una reforma electoral, se trata sólo de ¿echar a patadas la calle a Lorenzo Córdova, a Ciro Murayama y a los otros nueve consejeros? ¿Esa es la solución a los problemas que enfrenta ya no digamos el INE sino, usted y yo, cualquiefelecr ciudadano?, a la hora de querer ser candidato o, simplemente, votar, por el partido o coalición de preferencia.
Porque eso, es lo que parece trasminar las declaraciones desde Palacio Nacional y la dirigencia de Morena, no hablan de lo que sucedió en regiones enteras, incluso, el Presidente lo reconoció, pero como hechos aislados, irrelevantes, que no ponen en duda la calidad de la elección.
Y si es esa visión, la que domina el imaginario del poder, nos quedamos sólo con la idea de que los problemas electorales son los funcionarios del INE que deben irse para que tengamos una autoridad que no “permita” fraudes electorales.
¿Y lo otro?
Lo que tiene que ver con aquellos candidatos que fueron conminados a no postularse y llegaron a ser amenazados y golpeados; a los cientos de operadores políticos que secuestraron el día previo a la jornada electoral para que no pudieran realizar su trabajo político, los funcionarios de casilla a los que les arrancaron las urnas de las manos y las decenas de miles de ciudadanos que se sintieron intimidados y prefirieron no salir a votar para garantizarse su propia seguridad y, peor, las decenas de funcionarios, dirigentes y candidatos que fueron asesinados durante el periodo del proceso electoral.
De eso ya nadie habla, salvo algún analista o reportero, interesado en estos temas, pero es evidente que no es tema en los partidos políticos, ni en los institutos y fiscalías electorales que ya bajaron la cortina; ni en la Presidencia de la República, ni en el Poder Judicial o el Poder legislativo; no hay materia, pero eso sí, de que urge la reforma electoral, urge, es prioritaria, hay “muchos” corruptos en sus nóminas y es necesario echarlos a patadas para bien de nuestra democracia esa que acaba de ser vapuleada nuevamente por el crimen organizado.
Y es que mire estimado lector, los actores extra electorales, cada vez más hacen mayor acto de presencia en los comicios. ¿Lo dejamos así? Normalizándose. El Presidente minimiza. El INE y los IEE vuelven la vista hacia otro lado. Los partidos se lamen las heridas y hasta los beneficiarios honestos, están aterrorizados, por lo que significa, haber dependido con o sin consentimiento, de esas fuerzas oscuras para obtener triunfos.
Se que se dirá, espera Ernesto, eso es importante, pero, también, buscar la fórmula de cómo abaratar los costos de las elecciones. Cuánto costó a los contribuyentes elegir los miles de cargos públicos que estuvieron de disputa. Sólo los 500 diputados federales costaron al erario alrededor de 19 mil millones de pesos. Si. Algo así como 40 millones de pesos cada uno de ellos y entre ellos, seguramente, hay mucho impresentable que podría llegar a ser parte del lobby criminal de traje y corbata.
Y eso no puede ser en un país, donde como lo acaba de decir Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda, “falta dinero público”. Sé que podría venir la reforma con una reducción de los diputados pluris, incluso, en un descuido llamar a desaparecer el sistema de RP para dejarlo a sólo de mayoría. Que lo veo difícil, imposible, porque nunca las minorías lo aceptarían ya que significaría un acta de defunción.
Pero, hay prisa en Palacio Nacional, para hacer una reingeniería electoral, “limpiar esa cueva de Ali Baba y sus 40 ladrones”. Y vuelvo a preguntarme en mi foro interno, ¿cuál es la reforma que México necesita?, a caso, ¿cambiar la fórmula de asignación para seguir igual siguiendo el librito de Lampedusa o aquellas que se requieren para la conservación del poder? No olvidemos el principio jurídico de “quién hace la ley, hace la trampa”.
Y mientras la madeja se desentraña para tener la ley que “urge”, el Presidente sigue abriendo frentes de batalla, está semana se lanzó contra un Poder Judicial “podrido”, intervenido por los poderes fácticos, esos que AMLO ofreció ir contra ellos, pero, que como bien lo dice Alejandro Páez, “causas nobles” llevan al Presidente a compartir foto con los Slim, los Azcárraga, etc., la quintaesencia de los poderes fácticos y esos mensajes cruzados, confunden y molestan por su incongruencia entre el decir y el hacer.
Sin embargo, lo cierto es que al Presidente López Obrador se le está consumiendo rápidamente el combustible y cada vez, tiene menos hechos y más palabras. Más mañanera y menos realidades. Ya está en la segunda fase de su Gobierno con funcionarios que están haciendo futurismo político con pisotones bajo la mesa.
