La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca para verificar y supervisar las tareas de reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec mostró algo que siempre hemos sostenido en este espacio editorial: la atención a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017, es aún una tarea pendiente. Es decir, poco se sabe de los recursos que, en su momento, fueron canalizados para dicha tarea en el gobierno de Enrique Peña Nieto ni, el resultado del desfile de secretarios y directores generales en la zona siniestrada, que durante meses estuvieron –según ellos- supervisando la rehabilitación de viviendas, escuelas, edificios públicos y demás, que resultaron afectados tanto por el sismo de 8.1 grados del día 7 como el de poco más de 7 grados, del 23 de septiembre.
En efecto, las tareas estuvieron plagadas de claroscuros y presuntamente de operaciones de corrupción. El levantamiento del censo de afectados no convenció a muchos, dado que, según quejas, fue parcial y no contempló a todas las comunidades afectadas. Por otro lado, se supo que cientos de tarjetas distribuidas por el gobierno federal para que cada familia reconstruyera su vivienda, no tenía fondos. Es decir, antes de que fueran entregadas a los presuntos beneficiarios había sido vaciadas. Jamás se fincaron responsabilidades a aquellos que, en aquel momento, laboraban en Banco de Servicios Financieros (Bansefi). Hubo acciones en verdad bochornosas como aquella mujer de la tercera edad que recibió del entonces presidente de México la primera tarjeta, la cual, al acudir al banco para retirar los recursos, estaba en ceros.
A ello hay que agregar algunas irregularidades más, en la que tuvieron que ver algunas empresas que defraudaron a los damnificados, que recibieron el dinero y jamás concluyeron su trabajo. Poco se sabe también de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que fueron canalizados para las tareas de reconstrucción. Es cierto, los daños fueron graves. Se contabilizaron miles de viviendas afectadas, con igual número de familias que después tuvieron que resentir las inclemencias de las intensas lluvias. En pues preocupante que, a más de tres años de ese brutal siniestro, aún la reconstrucción de edificios, iglesias, escuelas y viviendas, entre otros, sea una tarea pendiente e inconclusa.
Una respuesta contundente
Nuestra Alma Mater, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), ha estado en las dos o tres últimas semanas en el ojo del huracán mediático. La elección de rector, que se ha diferido desde mediados del mes de mayo, justamente por la contingencia sanitaria que hemos vivido, generó la prolongación atípica de la gestión del actual rector, Eduardo Bautista Martínez. Esta situación, validada por el órgano máximo de la institución, el Consejo Universitario y aún por los grupos de poder y sindicales que han mantenido a la UABJO en uno de los últimos lugares a nivel nacional, en aprovechamiento académico e investigación, trastocó el calendario para el relevo del rector, dando lugar a una lucha interna y la posible imposición de un candidato externo, sin arraigo docente, que se manejó como intromisión gubernamental.
Medios y comunicadores se dieron vuelo para validar dicha imposición, descalificar a dirigentes sindicales y caciques universitarios, además de abanderar lo que, se suponía, era el candidato del gobierno del estado, en una verdadera campaña mediática que ocasionó molestias en la estructura gubernamental. De manera contundente, en entrevista, el gobernador Alejandro Murat salió al paso de dichos rumores al afirmar que siendo él egresado de una escuela pública, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es y será respetuoso de la autonomía de las instituciones académicas como la UABJO, dejando en claro que será la propia comunidad universitaria quien decida elegir a sus autoridades. Ipso facto, jilguerillos y vocingleros oficiosos guardaron silencio.
El pasado fin de semana trascendió que, en la Cámara de Diputados federal, habían recibido los expedientes de lo que se presumen malos manejos de ésta y la anterior administración. Se habla de desvíos millonarios y de cuentas fraudulentas, entre muchas irregularidades. Poco se dice de la escasez de recursos para el pago de las constantes exigencias de los seis sindicatos que materialmente ahogan a la institución o de los cacicazgos y los vicios, como el porrismo sindical y los cotos familiares. La andanada mediática se estampó con una realidad diferente a la que publicitaba: el gobierno estatal se ha deslindado de cualquier injerencia en los asuntos universitarios y en el respeto total a la autonomía. Esperamos pues que sea la propia comunidad universitaria la que, con civilidad y tolerancia, promueva y decida quién será el próximo rector.
