Las condiciones de precariedad de la población indígena se han mantenido superiores a los de la población no indígena a través del tiempo, ya que las políticas públicas no han conseguido disminuir las brechas históricas entre ambas poblaciones. La esperanza de vida en los municipios indígenas en comparación con los no indígenas es cuatro años menor, 64 años y 68 años respectivamente.
La tasa de mortalidad infantil es significativamente mayor también en los municipios indígenas que en los no indígenas con 41 defunciones de menores de un año por cada mil nacimientos, en comparación con 24 nacimientos por cada mil de los no indígenas.
De ahí el gran reto que enfrentan las autoridades estatales y federales para transformar las actuales condiciones de marginación de los más de un millón 719 mil indígenas en Oaxaca en términos de infraestructura, salud y educación. A todos ellos agobia la desigualdad basada en la discriminación cultural, lingüística, étnica, de género, de orientación sexual, de personas con capacidades diferentes y discriminación, con base en religión y en creencias.
Con un bagaje cultural, alimentario e idiomático diferente, cuando familias y grupos reducidos de personas indígenas se trasladan a comunidades de culturas ajenas, la inclusión social puede ser complicada. El acceso de la población indígena a la educación es limitado, por la convergencia de factores culturales, pautas de organización regional y procesos históricos que imprimen desigualdades y diferencias en la asistencia a la escuela de niñas y niños.
Si hay un grupo de población que carece de acceso a servicios educativos de calidad es el de los pueblos indígenas, ésta se ve afectada en mayor medida en sus derechos educativos que la no indígena. Por eso el reto de brindar acceso a la educación es limitado, desterrar la convergencia de factores culturales, pautas de organización regional y procesos históricos que imprimen desigualdades y diferencias en la asistencia a la escuela de niñas y niños.
Paz y seguridad
Desde hace tiempo se ha advertido que se desarrolla un proceso de desdibujamiento de las fronteras entre los grupos de poder fáctico, autoridades de los tres niveles de gobierno y sectores de la economía legal e ilegal. La descomposición del Estado y de sus instituciones, en especial de seguridad y procuración de justicia, son producto de un largo proceso histórico de fricciones entre grupos de poder y de la informalidad de poderes fácticos y criminales.
Ante la violencia y la fragilidad de las instituciones que permiten la continuidad de la violencia, es urgente encontrar alternativas para construir seguridad. Realizar acciones comunitarias para impulsar procesos de recomposición del tejido social y de la seguridad ciudadana y propiciar un diálogo con actores locales para abonar a la paz.
Debido a la descomposición que se registra en otras entidades del país, la demanda constante y permanente por la seguridad de la ciudadanía y a batir las altas cuotas de impunidad en los crímenes de alto impacto, como los feminicidios, se insiste en una mayor corresponsabilidad desde el nivel federal.
Es indudable que se debe convocar a la ciudadanía que se siente ajena; a la sociedad civil organizada exigir, denunciar, documentar y construir alternativas para la construcción de la paz. Y junto con ello establecer un diálogo y todo lo que está al alcance para lograr condiciones de justicia, dignidad y paz en Oaxaca como se ha reclamado desde hace mucho.
Recuperar la seguridad en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos es prioridad que demanda atención urgente y que la atención a los problemas de inseguridad sea integral y basarse en una lógica más preventiva que reactiva.
La seguridad sigue siendo una de las principales demandas del sector de la sociedad en general. Los resultados en materia de seguridad no han sido exitosos y es urgente que se replantee la estrategia actual.
