Tan pronto se conoció la pretensión de los empresarios del transporte urbano de elevar de 7 a 10 pesos el pasaje, representantes de diversos sectores de la sociedad alzaron la voz, no sólo por el despropósito de aumentar 3 pesos la tarifa de un transporte deficiente sino porque desde hace mucho se ha incumplido el compromiso de mejorar las unidades, reordenar las rutas y contar con conductores serios y responsables que no pongan en riesgo la vida de los usuarios.
Las empresas Chóferes del Sur, Urbanos de Oaxaca, Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao (Tusug), así como Servicio Exprés Antequera Sertexa, han encontrado desde hace mucho la forma de evadir esas responsabilidades y lejos de sacar de circulación los camiones en mal estado siguen circulando por las calles de la ciudad.
El compromiso de regular, configurar y modernizar el servicio, luego de que se autorizó un incremento de un peso a la tarifa del transporte público y urbano de la ciudad hace algunos años, nunca se cumplió. De las seis mil unidades del transporte público que circulaban en la capital del estado, 25 por ciento se encontraba en mal estado y 45 unidades ya no debían brindar el servicio por encontrarse en pésimo estado físico.
Un compromiso signado entre los concesionarios del transporte y la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), fue desconcentrar rutas y diversificar puntos de entrada a la ciudad para evitar saturación en algunas zonas como el norte del municipio, la central de abasto o el centro histórico. Redefinir paradas de rutas de transporte, establecer intervalos más amplios para reducir tiempos de traslado.
En el caso de los operadores y choferes, estos deberían sujetarse a un esquema de medicina del transporte, portar uniformes y someterse a exámenes toxicológicos para evitar que sean consumidores de alguna droga, ya sea marihuana, cocaína o alcohol.
Ante ese incumplimiento, hoy el transporte público es ineficiente e inseguro. Nueve de cada diez usuarios así lo percibe y el cien por ciento tiene algo que contar, ya sea porque le pasó o porque lo vio. Asaltos, robos y accidentes son el pan de cada día. El problema se agrava y los empresarios no cejan en su empeño de aumentar la tarifa, pues no hay una alternativa viable para millones de personas que se movilizan diariamente.
Desarrollo urbano
A pesar de que Oaxaca tiene una superficie total de 9.5 millones de hectáreas, poco más de 75 por ciento son propiedad social, es decir, pertenecen a comunidades, ejidos y colonias agrícolas. Aunado a ello, la marginación es un elemento que influye significativamente en el tema de vivienda, pues deriva de la combinación de una enorme dispersión poblacional en una superficie que es en 70 por ciento montañosa, lo cual implica gran dificultad para hacer llegar la infraestructura social y productiva a las localidades, así como el encarecimiento de los bienes y servicios.
En nuestra capital como en las principales ciudades del estado, los asentamientos espontáneos, marginales, descontrolados o informales son formas de hábitats precarios establecidos en su mayoría en zonas urbanas. Estos asentamientos son creados por un sector de la población sin los permisos de los organismos competentes, con un reducido ingreso económico, que al construir de forma ilegal fomentan la exclusión, por ser zonas sin dotación de servicios básicos, carentes de planificación.
Tal es la trascendencia de consolidar la planeación del crecimiento urbano de las ciudades medias del estado, detener el crecimiento desordenado a través de instrumentos que permitan establecer los usos y destinos de suelo, así como establecer las zonas de crecimiento habitacional, son prioridades que no se han logrado atender. Actualmente la zona metropolitana de Oaxaca y las 15 ciudades con un mayor número de habitantes a 15 mil no cuentan con Planes de Desarrollo Urbano vigentes, pues los realizados en su gran mayoría en la década de los noventa han quedado obsoletos y rebasados por el tiempo transcurrido y el crecimiento poblacional.
Ante esa situación es necesaria la intervención y la participación coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales para alcanzar el desarrollo urbano, la adquisición de reservas territoriales y el aprovechamiento del suelo interurbano.
Además de lograr el ordenamiento territorial y ecológico, la identificación de riesgos y el financiamiento para la vivienda, ya que actualmente los municipios no cuentan con la visión y los recursos para poder invertir en la planeación del crecimiento de sus ciudades. Es indudable que ordenar el crecimiento de asentamientos humanos, dotarlos de equipamiento urbano, infraestructura y servicios necesarios para propiciar su desarrollo es una tarea de todos quienes están inmersos en el tema.
