El jueves de la semana pasada, algunos medios de comunicación se dieron vuelo con la noticia de que un juez federal habría librado órdenes de aprehensión en contra de dos ex funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz (2004-2010), además comandantes y ex comandantes de la desaparecida Policía Ministerial del Estado (PME) hoy, Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Entre rumores y verdades a medias, además de un gran hermetismo, se supo que todo ello deriva de la reapertura de la investigación sobre la desaparición de dos personas: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros de la cúpula del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Ambos habrían sido detenidos por elementos policiales –o castrenses- a fines de mayo de 2007, es decir, hace trece años, situación de la que, en su momento, tanto los rescoldos de la tristemente Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), como de la Sección 22, señalaban a otros personajes, como los presuntos autores materiales.
Hay que recordar que, gracias a la movilización de familiares y algunas acciones de dicho grupo en la clandestinidad, se logró la creación de una Comisión ex profeso para investigar el paradero de ambos desaparecidos. Durante los últimos años del gobierno de Ruiz y Ortiz y aún en la administración de Gabino Cué (2010-2016), se sabe que la búsqueda de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, fueron infructuosas. La familia de ambos tocó puertas, incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), emitió recomendaciones al gobierno mexicano, sin que a la fecha se sepa de una búsqueda exitosa. Es importante subrayar que, al menos uno de ellos fue ubicado durante las movilizaciones del 2006, cuando los oaxaqueños vivimos un infierno de anarquía, violencia e ingobernabilidad.
Muchas versiones se tejieron en torno a la desaparición de los citados personajes. Las presiones fueron también muchas. Más que de otras personas, sin duda por su vinculación con uno de los grupos armados que, aunque de membrete, aún existen en el país. Con certeza, la aprehensión de ex funcionarios y ex comandantes, podrá dar luz a dicho ilícito que, por supuesto, no es único en el país. Hay miles de desaparecidos sin que se sepa nada de ellos. Mientras tanto, el gobierno federal sigue desenterrando ilícitos, no con el afán de esclarecerlos, sino más bien como móvil de una venganza enfermiza que en nada contribuye a la buena marcha del país en estos momentos de crisis sanitaria.
Apoyo comunitario
Desde el fin de semana pasado, con la aprobación de la mayoría de concejales del Cabildo Municipal de la capital oaxaqueña, se acordó poner en marcha la segunda fase de un programa de apoyo comunitario para paliar la difícil situación por la que atraviesan ciudadanos oaxaqueños que, en virtud de la contingencia sanitaria por el Covid-19, perdieron sus fuentes de empleo y supervivencia. Ello implica un plan de apoyo económico, con cerca de 3 mil 700 pesos mensuales, a personas de determinada edad, menores de 60 años, que no padezcan males crónico-degenerativos y otros, en una especie de intercambio por el pago de servicios. Dicho programa, que es una especie de empleo temporal, hace uso de los recursos presupuestarios del ayuntamiento citadino para contribuir a la economía familiar en estos tiempos de crisis económica.
Para poder acceder a dicho programa de apoyos, las personas que sean seleccionadas tendrán que realizar actividades de servicios generales de mantenimiento de áreas públicas dentro de Oaxaca de Juárez, además de participar en brigadas de difusión de los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de la actividad comercial en el Municipio de Oaxaca de Juárez. En efecto, hay miles de capitalinos y capitalinas con la necesidad de ser apoyados de manera económica, por lo que el referido programa es una bocanada de aire fresco a una gran necesidad. Es importante subrayar que dicho plan de apoyo debe estar despojado de todo interés político-electoral, lo cual desestimaría su carácter de coadyuvar a paliar la urgencia de fuentes de empleo, en circunstancias tan desfavorables como las que hemos vivido los últimos cinco meses.
No hay que soslayar que crear fuentes de empleo, así sea temporales, constituyen un paliativo a la economía. No todos los ciudadanos disfrutan de las bondades de los programas asistenciales del gobierno federal que, a lo único que han contribuido es a crear una clase social ociosa e improductiva, excepción hecha del apoyo al campo, un sector muy olvidado en el pasado. Es importante subrayar que los programas de becas y de los llamados “jóvenes construyendo el futuro”, han sido objeto de críticas, habida cuenta de su carácter clientelar, que todos los mexicanos que pagamos impuestos hemos subvencionado. He ahí el por qué el programa de apoyo comunitario que mencionamos al principio, no debe ser ni parapeto partidista ni gancho electoral.
