La importancia de que en Oaxaca sea posible revertir la discriminación, la exclusión, la marginación y las injusticias que han vivido los pueblos indígenas, radica en su importancia de impulsar efectivamente el reconocimiento e implementación de sus derechos y promover su desarrollo de una manera integral y sustentable.
Se necesita consolidar y fortalecer las bases para enfrentar de manera integral la exclusión y marginación de los indígenas que han padecido desde hace muchos siglos. Crear las condiciones para que en los próximos años se vayan superando, ya que los pueblos indígenas son portadores de una gran diversidad étnica, cultural y lingüística, en cuyos territorios yace una invaluable riqueza de recursos naturales.
Las poblaciones indígenas en México tienen una clara desventaja para el acceso a derechos sociales y bienestar económico, como lo muestran cifras aportadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Las condiciones de precariedad de la población indígena se han mantenido superiores a los de la población no indígena a través del tiempo y las políticas públicas no han conseguido disminuir las brechas históricas entre ambas poblaciones.
Después de varios años postergada, hoy se abre la posibilidad de que la reforma indígena se convierta en realidad, que sea analizada y aprobada por los legisladores locales, con lo cual los anhelos por desterrar la exclusión y la marginación de todos ellos en el estado no sigan siendo una realidad.
Si bien se llegó a pensar que la reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca sería un gran avance para crear las condiciones básicas que permitan atender y resolver de fondo sus demandas, todo sigue igual, porque se han empeñado en postergar esta creciente demanda de las comunidades originarias. Al margen de que nuestros pueblos indígenas enfrentan problemas de pobreza económica, marginación y exclusión social, las causas de esta problemática son múltiples e históricas.
Servicios de salud
Hoy se plantea que el próximo gobierno debe implementar una política de datos de salud que permita conocer la calidad de los servicios de salud, una reforma estructural al sector, sobre todo porque el envejecimiento demográfico en México y la desigualdad económica y social son los retos de mayor importancia en los que deben centrarse los esfuerzos de sanidad pública.
Con la estimación de que en 2050 habrá 49,4 millones de personas mayores de 70 años en el país y con una desigualdad cada vez mayor, el sistema público de salud debe empezar a trabajar en estas prioridades. El planteamiento es: o nos ponemos atención al tema demográfico y nos preparamos en materia de servicios de geriatría y gerontología o nos vamos a equivocar.
La edad promedio del mexicano se sitúa actualmente en 27 años, algo que no evita que vaya a sufrir incrementos significativos con el paso de los años, ya que es el destino demográfico de las sociedades.
Ante un escenario poco alentador, es urgente alcanzar un sistema fuerte de sanidad pública ya que en el país existen niveles de pobreza y de desigualdad que no aguantarán sin esos servicios. El reto es cerrar las brechas que señalan las diferencias entre los que tienen y los que carecen, de lo contrario se acentuarán los problemas.
En México el 33 por ciento de las y los niños, así como el 70 por ciento de las personas adultas, padecen sobrepeso y obesidad, principales factores de riesgo asociados a este padecimiento. En Oaxaca, la diabetes es la primera causa de muerte en adultos, después de las enfermedades cardiovasculares, derivadas de la hipertensión que son provocadas por la obesidad y el sobrepeso.
Pese al recurso millonario destinado para combatir la enfermedad, es insuficiente; en Oaxaca, los pacientes se quejan de la falta de una atención adecuada y escasez de insumos para atender, por ejemplo, a pacientes que requieren de diálisis o hemodiálisis, complicaciones derivadas de la diabetes.
