Los retos de Oaxaca se deben ver en un plazo mayor de 20 a 30 años, en proyectos transexenales de cuatro o seis sexenios, con continuidad para que el proceso de desarrollo tenga consistencia y no se trunque en los cambios de gobierno. Si bien hay gobiernos más eficientes que otros se debe buscar tener buenos resultados en un periodo prolongado, sin el ciclo sexenal en donde hay una baja en inversión cuando ya está por terminar el periodo gubernamental y se continúa en el primer año del sexenio siguiente.
El objetivo es tener un programa de gran visión hacia un futuro más prolongado, que haya continuidad, coordinación y cooperación transexenal, fijarnos en programas más productivos, de mayor plazo, de mayor envergadura, que generen empleos suficientes para la gran cantidad de familias oaxaqueñas, ya que una de las características de la pobreza en Oaxaca, es que los ingresos familiares son muy pequeños.
En nuestra realidad las empresas como las inversiones vendrán y se quedarán si hay estabilidad, seguridad jurídica, seguridad en la tenencia de la tierra, una estabilidad laboral, certeza en elementos de que existan bancos y que exista certeza jurídica en los contratos. Oaxaca necesita mucho capital, pero eso no quiere decir que vaya a llegar solo, el recurso vendrá si hay oportunidades de ganar, de generar riqueza y para eso, hay que generar las condiciones.
Nuestro estado necesita de un proyecto de largo plazo para que su desarrollo y crecimiento económico sea sostenido y no se trunque con los cambios de gobierno, no sólo de las administraciones locales también de los federales. Y como ejemplo se encuentran las carreteras a la Costa y al Istmo de Tehuantepec que están con trabajos a medias o con obras suspendidas que es necesario acelerar para su conclusión.
Alcanzar este gran proyecto se requiere de recursos, tiempo necesario, voluntad política de los involucrados y gubernamental que es muy importante, además de capacidad para organizar esa voluntad política y de dirigir esos recursos y esfuerzos.
Combatir la delincuencia
La violencia y delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, por el contrario, son situaciones complejas con múltiples causas, diversos factores de riesgo así como con diversas manifestaciones, lo que implica que no es posible enfrentarlos sólo controlando y sancionando el delito; también es necesario prevenirlos, es decir, abordar las causas sociales y los factores de riesgo que propician estas situaciones.
La inseguridad es actualmente una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y ha colocado en el ojo del huracán las medidas que el gobierno implementa para disminuirla. La ciudadanía, las organizaciones de la Sociedad Civil, los partidos políticos, la academia y la iniciativa privada exigen –con justa razón– acciones públicas eficaces; exigen que el gobierno dé cuenta de las medidas que se están llevando a cabo para garantizar la seguridad en nuestro país.
De ahí que la única forma de combatir con eficiencia, claridad y prontitud a la delincuencia es hacer de las competencias de cada área sus posibilidades de ayuda. Esa es la tarea central, fundamental de las fiscalías, encontrar caminos para tener conexiones, para compartir procedimientos, información, posibilidades, mecanismos y con ello, resultados. La seguridad de los oaxaqueños es un tema prioritario que demanda del trabajo arduo y constante para alcanzar buenos resultados.
El gran reto sigue siendo involucrar a la ciudadanía en estas tareas de combate a la delincuencia, pues sólo con la decidida participación y organización de los ciudadanos en coordinación con las autoridades se podrán combatir con eficiencia y eficacia los delitos y la inseguridad. Por ello, un primer paso debe ser recuperar los espacios públicos donde se reúnen los delincuentes para fraguar sus ilícitos, garantizar el alumbrado público que ayude a reducir el robo a casas-habitación, negocios, asaltos a personas, robos a vehículos y autopartes.
Especialistas en el tema advierten que el enfoque de prevención es absolutamente necesario en un país como México en el que la atención se ha centrado en el combate frontal de la delincuencia, lo que ha generado elevados costos sociales, como lo son el incremento del temor y la percepción de inseguridad de la ciudadanía, el encierro en el espacio privado de las viviendas, el abandono del espacio público y el incremento de las medidas de seguridad.
