Aunque ya hemos comentado del tema en este mismo espacio, volvemos sobre el camino andado. Uno de los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que representa no sólo para los istmeños sino para todo el Sur-Sureste del país, un viejo anhelo de desarrollo regional. En el caso de Oaxaca, dado que se trata de reactivar la ruta comercial que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos por vía férrea, para el transporte de contenedores, representa un eje de esperanza. La generación de empleos, la derrama para las poblaciones por donde pasarán los trenes, etc. Ha sido, históricamente, un viejo anhelo que si bien gobiernos anteriores han querido llevar a cabo, todo se ha ido en promesas y falsas expectativas. Ha tenido diversos nombres pero ninguno ha concretado el proyecto en sí. He ahí también el por que hay aún muchos escépticos.
Lo preocuopante han sido las columnas y artículos de periodistas de la capital del país, que han dado pelos y señales de la intromisión en dicho proyecto, de grupos criminales, concretamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa. Dichos grupos delictivos han creado ya un ambiente de tensión y terror, como es su misma naturaleza, particularmente apropiándose de manera violenta de bancos de grava y arena, la cual venden al precio más alto. Para ello, tienen como cómplices a sindicatos de transporte como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), conocida ya en la entidad por su perfil criminal. Esta situación ha sido reconocida por el mismo presidente de México y se ha ventilado de manera oficial en boletines gubernamentales de parte del mismo organismo responsable del CIIT.
Sin embargo, ya lo sabemos, la política errática de “abrazos no balazos” ha permitido que, pese al reconocimiento oficial de la presencia de dichos grupos delictivos, éstos siguen campantes e impunes. Es decir, no hay mecanismos institucionales o de seguridad que eviten que esta situación vaya a descarrilar por completo el citado proyecto interoceánico, al dar ante los inversionistas una cara diferente. Se sabe cómo operan y la forma en la que se apropian o extorsionan a los empresarios del país o el extranjero. De no tomarse cartas en el asunto, esta situación que ya se ha ventilado en los medios de comunicación puede ser un inhibidor a todas las bondades que puede traer consigo el multicitado proyecto presidencial.
Desafío legislativo
Ningún legislador (a), acreditado en la LXV Legislatura Local, del partido o ideología que sea, estará convencido de que lo que hemos vivido los últimos días de diciembre y los primeros de enero en la capital oaxaqueña, no estimula en la entidad el crecimiento económico, la paz social y la gobernabilidad. Sólo los sectarios y torpes; obtusos y fanáticos, estarán de acuerdo a que la permanente agitación y los bloqueos carreteros y a vialidades es lo que necesitamos. Si en verdad representan –como se les llama- los intereses legítimos de la ciudadanía que les otorgó el voto, deben reaccionar ante una realidad que mantiene harta a la sociedad. En efecto, a fines de diciembre fueron las presiones de los sindicatos del ayuntamiento capitalino, cuyos miembros no recibieron de manera oportuna sus salarios y prestaciones de fin de año los que, en plena temporada vacacional, nos hicieron padecer un infierno, no sólo a los citadinos, sino también al turismo del país y el extranjero que ya abarrotaba la ciudad.
Desde el primer día laboral de enero, hemos padecido, de nueva cuenta, los atropellos de la llamada comunidad universitaria que, a través del chantaje y la manipulación exigen la libertad del ex rector, Eduardo Martínez Helmes, detenido el 31 de diciembre, como presunto responsable del delito equiparado a defraudación fiscal por al menos 51 millones de pesos. En Oaxaca, la ley ya no se puede aplicar, porque de inmediato surgen redentores que, a través de métodos infames como los bloqueos, tratan de doblegar a las autoridades. De lograrlo, como ha ocurrido en otras ocasiones, sentará un pésimo precedente para acciones futuras, en donde la ley se convierte sólo en un recurso y no en un instrumento del Estado de Derecho.
Desde hace tiempo, desde la sociedad civil se ha insistido en que los y las diputadas aprueben iniciativas o decretos para que en el corpus jurídico del estado se sancione a aquellos que bloqueen calles, cruceros y carreteras. Se entiende que no es tarea fácil. Algunos de nuestros flamantes representantes populares se han forjado en la cultura del chantaje. Oaxaca –y lo hemos dicho de manera insistente- jamás podrá salir de la marginación, de la pobreza y el rezago, en tanto siga permeando la cultura del chantaje y la impunidad. Ninguna causa justifica atentar en contra de la libre circulación. El hartazgo social al respecto es bastante justificado.
