La visita del presidente López Obrador a Oaxaca la semana pasada fue, asimismo, un festín de protestas. Una de ellas fue la de prestadores de servicios turísticos que, como hemos comentado en ocasiones anteriores, viven una situación precaria y difícil. Durante los más de cuatro meses en que se ha mantenido la emergencia sanitaria por la pandemia, muchos de ellos fueron lanzados a la calle. El sector turismo es uno de los más vulnerables a las medidas sanitarias de cierre de negocios, hoteles, restaurantes, playas y balnearios. No hay trabajo, no hay salarios, menos propinas. Un segundo grupo que pidió el auxilio presidencial, fue el de los locatarios que en una tarde/noche perdieron su patrimonio. Nos referimos a los afectados por el incendio de más de 100 locales en el Mercado de Abasto, el pasado 27 de mayo. Se trató de una tragedia de la que se sabe fue un accidente, pero no hay responsables.
Desde el día siguiente de este siniestro, el gobernador Alejandro Murat, acompañado del presidente municipal de la capital, Oswaldo García Jarquín se apersonaron en el lugar del siniestro para ofrecer todo el apoyo a los locatarios afectados. El ejecutivo estatal ofreció una rehabilitación del principal mercado popular de la capital, con un monto de 100 millones de pesos. Hasta el momento, según los hemos informado en nuestras páginas, sólo se ha avanzado en la limpieza de la zona siniestrada, sin proyecto ni planos ni mucho menos un plan de rescate de este centro comercial. Son pocos los que se acuerdan del ofrecimiento oficial, asumiendo que se les ha dejado solos. En el fondo no les hace falta razón. Los afectados quieren trabajar, ganarse el pan como lo han hecho durante décadas, pero no cuentan con los espacios necesarios. Perdieron todo por una lamentable reparación de un local, de donde surgió la chispa de soldadura que motivó este siniestro.
Una tercera protesta, justo en donde el presidente de México celebró su tradicional conferencia de prensa matutina, fue la de las víctimas de la comunidad de Huazantlán del Río, municipio de San Mateo del Mar, a poco más de un mes de que un grupo armado asesinara a 2 mujeres y 13 hombres, sin que a la fecha hayan tenido alguna respuesta de las autoridades que procuran e imparten justicia. No obstante, los señalamientos y la pruebas que han aportado a la Fiscalía General del Estado, es la fecha en que no se dan a conocer avances o pesquisas respecto a los responsables materiales e intelectuales de esta masacre. Pero hubo más protestas a lo largo de la gira presidencial.
Golpes al hampa
Sería injusto no reconocer la labor que ha desempeñado la Fiscalía General del Estado en contra de las bandas delictivas, grupos criminales y gente que ha caminado fuera de la ley. En los últimos días ha propinado fuertes golpes a las bandas que se han dedicado al robo de vehículos de carga, al llevar a cabo cateos y operativos que han puesto al descubierto unidades que fueron reportadas como perdidas en asaltos carreteros, desmanteladas en talleres mecánicos. Camiones de carga y tracto-camiones, además de camionetas que fueron sustraídas a sus legítimos propietarios pistola en mano, han sido encontradas convertidas en auto-partes, por parte de delincuentes que siguen operando en diversas regiones del estado sin que las autoridades les hayan puesto un alto, hasta los recientes cateos a diversos domicilios.
Desde hace meses, en estos segmentos editoriales abordamos el tema del robo de vehículos de carga que se habían convertido en la mina de oro de grupos delictivos. Mencionamos el caso de la ruta mixteca, sobre todo en el tramo de Tehuacán, Puebla a Huajuapan de León, en donde, pistola o fusil de asalto en mano, bandas de delincuentes despojan a operadores y propietarios de camiones de carga no sólo de dichas unidades sino de la mercancía que transportan. Según las denuncias, dichas bandas delictivas poseen equipos que inhiben las señales de GPS, por lo que muchas unidades equipadas para su localización, no pueden ser ubicadas. Además, operan como verdaderos grupos criminales que asesinan, torturan y secuestran a sus víctimas. Se han dado caso de operadores que son atados de pies y manos y abandonados en parajes solitarios. Este tipo de delitos ya se cometen en los Valles Centrales de Oaxaca, la Sierra y otras regiones.
El pasado miércoles 22 de julio, se dice que, como producto de los operativos y cateos que ha ejecutado la Fiscalía, cuatro personas fueron ejecutadas en la carretera 175, a la altura de Ocotlán de Morelos, en donde se ubica un taller mecánico utilizado para desmantelar los vehículos robados. Ello pone al descubierto que el delito de robo de unidades forma parte de un peligroso engranaje criminal. Lamentablemente, pese a la eficacia de los cateos realizados hasta el momento, no se han dado detenciones que permitan a las autoridades, desmantelar en efecto, dichas redes delictivas. Eso no obsta para reconocer que se han dado pasos importantes para ello y que, al menos, servirá como inhibidor a dichas bandas dedicadas a este infame ilícito.
