En las últimas semanas los incendios forestales registrados en los Chimalapas han arrasado con más de 16 mil hectáreas de bosques, lo que coloca en grave riesgo a más de 10 especies de fauna silvestre con la consecuente alteración del medio ambiente ya que los territorios podrían tardar entre 100 y 200 años en recuperarse.
Considerado uno de los principales pulmones verdes de México, la selva de los Chimalapas, ubicada en el centro del Istmo, se encuentra amenazada por las conflagraciones pero también por otros proyectos, como la minería.
Este hábitat con varias especies en peligro de extinción tiene una extensión de 595 mil hectáreas, asentadas en los municipios indígenas de Santa María Chimalapas y San Miguel Chimalapas, tiene dos concesiones mineras de explotación de oro, plata y cobre que suman cerca de 7 mil hectáreas. Pero el peligro más grande para los comuneros y habitantes de la región son cuatro mega concesiones que se encuentran en trámite ante la Secretaría de Economía a pesar de que el actual gobierno federal anunció que no se entregarían en este sexenio.
Otro escenario que enfrenta la protagonizan ganaderos, talamontes y narcotraficantes que han invadido los territorios zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa y explotan sus recursos. Ello ha provocado graves conflictos agrarios en la selva y ocasionado la pérdida de cobertura arbórea en alrededor de 50 mil hectáreas.
Los bosques y las selvas no sólo son hogar de una amplia diversidad de especies, también desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima, la conservación del agua y la protección de los suelos. La deforestación desenfrenada de los Chimalapas está generando un desequilibrio ambiental que no solo afecta a esta región, sino que también tiene repercusiones a nivel nacional e incluso global.
Estado de Derecho
El estado de derecho y la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos son fundamentales para la prevención de conflictos y violencia, para la consolidación y el mantenimiento de la paz y el logro de un desarrollo inclusivo. El costo de su ausencia exhibe fracasos de la justicia y la impunidad, los conflictos por agravios desatendidos y los gobiernos opresivos e irresponsables.
Ante los constantes agravios a la sociedad oaxaqueña por problemas desatendidos, es urgente que sean atendidos por los tres niveles de gobierno en tiempo y forma, para evitar este tipo de acciones que solo afectan al ciudadano de a pie. Se debe ponderar el tema de los constantes bloqueos que se registran en Oaxaca y sus repercusiones negativas para la vida comunitaria y sus actividades cotidianas.
Las instituciones y los organismos, públicos o privados, deben rendir cuentas y estar sometidos a leyes que se promulguen públicamente, cumplir en forma pareja y se resuelvan de manera autónoma y en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.
El estado de derecho puede definirse como el principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.
Tal llamado a privilegiar el respeto absoluto al estado de derecho debe ser atendido por todos los sectores, pues es la única forma de alentar una convivencia armónica y ordenada. Debe quedar muy claro que nadie puede estar al margen de la ley ni tampoco vulnerar el derecho de terceros, anteponiendo sus intereses personales o de grupo.
Si deseamos fortalecer un régimen de libertades, se debe respetar el derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente de seguridad y de libre tránsito. Para un estado tan lleno de carencias y limitaciones la promesa de atender proyectos de infraestructura que ayuden a generar condiciones económicas que ayuden a los oaxaqueños puede ayudar a transformar nuestra realidad.
