Hoy, con certeza, se llevará a cabo la mesa de seguridad semanal del gobierno estatal, como ha sido a lo largo de la administración del gobernador Salomón Jara. En la misma se ponderan las acciones que los organismos y corporaciones estatales en coordinación con la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano llevan a cabo. Hace unos días, quien preside la citada mesa, el titular de la Secretaría de Gobierno, José de Jesús Romero López, señaló que de tantos homicidios dolosos que se cometen en la entidad, la mayoría de ellos tienen que ver con las operaciones ilícitas de los grupos delincuenciales. Es más, que en el estado operan tantos cárteles de la droga, como ha reconocido a su vez, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez, situación que ha disparado la inseguridad. Por supuesto que dicho argumento no descubre el hilo negro de este flagelo ciudadano, dado que aquello que la gente quiere escuchar es qué están haciendo las autoridades para que Oaxaca no se convierta en breve en un Guerrero o Tamaulipas.
El martes 18 de julio, durante una conferencia de prensa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Oaxaca), se ventiló la situación de la inseguridad en Oaxaca. Ahí se dijo que, gracias al virtual financiamiento de campañas políticas por parte de los grupos criminales, se establecen ligas de complicidad con los gobiernos estatales –sin decir cuáles-, de tal manera que dado el compromiso que existe, las autoridades simplemente se encogen de hombros para combatir a dichos grupos delictivos. Y es justamente lo que ha pasado en el país, sobre todo en entidades que hemos mencionado con antelación. Ahí, funciona a la perfección la política de abrazos, no balazos. Los criminales se pasean por las ciudades en aparatosas caravanas de camionetas blindadas, sin que nadie los moleste.
Por fortuna, eso no lo hemos visto aún en Oaxaca. Sin embargo, algo que ha molestado a la ciudadanía es el sobado discurso de que la nuestra es de las entidades más seguras del país. Ha pasado de la décima, la novena y lo último, la séptima. Es obvio que no se toman en cuenta las ejecuciones en el Istmo de Tehuantepec; los secuestros en la Cuenca del Papaloapan; el crecimiento de los homicidios dolosos en diversas regiones del estado. No es fortuita la sugerencia de que, para abordar el tema de la seguridad, la moderación y la aceptación de la realidad deben ser los parámetros.
Cambios obligados
Desde hace al menos un par de años entró en funciones la llamada Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Oaxaca (CEBPEO). Para tal efecto, el Congreso del Estado designó como titular a Edilberta Cruz Regino. No obstante, lo anterior, según el testimonio de la diputada local por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la LX Legislatura del Estado, Lizzet Arroyo Rodríguez, quien también se desempeña como presidenta de la Comisión Permanente de Procuración y Administración de Justicia, la comisión citada y su titular, han dejado mucho qué desear. Mientras la desaparición de personas, sobre todo mujeres, sigue incrementándose, el organismo responsable se ha encogido de hombros. Es más, se menciona que con los familiares de las víctimas hay un trato de soberbia y prepotencia. En tal virtud, la legisladora aludida hizo mención de que se ha pedido su relevo, además por otras irregularidades que se han detectado.
Sin duda pues, se trata de un cambio obligado y de urgente resolución. Lo importante es que el ejecutivo estatal proponga a la persona idónea; que no se vea como una cuota política, como es el caso de la persona que debe ser relevada. Tampoco de proponer a quien sólo hay que buscarle chamba, para que, una vez en el cargo, se convierta en un ente burocrático que sólo acude los días de quincena o a devengar un salario sin cumplir las expectativas para las que fue designado (a). La abominable cuota de partido o del cumplimiento de compromisos políticos, ha hecho que organismos que deben ser encabezados con verdadera vocación de servicio, sean en breve, simples aparatos burocráticos onerosos y obesos. A veces, hasta nidos del nepotismo y mediocridad.
Como hemos mencionado, se trata de activar la CEBPEO con una perspectiva diferente; con enfoque de género, pero, sobre todo, dándole un viraje de verdadero compromiso social. Es obvio que no debe ser un organismo más, ante el creciente número de desapariciones, algo que lacera con mucha dureza el tejido social. Empero, para ello, hay que valorar la capacidad de quienes sean propuestos para dicha responsabilidad. En Oaxaca, hay profesionistas capaces, con tablas y experiencia para dicho cargo, sólo falta que así lo vea quien habrá de proponer los nombres ante el Congreso del Estado. He ahí el dilema. Porque no debe repetirse el mismo error que se cometió al designar a una persona sin perfil.
