Por: Eduardo Castillo Cruz
El lunes de la semana que culmina inició la primera jornada “futuro y reto de la legislación en materia de pueblos indígenas y afromexicanos” organizada por el Foro Permanente de Abogados A.C., con sede en Oaxaca.
En la primera mesa virtual “la legislación en materia de consulta” intervinieron la diputada federal Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, y Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI, quienes describieron el estado actual de cosas que guarda el tema en el ámbito federal. La diputada federal señaló que tiene presentada una iniciativa para reformar el artículo 2° y 73 de la Constitución de México, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para aprobar una ley reglamentaria como es la Ley General de Consulta Indígena.
Adelantó que la comisión que preside trabaja desde hace varios meses sobre un predictamen, que prácticamente ya se tiene, en el cual se están incluyendo las cinco iniciativas sobre la ley de consulta presentadas desde el año anterior y los criterios internacionales sobre la materia y que una vez que se apruebe, necesariamente será consultado a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de México. “No podemos emitir una ley de consulta sin consultar”.
Y aclaró que ese documento nada tiene que ver con la resolución reciente de la Corte mexicana, ya que en ningún momento recibieron una iniciativa por parte de las personas que firmaron la demanda de amparo. Señaló que es importante que también se les reconozca en la Constitución de México como sujetos de derecho público, para que ya no sean vistas como los hijos pequeños a quienes hay que decidir lo que necesitan.
El licenciado Adelfo Regino Montes, titular del INPI, coincidió en la necesidad de un fundamento constitucional para luego proyectar una ley general de consulta, como la que se busca, en donde se contengan los principios generales, la distribución de competencias, entre otros.
Agregó que como muestra del compromiso, en la ley aplicable al área que dirige se considera a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con la atribución de que dicho Instituto pueda fungir como órgano técnico en los procesos de consulta de la administración pública federal.
Como un desafío colectivo, de todos y todas, califico al reconocimiento de derechos de manera plena e integral a los pueblos indígenas y afromexicanos en la Constitución y en las leyes mexicanas.
Además, aclaró que no debe confundirse el proceso de consulta a pueblos indígenas y afromexicanos, como sujetos de derechos colectivos, con el ejercicio individual del derecho a la consulta popular o ciudadana en el marco de la participación política electoral. En la segunda mesa “las empresas forestales comunitarias” participaron los expertos Leticia Merino Pérez (UNAM) y Salvador Anta Fonseca (POLEA). A la pregunta de qué es una empresa forestal comunitaria, la doctora Leticia señaló que hay distintas formas de entenderlo, que hay empresa cuando hay control del proceso de extracción o producción, contabilidad propia, organización social desde la comunidad y con capacidad administrativa.
Algo no muy bien entendido en las políticas públicas, por los tomadores de decisiones, señaló, “gobiernos van gobiernos vienen y el apoyo real a las iniciativas autónomas de las comunidades oaxaqueñas y de otros lugares del país, es muy parcial”.
Comentó que las empresas forestales comunitarias son una experiencia con una fortaleza muy importante en Oaxaca y en México, que se debe reconocer y retomar, al referirse al trato desigual de que es objeto en materia fiscal y también, al hecho de que el manejo forestal comunitario a pesar de que ha probado bondades ambientales, como sociales, no ha sido reconocido como una actividad de interés público, como la minería que tiene ese reconocimiento al prevalecer sobre cualquier otra actividad.
Los expertos Leticia Merino Pérez y Salvador Anta Fonseca, coincidieron, también, en que se debe trabajar en marcos normativos más adecuados a nivel federal y local, con legislaciones especiales que atiendan a las propias características de las entidades federativas de México.
Nota: En la mesa III programada para las 17 horas del viernes 28 de junio de 2020, intervendrán Luis Enrique Cordero Aguilar y María Cristina Velásquez, con el tema “los derechos económicos sociales y culturales de las comunidades, algunas problemáticas”.
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*Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.
