La semana pasada, como todos los días, la frustración, el enojo y el encono, asomaron entre la sociedad oaxaqueña. Hay un odio escondido que a veces no se expresa en acciones, sino en comentarios, en reclamos, en rumores. La gente ya no soporta más. El abominable método del chantaje está a punto de ocasionar algún enfrentamiento. El enojo está en un grado tal que no hay que esperar mucho para tener un desenlace violento. Decimos esto sin afán fatalista ni, mucho menos haciendo apología de la violencia, sino leyendo tras bambalinas lo que el pueblo piensa y siente. Hasta este diario llegaron reclamos y molestia de empresarios, comerciantes, miembros de la sociedad civil y otros, en relación a los bloqueos que sindicatos universitarios montaron en el paso a desnivel de “Cinco Señores”, avenida Universidad y parte del Periférico. Un grupo de porros al servicio presuntamente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO), secuestraron autobuses urbanos para bloquear las vialidades citadas.
Como mencionamos el sábado pasado, está tan arraigada la cultura del chantaje en Oaxaca que, ya no bastan las mesas de diálogo ni las labores de negociación que impone el gobierno. El bloqueo a carreteras y vialidades es lo que cuenta, método con el cual se le cobra a la ciudadanía una factura que no es suya. El llamado a los sindicatos de la UABJO el pasado viernes fue en el sentido de que su protesta por la falta de pago de sus salarios era justa, pero que no siguieran fastidiando a la ciudadanía con sus aberrantes métodos. Hay en este hecho una violación flagrante a las garantías individuales, pues se conculca sin razón el derecho al libre tránsito consagrado en nuestra Carta Magna.
El bloqueo también ha devenido un boyante negocio. Cerca de 14 agentes municipales y presidentes de colonias de Matías Romero, mantuvieron durante cuatro días cancelada la circulación entre esta población y Palomares. El motivo era exigirle al presidente municipal de la cabecera las participaciones de los Ramos 28y 33. Pero una vez que en la Secretaría General de Gobierno les invitaron a la mesa de diálogo, para buscar acuerdos, los inconformes simplemente se negaron. Y es evidente, el cobro de 200 y 300 pesos por permitir el paso a vehículos pesados, sumado a los miles que por ahí transitan, les deja muy buenas rentas. Urge pues aprobar una ley para evitar que este método infame siga trastocando la gobernabilidad y la paz social.
Centro Histórico: Sigue secuestrado
No obstante, las medidas instrumentadas por el gobierno de la ciudad para despejar este espacio vital para los citadinos, las mañas, los vicios y cacicazgos del comercio en la vía pública y el chantaje de algunas organizaciones sociales, prevalecen. Ahí siguen en las calles aledañas al Palacio de Gobierno, los presuntos desplazados de los predios que rodean a Monte Albán y pertenecen a Santa Cruz Xoxocotlán, que llevan alrededor de dos meses. En efecto, son quienes habitaron de manera irregular predios como “El Palenque”, “El Coquito” y “Los Mangales”, entre otros, que tuvieron que salir de aquellos espacios que, recientemente se supo, les fueron vendidos por vivales, a sabiendas de la situación ilegal de los mismos. La solución de estas personas no está, creemos, en el ámbito de competencia del gobierno estatal, sino de la Federación, pues fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la que hizo una importante aportación económica para proceder al desalojo, dado que son terrenos nacionales y pertenecen a la Zona Arqueológica.
El caso de los triquis, presuntamente desplazados, que se han adueñado de los pasillos del Palacio de Gobierno, está en punto cero, como producto de la abulia gubernamental para solicitar ante la Corte Interamericana de Justicia, cancelar las medidas cautelares que les impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ninguna organización que se diga privilegiar y defender las garantías individuales puede solapar conductas violentas y de despojo de espacios públicos, como ocurre con este grupo étnico. Es obvio que han asumido su papel más allá de lo que sus privilegios lo permiten. Se han apropiado prácticamente de un espacio ciudadano que no les pertenece, ni siquiera para el usufructo.
En lo que se refiere a los comerciantes en la vía pública, la invasión es realmente preocupante. Organizaciones sociales, dirigidas por vividores, como es el caso de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), que encabeza Adán Mejía o Sol Rojo, que lidera Javier Aluz Mancera, entre otros, buscan presionar al gobierno estatal para lograr prebendas y dádivas. La mancha de comerciantes se ha extendido hasta Santo Domingo, dando a dicho espacio tan importante en la arquitectura colonial de nuestra capital, una imagen deprimente. Sin embargo, el ayuntamiento no podrá resolverlo solo. Requiere de la participación y el concurso del gobierno estatal.
