Hay comunidades de la Sierra Sur, específicamente del distrito de Sola de Vega, como Santiago Amoltepec, San Lorenzo Texmelucan, Santiago Textitlán, Santa María Zenzontepec o Santo Domingo Teojomulco, que tienen una historia singular: las muertes por emboscadas o enfrentamientos se han dado por decenas. El 31 de mayo de 2001, todos lo recordamos, 26 personas que venían de trabajar en un aserradero de Textitlán, en un camión tipo volteo, fueron masacrados por desconocidos en el paraje “Agua Fría”. De ese crimen colectivo, cuyas fotos dieron la vuelta al mundo, no hubo responsables. Quedó en la impunidad. El pasado martes no fue la excepción. En un hecho del que no se tiene la claridad completa se dice que un comando armado atacó a autoridades municipales y vecinos de Amoltepec con armas de alto poder, pero éstos últimos reaccionaron y acribillaron a los hijos del ex presidente municipal de dicha comunidad, Abel Santiago García y dos escoltas de los mismos. En total, en plena plaza central de la referida población quedaron los cuerpos de cinco personas asesinadas.
Hace poco más de una semana, en un paraje del distrito de Juxtlahuaca fueron asesinados tres indígenas triquis, lo que motivó que los dirigentes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), suspendieran su participación en la mesa de diálogo que les ha puesto el gobierno de Salomón Jara. La pregunta es: en materia de seguridad y muerte, ¿qué está pasando en Oaxaca? Se nos informa a menudo que cada semana, igual que en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación –aunque aquí es diario- se reúne el gabinete de seguridad para analizar dicho rubro. Y la dependencia respectiva da cuenta de los operativos, los decomisos, los aseguramientos, etc., pero nada se sabe de acciones o estrategias para evitar el baño de sangre que tanto lacera a los oaxaqueños.
El mismo martes, luego de trascender la noticia del quíntuple homicidio, el ejecutivo estatal lamentó los hechos y giró instrucciones para que las áreas correspondientes hicieran su trabajo. No obstante, para la ciudadanía algo está fallando y, en el afán de estar echándole la culpa al de atrás, no se ha diseñado un plan de seguridad. El hecho de que hablamos no es nada fortuito. Son las viejas rencillas que prevalecen en algunas comunidades de la Sierra Sur y otras regiones, por el control del poder político. Y eso debe atenderlo con prontitud el gobierno de la Primavera Oaxaqueña.
Expulsadas del Edén
La declaración del titular de la Secretaría de Gobierno, José de Jesús Romero López, el pasado lunes 6 de febrero, respecto a que de 200 organizaciones y grupos sociales que tiene registrada la dependencia, si acaso 20 están legalmente constituidas, sin duda alguna tendrá efectos colaterales. Todo ello vino a raíz de la mención que hiciera el gobernador Salomón Jara respecto a la organización “Antorcha Campesina” que, según sus datos, obtendría al menos 200 millones de pesos anuales de parte de gobiernos anteriores. Y así es en efecto. Según nuestras fuentes hay dirigentes que han exigido privilegios, por lo cual los han ubicado con techos financieros exagerados para la pobreza que vive la entidad y miles de comunidades. Es el caso, por ejemplo, del mismo Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), de la ya referida “Antorcha Campesina” o del Frente Popular Revolucionario (FPR), que no se bajan de exigir menos de 100 millones al año.
Lo preocupante de todo ello es el infierno de bloqueos y presión que desatarán las organizaciones expulsadas del paraíso millonario al que ya se acostumbraron. No es un artificio afirmar que hay dirigentes que perviven de dichos recursos como agitadores profesionales. Y hay razón cuando el aludido funcionario afirmó que hay evidencias de que muchas de las organizaciones sólo buscan, al igual que sus manejadores, el beneficio económico y las prebendas que reciben al tener interlocución con el gobierno estatal. En efecto, no es un secreto que lucran con la ficticia “lucha social” para llenar sus propias alforjas, a través de contratos de obras que ellos manejan o de los presupuestos destinados a los municipios que, sin tener una representación legal, hacen y deshacen a placer.
Se espera que el gobierno estatal no dé marcha atrás, además de que, con los elementos que el Estado tiene en sus manos, los ponga en funcionamiento para evitar daños colaterales a la ciudadanía. Esto es, acotar los bloqueos con la fuerza de la ley y de los instrumentos que tiene a su alcance, que la misma Constitución local dispone para mantener el orden y la gobernabilidad. Será muy triste y decepcionante entender el gobierno de la transformación cayendo en el juego de organizaciones y grupos de presión, como en el pasado. Desde luego que el pueblo oaxaqueño espera mecanismos de fuerza, de mano firme, de autoridad que castiguen el daño a las vías generales de comunicación o conculquen el libre tránsito.
