Cuando aún no amanecía el pasado domingo 14 de junio, un grupo minoritario de mentores del llamado Cártel 22 y otros grupos afines, iniciaron en el Centro Histórico de la capital actos vandálicos, para conmemorar, según ellos, el catorceavo aniversario del fallido desalojo de 2006, con cohetones y gritando consignas. Más tarde, un reducido grupo participó en la marcha convocada por organizaciones y grupos, añadiendo a su acartonada petición de “castigo al tirano, ex gobernador Ulises Ruiz”, otras consignas. La cuestión es justificar el vandalismo y los actos fuera de la ley. Es ya común en nuestro entorno estatal, pero sobre todo en los grupos que se dicen de izquierda, revivir cada fecha, en la que presuntamente fueron agraviados por el gobierno en turno, siempre asumiéndose como víctimas, pero en el fondo de todo, tomando dicha bandera para presionar, extorsionar o chantajearlo, para recibir del mismo, prebendas y dádivas.
La falsa lucha social se ha convertido en un jugoso negocio, al igual que la llamada industria del chantaje. Es el caso, por ejemplo, de la supuesta represión en Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, cuando grupos radicales, permeados por maestros, se enfrentaron con corporaciones policiales estatales y federales, con el saldo de siete muertos de este lado y decenas de heridos del lado de enfrente, es decir, en el frente policíaco. Una vez más, la victimización y el aderezo que le ponen las comisiones de derechos humanos, contribuyeron a hacer de este hecho, uno más de los eventos de víctimas y villanos. Los difuntos fueron capitalizados por un órgano denominado Comité de Víctimas (Covic), que ha lucrado con su muerte para sacar raja y provecho político. La muestra la tenemos ahí mismo, en Nochixtlán, convertido hoy mismo en una tierra de nadie, de protestas, bloqueos carreteros y de lucha por cotos de poder en el transporte, luego de ser una población pacífica y trabajadora.
A ello abonaron, asimismo, actores que han pasado en la oscuridad de las complicidades y la parcialidad, como es el caso del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert, que señaló al ex gobernador Gabino Cué, como responsable de “la masacre”, cuando todo mundo sabe la opacidad, los sesgos y parcialidad que en su momento caracterizó a dicho órgano. Veremos la “celebración” del cuarto aniversario de hoy. No creemos que a muchos les interese en estos momentos de contingencia sanitaria.
Una lejana normalidad
En la conciencia colectiva del pueblo mexicano, hay un sentir generalizado: el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus, Covid-19 o SARS-Cov2, por parte de las autoridades federales ha sido deficiente; se han dado a la población expectativas falsas y, en cierto sentido, la seriedad y letalidad del mal se ha asumido como si fuera un juego. México es hoy en día uno de los países en donde mayor número de contagios se registra. Supera en muertes a muchas otras naciones que resintieron con más fuerza la enfermedad, con un porcentaje superior al 11.5%. Pese a los resultados tan lamentables y el manejo de una fecha, otra u otra, que han sido asumidos como una burla, ahora debemos aplicarnos “un decálogo” para volver a la normalidad, la cual, como hemos mencionado en este mismo espacio, cada vez se ve más lejana.
En Oaxaca los focos de contagios se han ubicado en la capital y una decena de municipios, algunos de ellos en los Valles Centrales. El gobierno estatal hace su parte, pero los ediles deben asumir asimismo la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Urgen medidas de contención pues los resultados que hemos visto hasta los últimos días, en lo que respecta a contagios y decesos, son muy preocupantes. Más de 380 decesos y superando los 3 mil contagios, entre ellos arriba de 650 en el personal sanitario, no es motivo para decir que vamos bien o con una estadística menor a nivel nacional, o que nos ubicamos en tal o cual lugar, sino para poner en marcha acciones que coadyuven a paliar el mal. Las comparaciones son siempre ociosas. Con todos los esfuerzos institucionales, no vamos mejor. Hacen falta mecanismos adicionales para que este mal deje de seguir cobrando víctimas.
Sin embargo, insistimos, lograrlo es un ejercicio de corresponsabilidad institucional y ciudadana. Los llamados de quedarse en casa, para aquellos que puedan; evitar aglomeraciones, festejos tradicionales, familiares, marchas, manifestaciones, bloqueos carreteros, etc., que pueden ser focos potenciales de contagios, deben suspenderse. Resulta una desafortunada paradoja que mientras por un lado algunos ediles cierran sus accesos para vecinos y personas extrañas, por otra parte, difunden invitaciones para sus fiestas patronales, con rifas, regalos, carreras de caballos y peleas de gallos, algunas promovidas hasta por funcionarios públicos, como fue hace un par de semanas en Tlalixtac de Cabrera, sin asumir con responsabilidad las medidas sanitarias de prevención.
