Siempre hemos insistido en que sería bueno conocer la metodología de la Secretaría de Salud del gobierno federal, para emitir el famoso semáforo epidemiológico semanal. Sus mediciones son inconsistentes y, a veces, hasta contradictorias. Por ejemplo, las veces en que Oaxaca ha pasado de semáforo naranja a amarillo, se da justamente cuando hay más casos de contagios. Hace poco más de dos semanas cuando la autoridad federal nos ubicó en semáforo verde, el cambio se dio justo cuando se había registrado el mayor número de decesos ocurridos durante más de un año de pandemia: 44 personas muertas. Ello generó escarnio en las redes sociales en donde algunos curiosos calificaron como “semáforo sandía”: verde por fuera y rojo por dentro.
Pues bien, el viernes 23 de abril, las autoridades sanitarias nos regresaron al semáforo amarillo. Se cumplió pues lo que el imaginario colectivo había adelantado: el relajamiento en los protocolos sanitarios que trajo consigo el semáforo verde; la ciudadanía atiborrando centros comerciales, plazas, antros abiertos, restaurantes, etc., incrementó el número de personas contagiadas y ha mantenido el nivel de decesos. La Covid-19, es simple, no nos ha dado tregua. El mal sigue afectando duramente a los diversos sectores sociales sin piedad alguna. A ello hay que agregar -insistimos- la negativa de muchos a seguirse aplicando la sana distancia, el uso del cubre-bocas y el aseo de las manos. Es importante subrayar que, si bien se ha avanzado con el programa de vacunación, ello no inhibe la proliferación del virus, pues incluso a las personas que ya han recibido alguna de las vacunas aplicadas, se les recomienda seguirse aplicando los protocolos.
Durante dos semanas al menos, Oaxaca habrá de permanecer en semáforo amarillo. La situación no es la propicia para seguir evadiendo los protocolos sanitarios, sino que las autoridades no deben ceder en los llamados constantes que ha hecho el ejecutivo cada semana a no bajar la guardia. Hay un avance sustancial en la aplicación de las vacunas, una vez cubierto el universo de los adultos mayores de sesenta años de edad y en estos días el numeroso gremio de los trabajadores de la educación tanto del sector público como del privado. Pero ello -insistimos- no obsta para dejar de lado las medidas que deben ser permanentes para el cuidado de este mortal mal que, como hemos visto en los noticiarios, sigue diezmando a países enteros todavía.
Disputas mortales
El fin de semana pasado, de nueva cuenta las tierras áridas, empobrecidas y letales de la Sierra Sur, se vio salpicada de nueva cuenta de sangre. Según se sabe, viejas rencillas dejaron al menos seis personas muertas, a raíz de los diferendos añejos que existen entre algunas pequeñas poblaciones. Lo grave es que, en defensa de sus muertos, también desafían a las autoridades. En décadas pasadas había respeto para los enviados del gobierno federal o estatal, incluso para las corporaciones policiales. Ahora no. Elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos por pobladores de la ranchería Santa María Sola, cuando la corporación y la Policía Estatal habían acudido a levantar a los fallecidos. Se supo que algunos de ellos fueron sacados de manera violenta del hospital comunitario de Sola de Vega, poniendo en peligro no sólo la vida de los mismos, sino del personal médico. Esto es, como si se tratara de grupos criminales, fueron por sus heridos.
En los últimos tiempos y gracias al cultivo y trasiego de estupefacientes, las disputas entre comunidades se han vuelto cada vez más enconadas. Recordemos al menos dos que se han dado en el distrito de San Carlos Yautepec. Una, entre Santiago Lachivía y San Pedro Mártir Quiechapa, cuando vecinos de esta última se encontraban barbechando un predio y fueron emboscados por pobladores de la primera comunidad. El saldo fue de cinco personas fallecidas por impactos de bala. La otra, cuando habitantes de San Lucas Ixcotepec abrieron fuego en contra de pobladores de Santa María Ecatepec, por un supuesto diferendo agrario. El saldo fue de quince personas muertas de esta última comunidad. Y no hablemos de las diferencias políticas que también han dejado un escenario sangriento, como el ocurrido en la agencia de Huazantlán del Río, municipio de San Mateo del Mar, el 21 de junio de 2020, que dejó, asimismo, quince personas, entre hombres y mujeres, fallecidos. Es tal el odio y la saña, que algunos fueron incinerados aún en vida.
Siempre hemos insistido en que estos crímenes no queden en la impunidad; en que independientemente de los móviles agrarios, políticos, viejas rencillas u otros, dichos crímenes son delitos que deben perseguirse de oficio y castigar a los responsables. Nada, absolutamente nada justifica segar una vida y hacerlo en ataque multitudinario o de manera cobarde. La Fiscalía General del Estado (FGEO) debe proceder de inmediato con las pesquisas para dar con aquellos que, en estas comunidades del distrito de Sola de Vega, actuaron con propósito criminales. Debe sentarse un precedente para evitar que el baño de sangre, el encono y el odio se transmita a la siguiente generación de no procederse hoy conforme a la ley. Esto es, ningún crimen debe quedar en la impunidad.
