Hace unos días me encontré con un texto publicado por la abogada Irene Levy en El Universal que lleva como título “¿Quién ha callado a los organismos autónomos?” y señala, entre otras cosas, la complicidad de los medios de comunicación con el gobierno de la cuarta transformación para “desprestigiar, minimizar y marginar a los organismos autónomos”. Quizás debemos de preguntarnos si como ciudadanía hemos hecho lo necesario para defender su existencia y autonomía o si, por lo contrario, nuestra pasividad nos ha vuelto cómplices de una campaña de desprestigio en contra de dichos órganos.
Los órganos constitucionales autónomos (OCAs) son organismos que se incorporaron al sistema jurídico mexicano a partir de los años noventa con la finalidad de brindar neutralidad política y soporte técnico a ciertas decisiones que en un inicio eran tomadas por el presidente. En palabras del Doctor Pedro Salazar Ugarte, los OCAs, son entes creados de manera directa por la Constitución que “no se encuentran subordinados al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, pero las funciones que realizan en algún momento correspondieron al Poder Ejecutivo”. De lo anterior, podemos advertir que con la irrupción de los OCAs se atemperó el presidencialismo mexicano.
En 1993 se creó el primer OCA, mediante el otorgamiento de autonomía constitucional al Banco de México sustrayendo del control político del presidente la determinación del poder adquisitivo de la moneda. Posteriormente, le siguió el Instituto Federal Electoral (hoy INE) con el objetivo de contar con un árbitro independiente que garantizara elecciones libres. El resto de los OCAs fueron agregados al texto constitucional de 1994 a 2018.
Actualmente, la “constelación de autonomías” (Salazar) está conformada por el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Fiscalía General de la República.
A partir de la llegada al poder de la cuarta transformación los OCAs y sus titulares han sido embestidos por ser considerados productos del neoliberalismo (falacia ad hominem). En lo personal, no comparto dicha postura, por lo contrario, considero que los OCAs son resultado de una lucha democratizadora que ha permitido la transición política, la estabilidad monetaria, la medición de la desigualdad, la evaluación de las políticas, la sanción a los monopolios, la protección de los derechos humanos y la transparencia. La evolución del principio de división de poderes, mediante la incorporación de los OCAs, ha servido para fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos.
En respuesta a la interrogante planteada al inicio, considero que algunos sectores de la ciudadanía se han manifestado en defensa de los OCAs, como es el caso del INE tras la polémica en torno a la falta de presupuesto para la realización de la revocación de mandato y los supuestos excesos de sus titulares. Sin embargo, no es el único OCA que se encuentra en peligro y que debe ser defendido. Retomando el ejemplo de Irene Levy, el Pleno de la COFECE, actualmente se encuentra integrado por 4 de 7 miembros lo cual lo imposibilita para cumplir con todas sus atribuciones legales en detrimento de su autonomía. Lo anterior, debido a que el Poder Ejecutivo no ha enviado los nombramientos a efecto de ser ratificados por el Senado. Como respuesta, y en defensa de su autonomía, la COFECE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como se podrá advertir, un OCA puede ser afectado tanto por acciones (caso INE) como por omisiones del presidente (caso COFECE) y por ende nuestra labor como ciudadanos es exigirle a la autoridad el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales: respetar la autonomía y garantizarla.
Los OCAs, como el resto de las instituciones del Estado, son perfectibles y tienen defectos y vicios que se habrán de subsanar. Sin embargo, su desprestigio y eventual desaparición constituyen un retroceso para la consolidación de un régimen constitucional en el que el poder esté dividido y los derechos garantizados.
Por ello, como ciudadanos no podemos ser testigos, o peor aún, cómplices de embates en contra de dichos organismos, sus titulares o su autonomía. Sigamos el camino que ha trazado el CIDE y como señaló el Doctor Alejandro Madrazo: “seamos ejemplares” y evitemos la desaparición de los OCAs. Defender su autonomía es garantizar la nuestra y para defender algo hay que conocerlo. Como ciudadanos nos toca conocer y actuar.
Twitter:@BoleVargas
