No obstante ser el órgano que califica a los órganos de transparencia y fiscalización, el Congreso del Estado ha sido uno de los poderes más reacios a rendir cuentas. En efecto, seguido trasciende que los y las diputadas cobran el famoso pago por evento y que reciben dádivas por aprobar determinadas iniciativas, informes o dictámenes, pero ninguna investigación se lleva a cabo. La semana pasada se supo que en sólo un año de ejercicio hubo un sobre ejercicio de 200 millones de pesos, pero tampoco trasciende, justamente porque quien debería ser el más transparente es el más opaco. En la pasada legislatura se denunció el altísimo presupuesto de cerca de 600 millones de pesos anuales, haciendo de la LXII la más onerosa y menos productiva. Pasó el tiempo y las trapacerías de quienes se desempeñaron como presidentes de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), pasaron simplemente a la historia. Fue emblemático el caso del ex diputado Jesús López Rodríguez, alias “Chucho Falp”, quien se fue simplemente forrado de billetes sin que jamás explicara la nómina millonaria con la que mantenía a sus incondicionales y alfiles.

Insistimos en la urgencia de formar algún Observatorio Ciudadano que al menos desde la perspectiva ciudadana, revise cuentas del Congreso del Estado y en general, del quehacer legislativo. En realidad nuestros flamantes legisladores son una élite que cobra por hacer nada. Ha iniciado ya el segundo período ordinario de sesiones. Hoy mismo hay inquietud en el edificio de San Raymundo Jalpan, por la amenaza del titular del nuevo Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), el recientemente ungido Guillermo Megchún, de realizar auditorías y la revisión de cuentas del año que ha transcurrido, en las que seguramente saldrán a flote sobregiros y gastos excesivos en el quehacer legislativo. En efecto pues, existe siempre resistencia para rendir cuentas; para que la sociedad conozca los entretelones de dicho poder que es, paradójicamente como decimos antes, quien califica a los órganos de transparencia pero nunca tiene disposición de rendir cuentas. Hacen falta pues iniciativas ciudadanas que obliguen no sólo en nuestro ámbito local sino a nivel nacional a nuestros representantes populares a unirse en la gran cruzada de transparencia. Ni el estado ni el país deben seguir así.

Urge un cambio de rumbo

En este diario, el mejor de Oaxaca, hemos reconocido que durante 2017, los golpes de la naturaleza se han volcado sobre los oaxaqueños. Primero fue la sequía, luego las intensas lluvias y como corolario los sismos, lo que ha obstaculizado que la obra de gobierno cristalice con sus proyectos. Todo ello, en efecto, no es imputable al manejo o desempeño del gobernador Alejandro Murat que, por si ello no fuera suficiente, nadie le puede regatear sensibilidad para estar junto con los damnificados día y noche. Pero el ejecutivo estatal es una cosa, otra, muy diferente, es su equipo de trabajo que, salvo excepciones, parece no haberse puesto la camiseta y trabajar con su jefe hombro con hombro. En efecto, existen áreas claves en la administración estatal cuyos titulares andan más preocupados en publicitarse para las candidaturas que vienen en breve, que en cumplir sus responsabilidades. Desde luego que, por más que se trate de cercanos al ejecutivo estatal, se trata de una abierta deslealtad y una irresponsabilidad ante el pueblo oaxaqueño. El mismo Murat Hinojosa ha reconocido que aquellos que tengan aspiraciones político-electorales tendrán que irse pronto. Hasta puso un plazo: un mes.

En efecto, como observadores de la realidad política desde nuestra trinchera periodística, que nos hace ser espectadores de primera fila, creemos que el inicio del segundo año de ejercicio debe caracterizarse por un cambio de rumbo. Quien lleva los destinos de Oaxaca ha demostrado con creces que es un hombre de principios, de buenos propósitos, de nobles sentimientos. Pero también es cierto que algunos de sus colaboradores más cercanos no le ayudan y que, por el contrario, le han acarreado más problemas y buscado que sus aliados de antaño se conviertan en sus peores verdugos. Desde el inicio de este régimen se ha establecido una tácita discriminación a los medios de comunicación locales, tanto impresos como electrónicos. Se nos ha minimizado con la peregrina idea de que los medios nacionales –o los que se asumen como tales- son los únicos que interesan, tal como si el gobernador fuera a rendir cuentas no a los oaxaqueños sino al pueblo de México, o al menos quienes están informados. Una idea torpe, producto de una supina ignorancia de que lo que históricamente han representado los medios en la historia de Oaxaca. Aquí hay que ver parte de la crítica a veces descarnada que ha tenido el gobierno de Murat Hinojosa.