El primero de octubre quedará en la memoria colectiva como un día negro para la historia del país. Una mancha indeleble para el sistema de justicia y el estigma de que México se encamina a pasos agigantados a un autoritarismo pernicioso y dictatorial. La peor afrenta a las instituciones y la muestra clara de que si en el país la división de poderes siempre fue un artificio –que al menos se maquillaba- hoy vivimos en un régimen emanado de un proceso democrático, sí, pero que los atropella, además, con amenazas y amagos. La aprobación de la constitucionalidad de la consulta para llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de la República, mostró a una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal, doblegada a los dictados de un presidente de la República que, a dos años de gestión, ha sumergido al país en el encono, el deseo de venganza y en esperanzas ficticias, que sólo obedecen a un doble discurso. Los seis ministros encabezados por su presidente, Arturo Zaldívar, que rompió el protocolo de la sesión en donde se aprobó esta afrenta a la Constitución, pasarán a la historia, pero por la puerta trasera.
No se trata de defender a ultranza a quienes con sus acciones pudieron haber hundido al país en la pobreza, a aquellos que presumiblemente saquearon a placer o convirtieron el poder público en un desfogue de ambiciones personales. No. Si hay elementos de orden legal para juzgarlos y sentenciarlos, se debe proceder. Lo que está en tela de juicio es poner el orden constitucional que rige la vida del país, bajo el mandato de una sola persona y tergiversar la norma para cumplir caprichos personales. No es buscando culpables en el pasado como se puede suplir la incapacidad de regir los destinos de México o hacer de este paraíso de corrupción una isla imaginaria como “La Utopía” de Sir Thomas More. Es torcer la ley y quedar en evidencia para cumplir un mandato dictatorial. El presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando al país por los sinuosos vericuetos del autoritarismo, las ocurrencias, las vendettas y no hacia una mejor calidad de vida de los mexicanos. Como tales, hay que reconocer con tristeza, que la sentencia de la SCJN –no así la honesta postura de cinco ministros (a) de este máximo tribunal- pone un dique a la vigencia del Estado de Derecho ante un poder fáctico que se quiere perpetuar, ya sin ningún contrapeso.
Reconstrucción, una prioridad
La semana pasada trascendió que el ejecutivo estatal, Alejandro Murat Hinojosa, había sostenido una reunión de trabajo con los titulares de Hacienda y Crédito Público y de Cultura, Arturo Herrera y Alejandra Frausto, respectivamente, para tratar el tema de nuestro patrimonio cultural y dar seguimiento a la restauración de algunos monumentos históricos en la entidad. Según el boletín oficial, durante la reunión, el gobernador señaló que se unen esfuerzos con las autoridades federales para atender las necesidades de reconstrucción en el estado a causa de los sismos, así como para darle seguimiento a los templos y monumentos que son reparados por el Fondo para la Atención de Desastres (Fonden) y por el Programa Nacional de Reconstrucción. Nada más oportuno, ante la inminente desaparición de los fideicomisos y fondos, que ha sido sumamente criticado tanto por los medios de comunicación como por la sociedad civil.
Es importante subrayar que los sismos de septiembre de 2017 resultaron bastante perniciosos para nuestro patrimonio cultural. Iglesias de los Siglos XVI y posteriores, resultaron dañadas, sin embargo, las labores de restauración de 10 templos que han sido considerados prioritarios para esta administración, se iniciaron apenas el mes de marzo, lo que implica que su avance es aún limitado. Es evidente que, como se han observado las cuestiones presupuestales, los recursos para la terminación de las obras habrán de encontrarse con serios obstáculos. No digamos para algunos monumentos poco considerados, como es la llamada Catedral de la Sierra Sur, ubicada en San Juan Ozolotepec, la cual resultó seriamente dañada con el sismo del pasado 23 de junio. Si se carece de recursos para cuestiones trascendentales como es la reconstrucción de la zona afectada por este siniestro y los anteriores, entendemos que el cabildeo del ejecutivo estatal debe ser inevitable.
Si bien es cierto que se ha observado un avance relativo en las obras de reconstrucción, también es cierto que hay templos en donde parece que el tiempo se detuvo. Es el caso de la Iglesia del Patrocinio que, desde afuera, no se observa avance alguno. En algunos reportajes que ha publicado este diario sobre la reconstrucción, en ese caso nos hemos topado con una inexplicable cerrazón de los responsables de dicha acción. Esperamos pues que los esfuerzos gubernamentales fructifiquen y que tengamos los recursos necesarios para dicha empresa.
