Una y otra vez el gobernador Salomón Jara ha insistido en la apertura de su gobierno para agotar el diálogo y evitar daños a la sociedad y la educación; una y otra vez, el magisterio afiliado al Cártel 22 ha prestado oídos sordos. Hasta el último momento, la dirigencia que encabeza Jenny Aracely Pérez Martínez estuvo blandiendo la amenaza de boicot a La Guelaguetza, una fijación que ha llevado tatuada el magisterio mal llamado democrático, el cual se exacerbó desde el 2006, cuando hordas de maestros quemaron el templete en donde se llevan a cabo los bailes y demás números y el evento fue cancelado. Para paliar su enajenación, se creó la llamada Guelaguetza popular que, paradójicamente, como ya hemos comentado, es financiada por el gobierno estatal. Es más, hace un par de meses se dijo que, a la dirigencia encabezada por Eloy López Hernández, se le entregaban 20 millones de pesos, además, obviamente de lo que obtienen de las cuotas que les descuentan a sus compañeros (as). Y en su edición del pasado lunes, resultó un zafarrancho de golpes y maestros alcoholizados.
Algo similar ocurre con algunas organizaciones sociales, cuyos dirigentes y titiriteros no se resignan a haber sido expulsados del paraíso financiero del gobierno. Al tenor de la dirigencia magisterial insisten en trastocar la paz social, la tranquilidad y la gobernabilidad. Si bien es cierto que el mismo Jara Cruz proviene de la llamada lucha social, también lo es que los métodos han cambiado. Hoy en día, para ablandar al gobierno hay que golpear la economía, lacerar al ciudadano de a pie y mantener un ambiente de terror en centros urbanos y carreteras. Eso definitivamente debe regularse o limitarse, pero no con las consabidas mesas de diálogo en las cuales las autoridades doblarán las manos, como ha ocurrido con los normalistas y otros grupos de presión, sino poner sobre la mesa la fuerza de la ley y la autoridad.
Ha habido demasiada suavidad con maestros, grupos y organizaciones. Es más, ha trascendido que se les han devuelto muchas prebendas como la conocida bilateralidad y, al paso que vamos se les habrá de devolver el control total del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que tuvieron desde 1992 hasta el 2015. Eso trata de recuperar el Cártel 22. Ello explica su postura beligerante de los últimos meses. Insistimos: el gobierno de Salomón Jara no debe ceder un ápice más. La sociedad oaxaqueña le habrá de reclamar dar a los maestros más privilegios, a un gremio que, todo mundo sabe, siempre está insatisfecho.
Llueven críticas
Una vez que ha pasado la primera edición de nuestra fiesta máxima, vale la pena que los responsables de la organización de dicho evento reaccionen a las críticas que se han vertido para corregir el rumbo. Es el caso de la titular de la Secretaría de Turismo, Saymi Adriana Pineda Velasco, a quien tal parece que el cargo le quedó demasiado grande, pues a su excesivo protagonismo y frivolidad se agregó una total incompetencia para poder dar a La Guelaguetza, el enfoque que ofreció el ejecutivo estatal: hacer una fiesta para el pueblo. Luego de aparecer una semana antes del evento en una invención que este régimen le agrega a nuestra fiesta tradicional, la cabalgata y de posar con trajes pseudo típicos en diversos eventos, tuvo graves omisiones. El domingo previo a la primera presentación, en redes sociales, los integrantes de varias delegaciones se quejaron de que fueron hospedados en moteles lejanos de la capital, como si fueran confinados, además de recibir alimentos en mal estado.
El mismo lunes por la mañana, trascendió que siete integrantes de la delegación de Santiago Jamiltepec, habían sido internados en un hospital privado, al presentar problemas gastrointestinales. Una de las integrantes de dicha delegación hizo la denuncia correspondiente en su red social, quejándose de esa falta de atención con sus compañeros. Es importante subrayar que, jamás en décadas, los participantes han sido tratados como si fueran trabajadores de la Sectur y no quienes vienen de sus comunidades a presentar sus bailes, danzas y tradición. Pero tal parece que a la citada funcionaria ni le va ni le viene. Ha adoptado una actitud de soberbia y desinterés, a sabiendas de que ocupa uno de los cargos de mayor relevancia en el gabinete, en donde sólo ha ido de tropiezo en tropiezo.
Como si ello no fuera suficiente, muchas agencias de viajes tuvieron cancelaciones en los últimos días, ante la irresponsabilidad oficial en proporcionarles los boletos que habían comprometido con sus clientes. Más aún, a las 10 horas del 17 de julio, cuando se presume el Auditorio Guelaguetza está a reventar de asistentes, los palcos “C” y “D”, que siempre han sido gratuitos, es decir, para la gente del pueblo que no tiene posibilidades de pagar el boleto, estaban completamente vacíos. Se tuvieron que traen colonos y supuestos transportistas para que llenaran los espacios. Es decir, jamás se dio a conocer o se convocó a la gente del pueblo para que asistiera a disfrutar de nuestra máxima fiesta.
