• Va tras Rectoría
• Defienden a Vichido
El Centro Cultural Álvaro Carrillo, inaugurado el 20 de noviembre de 2022 con gran pompa por la administración estatal anterior, se concibió como un gran proyecto arquitectónico y cultural para Oaxaca. Con una inversión oficial cercana a 360 millones de pesos, se le presentó como un espacio de clase mundial destinado a albergar teatro, cine, museografía, talleres y exposiciones artísticas que ampliarían la oferta cultural de la ciudad y la región, así como su atracción turística.
A tres años de su inauguración, este ambicioso proyecto permanece cerrado, inoperante y deteriorado, atrapado en un laberinto de irregularidades, amparos legales y disputas entre constructoras y autoridades. La obra, adjudicada a la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) -propiedad de Carlos Slim- fue, según autoridades actuales, entregada incompleta a pesar de haber recibido el pago total de los montos contratados.
Esto derivó en investigaciones, auditorías y vinculaciones a proceso por presuntas irregularidades y pagos por trabajos no ejecutados. Tal caso refleja un patrón preocupante en la gestión pública local: la construcción de obras con fines más políticos que culturales.
Su inauguración, cerca del término de un sexenio, se proyectó como un logro emblemático, con invitados de alto perfil y discursos sobre desarrollo cultural. Pero la realidad postergada por trámites judiciales y falta de entrega efectiva exhibe una desconexión entre anuncio y cumplimiento.
El resultado es un edificio que, pese a sus promesas de fomentar el acceso al arte y la cultura, no ha podido cumplir con sus fines sociales, y que hoy simboliza el desperdicio de recursos públicos, la falta de planeación sostenible y los daños colaterales de la mala gestión. Espacios como el Centro Cultural no deberían convertirse en monumentos al derroche o en piezas de liturgia política; su valor reside en la vida cultural que generan, y no en el brillo de una inauguración.
… A VUELO DE PÁJARO
Se van los universitarios de vacaciones de fin de año pero adquiere mayor relevancia la pretensión de imponer a Carlos Pérez Campos Mayoral como sucesor del rector Cristian Eder Carreño López. Fue director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UABJO y ha sido mencionado con nepotismo y controversias. Su presencia no puede analizarse como un simple proceso administrativo o de sucesión institucional. Se trata, más bien, de un episodio que vuelve a exhibir las debilidades estructurales de la vida democrática universitaria, donde los acuerdos cupulares y los intereses de grupo suelen imponerse sobre el debate académico y la voluntad de la comunidad.
¿Negocios?
El senador Gerardo Fernández Noroña criticó duramente el desempeño y actuación de Carlos Vichido Hernández, secretario de Infraestructura y Comunicaciones de Oaxaca (Sinfra). Lo acusó públicamente de maltrato y prepotencia hacia ciudadanos que solamente piden obras para mejorar sus condiciones económicas y sociales. Esto mereció que el gobernador Salomón Jara saliera en su defensa y decir “está muy equivocado”, y “está perdido el Noroña, con todo respeto. Yo pensé que era un hombre que pensaba bien” y pregonó no existen vínculos entre las obras públicas ejecutadas en Oaxaca y supuestos intereses familiares o políticos.
46 años
En plena época de posadas, calendas y fiestas decembrinas, la Sección 22 realizará una marcha para conmemorar el 46 aniversario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La convocatoria firmada por la secretaria general, Yenni Aracely Pérez Martínez, y el secretario de Organización, Nicéforo César García Zurita, pregonan: “Por la educación al servicio del pueblo”. Sin embargo, busca enaltecer su fuerza sindical con una historia profunda de lucha por derechos laborales, autonomía y un proyecto educativo alternativo. No obstante, esa misma dinámica de conflicto permanente ha generado efectos adversos sobre la educación de miles de niñas, niños y jóvenes, cuyos derechos educativos se han visto comprometidos.
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