Es indudable que los objetivos de la obra pública se siguen persiguiendo, aunque con la molestia e irritación de los constructores locales, quienes insisten en que las obras de mayor alcancen no se repartan entre empresarios de otras partes del país. Desde hace varios sexenios sostienen que el 90 por ciento de contratos se asigna a empresas locales, pero en contraste, los dineros destinados a las mismas equivalen al 10 por ciento del total presupuestado.
Ante la serie de señalamientos por presuntos actos de corrupción, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental debe realizar de manera cotidiana auditorías a los recursos presupuestales provenientes por los servicios de supervisión de obras, cuyas observaciones se encuentran en proceso de solventación. En especial para evitar que se repitan historias del pasado donde se exhibieron grandes vicios que terminaron en grandes fortunas de quienes fueron funcionarios.
Más allá de buenas o malas cuentas, opacidad o falta de transparencia, abusos o discrecionalidad, los oaxaqueños desean que los trabajos iniciados no se queden a medias. Si en el pasado inmediato se detectaron pagos a obras jamás emprendidas, sin que hasta el momento alguien haya respondido por ello, la ciudadanía mantiene una permanente vigilancia a que no haya impunidad ni corrupción en la obra pública.
Ante la falta de claridad en la asignación de obra pública por parte de Sinfra, diversos representantes populares han exigido claridad y transparencia sobre las formas de contratación que ha llevado la dependencia, así como la justificación en aquellos casos en que no se ha hecho por licitación, los montos y las empresas a las que se les adjudicaron.
Existe una honda preocupación entre los oaxaqueños porque en el sexenio pasado nos engañaron, el proyecto más ambicioso como lo fue el Programa Platino nunca despego. Los proyectos Paso Ancho, Paso de la Reyna, el Libramiento Sur y el Circuito Interior, así como la edificación de cinco polideportivos, rellenos sanitarios, desarrollos habitacionales, un Centro Cultural y de Convenciones y el Proyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, solo fueron un engaño más que los oaxaqueños exigen no se vuelva a repetir.
Castigar la violencia
En los últimos días los oaxaqueños han sido testigos de cómo grupos políticos y sociales han llegado a Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial a tomar como rehenes a empleados y trabajadores con la intención de llamar la atención de las autoridades para que sus demandas sean atendidas. Acciones que violan las garantías individuales de todos ellos y generan un ambiente de irritación que de atenderse podría generar más violencia.
Oaxaca no puede seguir inmersa en la violencia y la anarquía de estos grupos, pues al margen de que salgan a las calles a expresar su sentir no puede ni deben atentar contra terceros. Nadie se opone a que ejerzan su derecho a manifestarse, pero siempre y cuando lo hagan sin lesionar las garantías de terceros, de empleados al servicio del Estado, de empresarios y comerciantes que crean empleos y que no se meten con ellos.
La debilidad de un estado de Derecho que proteja la integridad física de las personas y de los bienes genera un ambiente poco propicio para la inversión y el comercio, lo que impacta negativamente la formación de capital, la competitividad de las empresas y la generación de empleos productivos. Pero sobre todo, deteriora la vida cotidiana de las personas que día a día ven disminuir la aplicación estricta de la ley en contra de quienes alientan actos delictivos.
Ante la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades, los burócratas han decidido suspender sus actividades hasta que se garantice su integridad física. Sin que hasta el momento nadie haya salido a fiar una posición sobre las agresiones, pues el vandalismo desatado por un grupo de personas también ha sido en contra de inmuebles públicos y privados, edificios históricos y establecimientos comerciales.
Hoy la ciudadanía demanda aplicar la ley para evitar que persista la impunidad y la anarquía, actuar con firmeza y contundencia, pues debido a esta indiferencia oficial la propia ciudadanía no acude a la ratificación de las denuncias y presentación de pruebas, pues sabe que nunca se sanciona los ilícitos.
De ahí que la situación de inseguridad sea un reflejo de las consecuencias de no atacar las causas de fondo como la impunidad y violencia que padecen muchos mexicanos. Sin duda es uno de los principales problemas que menoscaban el progreso de la sociedad y que más afectan el bienestar de las familias y la estabilidad de las empresas.
