La inseguridad que se vive en la entidad y el catálogo creciente de atentados, ejecuciones, homicidios dolosos y otros, no son poca cosa. Se trata de una situación inédita por el alto índice de criminalidad que si bien es cierto que no ubican a Oaxaca como una de las entidades más violentas del país, ello no obsta para que la Federación y los organismos civiles nos vean con preocupación. La entidad pues, no está en paz. Es importante no dar a quienes pretenden invertir en el estado expectativas falsas y que mañana o pasado, sean los empresarios quienes por sí mismos se den cuenta de que la realidad es otra. Al pueblo ya no se le engaña. De inmediato aún el ciudadano más modesto responde o emite su opinión en las redes sociales, haciendo del discurso político una parodia. Aquello que los diversos sectores sociales están esperando es que las acciones de Estado que propicie el gobierno estatal, se traduzcan en operativos policiales y militares eficaces, a fin de que las regiones con alta incidencia delictiva, como la Cuenca del Papaloapan o el Istmo, no se conviertan en nuevos focos de violencia como los hay en Guerrero, Michoacán o Tamaulipas. No se trata de descalificar, sólo de confirmar que las acciones que se han emprendido hasta hoy sólo han sido ligeros paliativos.
Las amenazas que ha esgrimido un grupo criminal que ha aterrorizado a la zona de Tuxtepec, luego de lanzar granadas de fragmentación en dos bares de dicha ciudad, con la muerte de un parroquiano y las heridas de otras personas, no son para echar las campanas al vuelo. Es un asunto serio y grave de seguridad estatal. Nuestra insistencia no es sólo por el hecho de descalificar o cuestionar a las áreas responsables de la seguridad pública, sino darle cabida a la denuncia de los que no tiene voz y cada vez nadie les hace caso. Es preocupante la forma en la que se minimizan los temas de seguridad; es aberrante que se diga que Oaxaca está en paz, cuando es sabido de todos la situación de inseguridad y alta criminalidad que padecemos. No podemos hacernos sordos ante el robo a diario de camiones de mercancías en la Mixteca oaxaqueña, por parte de bandas dedicadas a eso. Tampoco se puede omitir la presencia indiscutible de bandas dedicadas al robo de gasolina de los ductos, que no obstante ser un ilícito viejo, hoy en día ha alcanzado dimensiones preocupantes.
Una acción fuera de la ley
La llamada agencia “Vicente Guerrero”, que en mala hora fue reconocida como tal, no obstante tratarse de un asentamiento irregular perteneciente a la Villa de Zaachila, se ha transformado en los últimos tiempos en un permanente dolor de cabeza para el gobierno municipal, estatal y para todo aquel que tiene la mala fortuna de circular por su territorio. Era coto de poder del prófugo Francisco Martínez Sánchez, conocido como “Don Panchito” o “Pancho Mugre”, el mismo que en su intento por trepársele a la barbas al gobierno estatal, fue desconocido como dirigente del Frente Popular “14 de junio”, y puesto fuera de la ley. El sujeto había creado en dicha agencia y colonias circunvecinas un coto delictivo. Lo mismo explotaba a placer el transporte de moto-taxis, taxis, que trató de competir con sindicatos y confederaciones como la CTM y Libertad, en el uso de camiones de volteo, pipas y otros. Pues bien, en un intento turbio y perverso de volver por sus fueros, ha utilizado a seguidores y socios en los negocios turbios, entre ellos al actual agente municipal, Pablo Martínez Calderón, el mismo que la semana pasada, cerró la carretera 175, Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura de la llamada “Y”, durante tres días.
Se trata de un ajuste de cuentas que este sujeto tiene con la presidenta municipal de Zaachila, Marisela Martínez Coronel, por la presunta negativa de ésta de entregarle lo que le corresponde a la agencia, de los Ramos 28 y 33. En el fondo de todo es hacer de dicha colonia un nuevo foco delictivo, que ya lo es, pero fortalecido por la presencia de militantes del Frente Popular. Tanto la “Vicente Guerrero” como algunas colonias populares que se ubican como vecinas: Colonia “Guillermo González Guardado”, “La Zapoteca”, “El Manantial” y otras, se han perfilado como sitios sin ley, en donde la delincuencia se pasea impunemente. Durante los días que mantuvieron cerrada la carretera, los daños económicos para miles de automovilistas o transportistas son inestimables, más tratándose de esta temporada cercana a la fiesta de los Muertos. Más aún, por las afectaciones a los citadinos, habida cuenta de que los camiones recolectores de basura no pudieron hacer su labor, pues la principal medida de presión para el gobierno estatal es el cierre del basurero. La pregunta que muchos nos hemos hecho es: ¿cuál es el argumento del gobierno estatal para evitar más afectaciones a la ciudadanía inerme, ante un evento como éste, en que un grupo de sujetos ponen a miles y miles de rodillas?
