El llamado al magisterio oaxaqueño para que cambie sus métodos de lucha y evite seguir perjudicando la educación de miles de niños, niñas y jóvenes en Oaxaca no se debe echar en saco roto. Se debe analizar por la dirigencia y sus bases debido a que han cambiado sustancialmente las circunstancias y se debe de actuar con madurez, seriedad y responsabilidad para atender sus planteamientos sindicales, pero por encima de todo privilegiar su razón de ser que es la educación de las nuevas generaciones de oaxaqueños.
Ante la serie de movilizaciones realizadas por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), se volvió a exhibir el riesgo de desencadenar violencia y anarquía, y la incertidumbre que causan las acciones magisteriales que pueden inhibir nuevas inversiones y cancelan la creación de empleos permanentes y bien remunerados.
En esta nueva realidad es necesario dejar de abonar a la polarización de la ciudadanía, exhortar a todos los sectores de la población a no caer en las provocaciones para que se abstengan de conflictuarse con otros actores políticos. Los ciudadanos ven con gran preocupación la impunidad con la que se manejan quienes quieren imponer sus agendas por la fuerza, en un país democrático, jamás la violencia puede aceptarse ni naturalizarse como herramienta de presión.
Tanta los trabajadores de la educación como la población en general deben desterrar actos violentos que puedan trastocar el orden y la paz que reclama el estado para mantener su desarrollo. Dejar de promover o alentar amagos y amenazas en contra de la estabilidad social de Oaxaca, pues con sus amenazas lesionan profundamente la convivencia pacífica, el derecho de las personas a transitar sin obstáculos y sin miedo por las calles, carreteras y aeropuertos.
Violencia al alza
Nuestra capital y Juchitán de Zaragoza se disputan el título del municipio más violento en el estado, al confirmarse que en el primer cuatrimestre del año se ha registrado el mayor número de homicidios dolosos. Desde hace varios meses se han identificados 25 municipios que concentran el 80 por ciento de la incidencia delictiva, principalmente delitos de alto impacto como homicidios dolosos.
Aunado a ello, la inseguridad pública y la violencia derivada del crimen organizado mantienen en la zozobra a los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec y al mismo Juchitán, considerados los más importantes de la región del Istmo por su tamaño, población y ubicación estratégica como parte del Corredor Interoceánico que impulsa el gobierno federal.
Distintas voces se han alzado para demandar se incrementen los patrullajes en esos lugares, porque es inadmisible la impunidad con la que actúa la delincuencia y argumentan que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una responsabilidad del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Por ello, insisten en una estrategia para frenar con decisión y firmeza la expansión de la delincuencia en todo el país, pero en especial en Oaxaca, de manera coordinada entre la Guardia Nacional y las policías civiles en los estados y municipios, con la participación estratégica de las Fuerzas Armadas. La articulación del gobierno para contrarrestar a la delincuencia es urgente por los constantes hechos delictivos que lejos de disminuir van al alza.
Frente a la expansión de la delincuencia y a la dimensión alcanzada por la inseguridad, demandan la construcción de un gran acuerdo de unidad nacional, donde todos los sectores del país cierren filas para blindar al país y las familias mexicanas de las amenazas que enfrentan.
