En la conferencia de prensa del gobernador Salomón Jara Cruz, el pasado lunes 6 de febrero, participó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, capital de Fragata, Iván García Álvarez, para dar a conocer que en el estado operan tres cárteles criminales: el CJNG, el de Sinaloa y “Guerreros Unidos”. Ningún descubrimiento nuevo. El dato contrasta con la declaración que fuentes castrenses hicieran hace sólo unos meses, en los que señalaban la existencia de al menos siete grupos criminales. El tema de la seguridad pública debe tomarse con seriedad. Dicho rubro, es sabido de todos, es uno de los que más se le cuestionan al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, por la forma tan superficial en la que se le ha tratado. Sin embargo, en Oaxaca, con 52 homicidios dolosos en diciembre y 64 en enero, la mayoría ejecuciones, es claro que han predominado los balazos y no los abrazos.
En efecto, de diciembre a fines de enero se contabilizaron 116 homicidios, entre ellos 24 feminicidios y un crecimiento preocupante en las desapariciones de mujeres, en su mayoría jóvenes. Se han ignorado aquellos municipios que tienen alerta por violencia de género, en donde se cometen más ilícitos de esta naturaleza. Se aprueban leyes e iniciativas en favor de la mujer, pero entre los responsables de la seguridad pública estatal, se desconoce el monto de los recursos asignados para atender este preocupante tema. En el pasado criticamos duramente el discurso del gobierno estatal, en donde los funcionarios se regodeaban en la comodidad de las mediciones oficiales, para declararnos como una de las entidades más seguras del país. Las cifras son frías y duras, por lo tanto, no mienten. El problema, sin embargo, no se va a resolver usando los esquemas trillados de la 4T: echarle la culpa al de atrás, como una justificación de la propia incompetencia.
Ahora hasta balaceras se dan en las calles de nuestra capital, como si estuviéramos en Zacatecas, Guanajuato o Tamaulipas, creando terror y zozobra entre la ciudadanía. Mucho se pondera al turismo como un factor importante para el desarrollo económico, pero, de seguir así, no tarda en que algunos países adviertan a sus connacionales del riesgo que implica viajar a nuestra entidad, ya de por sí golpeada por bloqueos carreteros, a vialidades y toma de casetas de cobro. Como en el 2006, sólo que ahora motivado por acciones criminales.
El retorno: Disco rayado
El tema del retorno de los indígenas triquis supuestamente desplazados, a Tierra Blanca, Copala, se ha convertido en un cuento de nunca acabar. Al menos tres intentos fracasaron en el gobierno pasado. Y otros tantos se le acumulan a la actual administración. Sin duda alguna, el tema es prioritario para este gobierno. El 23 de diciembre de 2022 se instaló la “Mesa para la construcción de la paz, justicia y bienestar de la Nación triqui”. El 4 de enero tuvo su primera reunión. Pero nada más. Sólo buenos propósitos. Cada que asoma la posibilidad de que todos vivan como hermanos de raza que son, no faltan las acciones criminales que enturbian no sólo las mesas de diálogo, el retorno a sus lugares de origen, sino el loable propósito de concertar la paz.
Como ya hemos comentado en este espacio, el sábado 27 de enero, un militante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui –el MULT- fue asesinado en la zona. Su hijo fue herido. Y el pasado jueves, tres militantes más de dicho grupo fueron asesinados, entre ellos dos mujeres y un varón más resultó herido. La responsabilidad apunta al MULTI. Son hechos que se repiten de manera constante. Esto es: hay mano negra para seguir con este baño de sangre. Miembros de una misma etnia se exterminan entre sí. Son incapaces de vivir en paz. Sin embargo, hay un factor que siempre se soslaya en el tratamiento con dicha etnia. Y es la aplicación de la ley. Los responsables tanto materiales como intelectuales nunca son detenidos. Y ello ha formado un círculo vicioso de emboscadas y vendettas, producto de algo que lo saben en el gobierno pero no se actúa: un presunto tráfico de armas.
Esta política blandengue ha sido aprovechada por otro segmento de supuestos desplazados. Las triquis fue fueron desalojadas de los pasillos del Palacio de Gobierno el 2 de diciembre pasado, luego de que le fueran retiradas las medidas cautelares, insisten en regresar. Funcionarios de la Secretaría General de Gobierno se han reunido con ellas, en al menos 15 ocasiones. Y les han ofrecido el oro y el moro. Pagarles la renta de espacios y de casas en el primer cuadro de la ciudad, para que vendan sus productos, entre otras. Siempre lo hemos dicho y con todo respeto a nuestros pueblos originarios: ser indígena no es una patente de corso para estar más allá o por encima de la ley. Tenemos una Constitución, si bien es cierto que cada día más pisoteada; una historia común; Símbolos Patrios y una bandera que nos cobija a todos por igual.
