Los asaltos en carreteras, en casetas de cobro o el vandalismo en nuestra capital, siempre tiene un factor en común: en su mayoría son cometidos por jóvenes de ambos sexos, que se dice estudian en el sistema de normales del estado. Pero han aprendido bien la lección de sus guías morales de la Sección 22: siempre se asumen víctimas de la represión policial, pese a que se les descubra en flagrancia cometiendo delitos del orden común, como fue el caso la semana antepasada, cuando estudiantes de las Escuelas Normales Rurales de Tamazulapan, Mactumactzá, Chiapas y Ayotzinapa, Guerrero, fueron “encapsulados” por elementos de la Policía Federal en inmediaciones de Asunción Nochixtlán, cuando saqueaban un tracto-camión de productos lácteos.
Se trata de un asalto carretero, de un robo con violencia, es decir delitos tipificados en el Código de Procedimientos Penales como graves. Peor aún, los responsables fueron fotografiados y video-grabados cuando cometían sus fechorías. Sin embargo, una vez detenidos fueron dejados en libertad, seguramente para evitar que los delincuentes –eso son y nada más- fueron como siempre a rasgarse las vestiduras y argumentar abuso policial.
Lejos de refugiarse en su guarida, es decir, en las instalaciones de la Normal Rural Vanguardia, en Tamazulapan del Progreso, siguieron atracando en la caseta de Suchixtlahuaca, que han utilizado ya como un botín permanente en donde atracan automovilistas o dejan pasar a cambio de una cuota. Y la semana pasada robaron una patrulla de la Policía Municipal de Coixtlahuaca. Es decir, se comete un nuevo delito que las autoridades han dejado pasar sin castigo, pues dichas casetas, con la de Huitzo o Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, se han convertido en rehenes favoritos de normalistas, comuneros, maestros, porros universitarios, etc.
Cualquier hijo de vecino puede ir atracar dichos puestos sin recibir castigo. Cuestión de enfoques o la nula vigencia de la ley que, al menos en Oaxaca, parece ser letra muerta cuando se trata de maestros y normalistas. Hay ejemplos en sentido contrario que valdría la pena destacar. Cuatro normalistas de Chiapas ya descansan en el Penal de “El Amate” desde la semana pasada, luego de que una turba de los mismos incendiara oficinas de la Secretaría de Educación de dicha entidad. Varios fueron detenidos, pero sólo cuatro fueron vinculados a proceso. Los incendiarios tendrán que responder de sus actos criminales. Pero aquí no pasa nada. La impunidad campea.
Nuevas anomalías
Durante algún tiempo, entrado ya el 2016, en este espacio editorial apuntamos una serie de anomalías que se estaban dando en la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, en torno a ministraciones destinadas a municipios. Dimos cuenta de ex funcionarios de segunda importancia que manejaban la información de los recursos que se etiquetaban para ciertos municipios, pero que faltando a toda ética, crearon despachos contables paralelos y de asesoría, para birlarle a dichos municipios parte de los presupuestos autorizados. Hace unos días, como lo publicamos en las páginas de El Mejor diario de Oaxaca, EL IMPARCIAL, el ex Secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, fue objeto de nuevas acusaciones luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ampliara el expediente de irregularidades durante la gestión de Arnaud, al reportar una probable malversación de más de 246 millones de pesos, destinados al Fondo Municipal de Participaciones (FMP) y de Fomento Municipal (FFM), correspondiente al 2016, una situación que –como ya hemos dicho- a tiempo se ventiló en los medios de comunicación, pero se hizo caso omiso.
A casi un año de haber iniciado esta administración, se siguen detectando anomalías e irregularidades en el manejo del presupuesto estatal, en los años de gestión del ex gobernador Gabino Cué, quien se sabe, goza de cabal salud pese a ser el directo responsable del quebranto financiero que arrastra este gobierno. En efecto, falta aún por desentrañar la serie de corruptelas, de sobornos recibidos, de favoritismo y otros pecadillos que se dieron, por ejemplo, en la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), en tiempos de Netzahualcóyotl Salvatierra, sobre todo de la irregular distribución de más de diez mil millones de pesos destinados a obras públicas, a un directorio menor de diez empresas foráneas, dejando en la indigencia a cientos de empresas locales.
Falta aún por desentrañar el desvío de recursos del Fondo Regional (Fonregión), que el mismo funcionario operó sin recato alguno, para favorecer a ciertas empresas, sin importar que el recurso estuviera ya etiquetado para cuestiones específicas. El gobierno de Alejandro Murat, a través de las instancias competentes, debe continuar en su tarea de develar lo que ocurrió en la pasada administración, a fin de saber cuál fue el trasfondo de que haya recibido un erario público en la indigencia total.
