Si hay algo que ha lastimado y sigue lastimando a los oaxaqueños, es la impunidad con la que actúan ciertos grupos, organizaciones, gremios y otros. Algunos ya cebados sobre el pueblo inerme. En el gobierno anterior, como si fuera un mérito notable, se dijo a los cuatro vientos que jamás se había usado la fuerza pública. En éste, ya se han dado muestras de que no se habrán de tolerar excesos y atropellos. Pero con los vándalos disfrazados de normalistas, parece que han doblado las manos. Si partimos de la premisa de que los gobernantes son los mejores informados de la sociedad, no se puede poner en tela de juicio el señalamiento del ejecutivo estatal, a su correligionario de Morena, el diputado federal, Irán Santiago Manuel, como el principal instigador de esta actitud provocadora. Normalistas, como otros sectores estudiantiles, son utilizados como carne de cañón. No pocas veces hasta sacrificados para sacar raja política o prebenda económica por parte de sus titiriteros.
El caso de Ayotzinapa, en cuya investigación han fracasado tanto neoliberales como transformadores, pues la verdad sigue siendo un misterio, fue un duro golpe para el pueblo mexicano. Pero tal parece que la lección nunca fue aprendida. Hay que ver sólo los atropellos y provocación para darse cuenta que no actúan por convicción ni en exigencia de demandas legítimas, sino como mercenarios que pelean por la paga. La infiltración de delincuentes se puede constatar con los desmanes de jóvenes intoxicados con marihuana. Sólo bajo esos efectos queman llantas, secuestran a diario unidades del transporte urbano, cierran calles y avenidas, golpean a personas de la tercera edad o secuestran funcionarios. Pero hoy como en el pasado, parecen tener la etiqueta de intocables. Una y otra vez, en medios impresos, electrónicos y redes sociales, el pueblo ha exigido al gobierno estatal ponerles un hasta aquí.
Existe un pleno convencimiento de que el bono democrático no es un cheque en blanco; tampoco es perpetuo. Si el gobernador fue al inicio de su gestión aplaudido al desalojar a los triquis que durante doce años se apropiaron de los pasillos del Palacio de Gobierno, no esperemos que haya rechifla ante los atropellos a los derechos humanos del ciudadano de pie, por parte de esta caterva de vándalos y viciosos, denominados normalistas, sin que el gobierno aplique la ley y actúe en consecuencia, sin dejar impune al titiritero diputado que dice y repite que es inocente de las acusaciones.
Otra vez culpando al pasado
Sin duda alguna, el saqueo de al menos 800 vehículos, entre automóviles, motocicletas y bicicletas, en el encierro municipal “Primavera”, sin que dichos bienes hayan sido incorporados legalmente al patrimonio municipal, ha metido al gobierno de Oaxaca de Juárez en un serio dilema. No tarda en que las quejas de aquellos cuyas unidades estaban afectas a carpetas de investigación o sujetas a proceso judicial o, en su defecto, no las hayan recuperado por los costos excesivos, reclamen sus bienes. No basta con decir que el robo o saqueo de unidades ahí depositadas eran algo común en gobiernos pasados, sino los mecanismos legales que habrá de aplicar el ayuntamiento citadino para dar una respuesta conforme a derecho a quienes resulten afectados. Lo cierto es que, según se ha informado a lo largo de este escándalo, se trató de una acción concertada a espaldas del edil capitalino. Es cierto, el pago de los predios en donde se ubican los corralones es una carga financiera, pero ello dista mucho de vaciarlos sin un marco jurídico legal que valide esta acción.
Para los especialistas, la primera acción que debió aplicarse fue la realización de un inventario de vehículos, especificando la situación legal de cada uno, así fuera vil chatarra. El aviso a los afectados en los instrumentos legales. La elaboración de un marco jurídico para la incorporación de dichos bienes al ayuntamiento de la capital y la posterior desincorporación de los mismos, vía remate o venta. Y, finalmente, el producto de las mismas y su ingreso a la Tesorería municipal. Sin prejuzgar ni hacer acusaciones o señalamientos, tal parece que quienes orquestaron esta maniobra, lo hicieron de manera premeditada y concertada para beneficiarse económicamente, aún a costa del desprestigio del gobierno local.
Según lo han dado a conocer funcionarios municipales, tanto el Órgano de Control Interno como la Fiscalía General del Estado cuentan con la información necesaria sobre esta operación ilícita. Todo ello se dio desde hace meses, pero recientemente salió a la luz, justo cuando han pasado ya cinco meses de que el problema del relleno sanitario no tiene una solución y a más de un año que fue denunciado el boquete financiero por más de 400 millones de pesos que le dejaron al gobierno municipal actual, sin que haya visos de fincar responsabilidades. Es decir, el favoritismo y solapar conductas lesivas, a pesar de que obstaculizan la buena marcha del ayuntamiento, parece ser la constante.
