Durante los seis años del devastador “gabinato” que padecimos los oaxaqueños, hubo 69 denuncias penales por agravios contra periodistas ?Saben en cuántas se aplicó la justicia? En ningún caso.
Esto es consecuencia de la gran impunidad que estableció el cuasi vicegobernador Benjamín Robles Montoya, durante el funesto sexenio pasado, para proteger a los grupos de sicarios y cabecillas de sindicatos emergentes que creó en todo el estado, principalmente en la capital. Concebía la posibilidad de usarlos para contrarrestar la fuerza de sectores del PRI como CNC, CNOP, CROC. También para amedrentar a los periodistas incómodos. Con esta idea los cebó, les dio inmunidad total -hasta para agredir a periodistas-, concesiones de transporte público y dinero, mucho dinero público. Más de cinco mil permisos les entregó en dos años el entonces titular de la Sevitra, el perredista Pedro Silva, por órdenes del hombre fuerte del “gobierno del cambio”.
Es tan perversa la actitud política de este senador que en gran parte del país lo tachan de “enemigo de la Prensa” por sus trapacerías desde Michoacán donde fue espía de los medios. Pero su ruindad no la reciente sólo la prensa, también la política. Organizó estos grupos virulentos convencido de que entre más agresivos generarían un ambiente de ingobernabilidad. El miedo que provocan sus acciones obliga al gobierno a darles canonjías y hasta impunidad. Es decir, doblegar a las autoridades a sus intereses. Así los acostumbró Gabino y así insisten en seguir operando en el gobierno de Alejandro Murat.
Con esta estrategia actuaba la organización 14 de junio igual que los incendiarios del Morena que encabeza Flavio Sosa con su terror mediante las quemazones. Lo mismo sucede con la “ley de la selva” que insisten en aplicar los del sindicato Libertad con Érick Luis Villaseca, uno de los pocos sobrevivientes de la familia Luis cuya ambición en el control de estos grupos, los llevó al fratricidio. A la CTM que parecía seguir los mismos pasos de violencia y corrupción, parece que su amo, el PRI, le ha jalado las riendas.
Estos grupos de interés, con excepción de la CTM, fueron creados por el senador chilango. Actuaban con la seguridad de que al “accionar” con desatada violencia, presionarían más y hasta generarían miedo entre la sociedad y el mismo gobierno. Esto explica las recientes acciones de los activistas de los sindicatos Libertad, CNP, “14 de Junio”, amén de los grupos rémora del cártel 22.
En los tres años que el hoy senador del PT operó como vicegobernador de facto, sucedieron la mayoría de las agresiones de estos grupos contra los comunicadores. Agredieron a dos mujeres reporteras, una de ellas embarazada a los colegas fotógrafos les robaron sus cámaras y demás instrumentos de trabajo, mataron a dos voceadores de El Imparcial del Istmo, descalabraron al colega Fernando Cházares, en la sierra Mazateca. La cadena de agresiones, asesinatos, amenazas es tan larga que suman 69 y no hay un solo asomo de justicia. Se ha impuesto la voluntad de sátrapas como los altos funcionarios del sexenio pasado.
Son denuncias que van a ser rescatados del archivo de la ignominia. Así lo ha manifestado públicamente el Fiscal General del estado, el doctor Rubén Vasconcelos Méndez.
En tres reuniones públicas, he visto la decisión del jurisconsulto Vasconcelos y su voluntad política de llevar a buen término esos 69 expedientes (carpetas de investigación). Me comprometo, dijo el lunes pasado en un encuentro con comunicadores en la Casa del Periodista (APO), “no solo a una eficaz investigación sino también a una eficaz impartición de justicia”. Anunció que va a revisar cada uno de los 69 expedientes que ya se concentraron en la naciente Unidad Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Esta oficina a cargo del maestro Jorge Alberto Flores Sánchez depende de la fiscalía para delitos de alto impacto a cargo del también maestro Juventino Pérez López. En estos funcionarios está la responsabilidad de poner fin en Oaxaca, la impunidad de los que cometen y han cometido, delitos contra comunicadores.
Al escuchar al Fiscal General y a sus colaboradores en esta área, renace la esperanza de que el gobierno de Alejandro Murat hace suya la inquietud de los comunicadores que, de alguna manera, nos sentimos inhibidos con las agresiones y la no aplicación de la justicia contra los responsables. Oaxaca es el primer estado que establece una unidad especializada para la investigación de delitos contra la Libertad de Expresión. El Fiscal General anunció la integración de un Consejo Consultivo con representantes de organizaciones de periodistas y de la sociedad civil que serán los garantes del cumplimiento de las metas de la naciente Unidad Especializada. Al finalizar, el fiscal hizo un mayor compromiso ante los periodistas:
Yo les voy a decir, en un tiempo perentorio, no cuántos casos ha investigado la Unidad Especializada, sino “cuantos casos hemos resuelto”.
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