El pasado 19 de septiembre, se ejerció acción penal en contra de dos ex Secretarios de Finanzas del gobierno de Gabino Cué, como presuntos responsable del delito de peculado por cien millones de pesos, que habrían sido desviados. Uno de ellos, por mandato del juez de control, libra su proceso en arresto domiciliario, luego de que sus abogados argumentaran problemas de salud. Si bien es cierto que hubo presiones de diversa naturaleza política y hasta mediática, esta situación sienta un mal precedente, pues hace presumir que todo es un circo mediático, pues a la menor presión los órganos que procuran e imparten justicia se doblegan. Lo más preocupante fue una declaración reciente del Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, en el sentido de que los detenidos por el quebranto económico en el gobierno, “han colaborado”, dejando entrever su posible libertad. La pregunta que todo mundo se hace en Oaxaca es: ¿acaso el gobierno está jugando?, porque la evidencia del saqueo ha sido evidente y jamás se podrá resarcir con un aplicación graciosa y de connivencia de la ley.
El gobierno de Alejandro Murat, a través de los órganos competentes, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, entre otros, deben ir a fondo e indiciar a otros saqueadores. Aún faltan varios y no hay que dar paso a la interpretación ciudadana de que hubo tal vez algún arreglo para que las corruptelas quedaran en la impunidad. Hasta este momento, existen sospechas de que no se está aplicando la ley de manera enérgica y sin distinción como compete a una entidad en donde se presume hay vigencia de la ley. Hay que recordar que durante los primeros meses de la administración de Gabino Cué, en 1999, se convirtió en un tema cotidiano de medios, la posible consignación una veintena de ex funcionarios corruptos, muchos de los cuales no han vuelto a Oaxaca, sin que se llegara a nada. Todo fueron promesas incumplidas y los oaxaqueños nos sentimos defraudados. Eso es lo que no debe ocurrir en este gobierno. El pueblo está harto del saqueo de las arcas públicas, pero más aún que los responsables jamás sean castigados. Sólo hay tres ex funcionarios detenidos, uno de ellos en su casa, en donde enfrentará en arraigo domiciliario su proceso, pero en la lista que día a día develaron los medios de comunicación, durante al menos cuatro años del pasado régimen, aún hay muchos más que esperan la acción de la justicia, principalmente el saqueador más voraz: Jorge Castillo.
Un informe a modo
Aun año cuatro meses de los hechos registrados en Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, en donde murieron siete personas, todas civiles y al menos doscientas más heridas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que preside Luis Raúl González Pérez, dio a conocer el informe que realizó dicho órgano autónomo, respecto a los hechos registrados en dicha población y en lo que pudo acreditar graves violaciones a los derechos humanos. Todo apunta a que los resultados eran ya esperados. En el informe referido se dice que el operativo para liberar las vialidades, que maestros de la Sección 22 –como ya es usual- y adláteres habían tomado, no fue debidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, ni se observaron debidamente los protocolos para el uso legítimo de la fuerza. Por tanto, emitió una serie de recomendaciones para gobierno de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de Seguridad y a la PGR, “por violaciones graves a los derechos humanos”. No comenta a fondo los graves atentados a los derechos de los niños, que no toman clases; al derecho a la educación; a la libre circulación y la práctica de conculcar los derechos civiles de parte de mentores y grupos radicales enquistados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Tampoco se comenta que la fuerza letal, también les fue aplicada a civiles y policías federales y estatales por parte de sujetos de organizaciones sociales estrictamente violentas como son las que dirigen Flavio Sosa Villavicencio de COMUNA; Germán Mendoza Nube, Macario Otalo Padilla y Efraín Valladares, del Frente Popular Revolucionario (FPR); Omar Esparza del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y hasta Maurilio Reyes Santiago, “asesor en jefe” de la franquicia denominada Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), principales instigadores de la violencia, que ahora salen con las manos limpias. Tampoco se mencionan los daños a terceros, como son los propietarios de los camiones que fueron incendiados por pseudo revolucionarios, eternas víctimas, que usan la violencia sin reparar en los derechos civiles de los demás, pero ciertos de que los informes tanto de la CNDH como de la Defensoría Oaxaqueña (DDHPO), siempre los ubicarán en el papel de víctimas. Tampoco se menciona que los pobladores de Nochixtlán, perdieron casi la libertad de vivir en la comunidad que los vio nacer. Fueron 106 policías heridos: 74 en Nochixtlán, 4 por arma de fuego; 13 3n Huitzo; 5 en Hacienda Blanca y Viguera y 14 en otros lugares. ¿Y los uniformados no tienen derechos humanos?
