De una cosa podemos estar ciertos los ciudadanos: en lo que va de actual gobierno, ni obras ni acciones. No se perfila por ningún lado, por ejemplo, una política de desarrollo social que incida, así sea en una mínima parte, a abatir nuestra ancestral pobreza. De no ser los programas federales que están en marcha, nada hay en el actual régimen estatal digno de mencionarse. En torno a la obra pública, todo se ha ido en ofrecimientos y promesas. El mejor ejemplo de ello son las carreteras al Istmo y a la Costa. La primera sigue en suspenso; en la segunda recién se reiniciaron los trabajos, pero su terminación está programada para el 2020. En lo que se refiere a la creación de empleos y el desarrollo económico, nuestra realidad quedó más que clara con la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, Juan Pablo Guzmán, hace unos días ante el Congreso del Estado: cifras maquilladas, falsas, que no corresponden a la realidad lacerante de la entidad, sin fuentes de empleos y con la mayor parte de la fuerza de trabajo en la informalidad. Los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2022, ni siquiera se mencionan. Este régimen va dando tumbos, entre la inmediatez y las ocurrencias.
Muchos nos preguntamos: ¿Quién o quiénes asesoran al jefe del ejecutivo, que en cada presentación pública hay errores que parece ser que nunca se terminan de corregir? Nadie medianamente cuerdo gobierna sin el consejo y la asesoría de quienes conocen nuestra realidad. Cerrarse a escuchar creyendo que se sabe todo es un error, que más tarde que temprano mostrará sus efectos perniciosos. Es importante subrayar que a casi dos años de distancia ya no vale el argumento de echarle la culpa al de atrás. Ya es tiempo de que en el actual gobierno se pongan las pilas –como se dice vulgarmente- y dejen de estarse quejando de los saldos del pasado. El pueblo oaxaqueño exige acciones concretas, de gobierno y de Estado, no promesas ni ofrecimientos falsos. La agenda pública tiene demasiados cabos sueltos. Uno de los principales problemas, por ejemplo, es el de la inseguridad. Pero los responsables ni se preocupan. La tríada está convencida de que ahí están en sus cargos atornillados y seguros. En obra pública igual y en desarrollo social lo mismo. Vamos pues dando tumbos, sin que algo haya recapacitar al que manda para reencausar el camino.
Retirar concesiones y aplicar la ley
Ya es común escuchar a funcionarios mayores y menores afirmar, cada que se da un evento como el del pasado lunes, cuando el Sindicato Libertad, líderes y secuaces ahorcó la capital oaxaqueña, que habrá un retiro inmediato de concesiones a los transportistas que participen en bloqueos. Una prueba de que se trata sólo de una amenaza es que al día siguiente del desgarriate, los camiones de volteo y vejestorios que sirven para acarrear materiales, así como taxis y moto-taxis, siguen circulando y haciendo su labor de desafío a la ley. Es pues una forma de tomarle el pelo a la ciudadanía: ni existe el interés de hacerlo ni mucho menos se aplicará la ley que en Oaxaca es –siempre lo hemos dicho- sólo una ficción. Cuando el gobierno estatal asuma su papel de no actuar con temor y los funcionarios timoratos enarbolen la ley por encima de sujetos particulares, sindicatos u organizaciones sociales, podemos tener la certeza de que Oaxaca será otra entidad y no ese amasijo de problemas que es hoy. El crecimiento de las anomalías e irregularidades que existen en el transporte, no son nuevas en efecto, sino que vienen de atrás. Pero tampoco es válido seguir echando la cinta atrás y culpar al anterior de las torpezas e incapacidades del momento. Una y otra vez hemos dicho que no hay mejor camino que vincular a proceso a los rijosos y reestructurar el transporte concesionado.
Lamentablemente dicho sector se encuentra permeado por grupos cuasi criminales que no permitirán ni el retiro de concesiones ni, mucho menos, que se apliquen situaciones de fuerza y legalidad. Es impresionante el sistema tan silvestre y anacrónico de transporte público que tienen los oaxaqueños. Primero, en la ciudad, un pulpo camionero que incrementa el precio en el pasaje sin cambiar un ápice el parque vehicular. Y hay razón. El “encargado del despacho” de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOVI), es él mismo concesionario –o su familia- por lo que él sólo ve sus intereses personales o familiares. No existe pues vocación de servicio y deseos de servir a la ciudadanía. La debilidad del actual régimen se ve en la existencia hoy en día de al menos cinco dependencias del gabinete legal, que no tienen titular, sino encargados: la Secretaría de Administración, Salud, Cultura y Artes, Movilidad y Transporte y Asuntos Indígenas –si es que se le removió para facilitar las investigaciones sobre el triple crimen cometido en Juchitán de Zaragoza, el pasado 2 de junio-. ¿Cuáles son los razonamientos legales para mantenerlas así? Sólo en la estructura de poder lo saben. Los ciudadanos sólo observamos.
