• Atrapados
• Revocación
El nepotismo en México representa una de las prácticas más persistentes y dañinas dentro de la vida pública y privada del país. Aunque se disfraza muchas veces de “confianza” o “lealtad”, en realidad constituye una forma de corrupción que privilegia los lazos familiares o personales por encima del mérito, la capacidad y la transparencia. Esta costumbre, arraigada históricamente en la cultura política mexicana, y que se ha acentuado en los estados, ha contribuido a perpetuar desigualdades, obstaculizar la movilidad social y debilitar las instituciones.
En este escenario, el poder de los apellidos sigue pesando más que la capacidad, ante lo cual el nepotismo continúa siendo una de las formas más visibles y normalizadas de corrupción en el país. Pese a los discursos oficiales sobre transparencia y meritocracia, los vínculos personales siguen abriendo más puertas que los logros profesionales.
En la política mexicana, el nepotismo se ha convertido en una tradición no escrita. Gobernadores, alcaldes y funcionarios de todos los niveles suelen colocar a sus parientes en puestos clave, garantizando así una red de lealtades que asegura el control interno, pero también perpetúa la mediocridad y la falta de resultados. No son pocos los casos en que los mismos apellidos aparecen generación tras generación ocupando cargos públicos, como si el servicio al país fuera un asunto hereditario.
El costo del nepotismo es alto. Reduce la confianza ciudadana, alimenta la impunidad y debilita la credibilidad de las instituciones. Ante tales condiciones nuestro país no podrá avanzar mientras el acceso al poder o al trabajo dependa de los vínculos personales más que de la competencia profesional. Romper con esta cultura requiere valentía política y social: sancionar a quienes la practican, transparentar los procesos de selección y, sobre todo, cambiar la mentalidad de que “el compadre” siempre tiene preferencia.
Hasta que eso ocurra, el país seguirá atrapado en un círculo vicioso donde el apellido pesa más que el talento, y el mérito sigue esperando su turno.
… A VUELO DE PÁJARO
Lejos de tratarse de incidentes aislados, los ataques, amenazas y asesinatos de presidentes municipales evidencian un fenómeno que pone en riesgo no solo la gobernabilidad, sino también la democracia y los derechos ciudadanos en comunidades marginadas. En Oaxaca, la figura del presidente municipal se encuentra particularmente expuesta. Por un lado, muchos municipios tienen recursos limitados, cuerpos policiacos débiles, dependencias sobrecargadas y una cercanía real con estructuras de violencia y crimen organizado. Las amenazas se traducen en múltiples acciones: extorsión, solicitudes de custodia, emboscadas, asesinatos. Según el gobierno estatal, tres presidentes municipales tienen protección personal 24 horas tras recibir amenazas graves.
Denuncia
A través de una carta dirigida a Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), organizaciones del Observatorio Comunitario y Ciudadano del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) denunciaron que la Comisión Estatal de Agua inició un proceso de licitación irregular para la construcción de la presa “Margarita Maza” ya que la manifestación de impacto ambiental aún está en evaluación. La organización presentó una demanda de amparo en relación con el proyecto de la Presa Margarita Maza, antes conocida como “Paso Ancho”, con el objetivo de exigir el cumplimiento del derecho de acceso a la información y participación en proyectos públicos que impactan el medio ambiente y el agua.
Revocación
Ante el inminente proceso de revocación de mandato, en las últimas semanas, diversas voces ciudadanas y políticas han advertido sobre las presiones que enfrenta el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que ponen en entredicho la autonomía del organismo electoral y revelan la fragilidad de las instituciones encargadas de garantizar la democracia en el estado. Alertan de supuestas injerencias externas que podrían condicionar su actuación, donde aparecen funcionarios públicos, actores partidistas e incluso grupos de poder locales que estarían intentando influir en decisiones clave: desde la integración de los consejos distritales hasta la logística del propio proceso de revocación.
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