La toma de posesión del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se dará en un ambiente de incertidumbre y zozobra. Sin pesimismo de ninguna especie, la caída en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el alza en el dólar respecto al peso y el anuncio de algunos diarios influyentes como The Wall Street Journal (WSJ), advirtiendo riesgo para las inversiones, hace pensar que el sacrificio de la voluntad democrática depositada en las urnas el pasado primero de julio, apenas empezará a cobrar facturas al pueblo mexicano. A ello hay que agregar que según una encuesta publicada en reconocido diario de la capital del país, la imagen de AMLO se desplomó al menos nueve puntos en las últimas semanas. Todo ello concatenado hace pensar en un panorama adverso. Ya hace días comentamos respecto a la designación de los llamados súper delegados, que son representantes del Poder Ejecutivo federal con atribuciones inconstitucionales, pues no sólo estarán a cargo de vigilar la inversión federal y los recursos que se canalizan a las entidades federativas, sino asimismo, atribuciones en materia de seguridad. Pero no es ello lo que preocupa, sino que asuman un papel paralelo al ejecutivo estatal, trastocando el mandado constitucional y el Pacto Federal.
El inicio pues del gobierno de AMLO se anticipa con más pesimismo que optimismo. Ya no son las declaraciones imprudentes y sosas con las que habrá de salir al paso. Se asume que deberá adoptar el papel de estadista. Las ocurrencias, los desplantes, como el “no dejaré que me chantajeen”, aludiendo a los gobernadores, entre otros, anticipan escenarios complejos, que por supuesto no ven esos 30 millones de ciudadanos que se volcaron en las urnas para votar por el hoy presidente electo. Pretender hacer consulta popular de las decisiones que se asuman para el país, sin un plan establecido ni la metodología adecuada, nos está sumergiendo en una farsa democrática que hará perder la confianza en los organismos internacionales y en nuestros socios comerciales. Nada tan grave como ello. México no puede vivir aislado ni podrá remontar sus problemas económicos por decisiones unilaterales. Por el contrario, existen riesgos latentes de recesión y crisis, de los cuales el pueblo habrá de pagar los platos rotos, como siempre. Es tiempo de llamar a la mesura tanto al equipo de gobierno como a los representantes populares, muchos de los cuales quieren sólo llevar agua a su molino.
Obligada auditoría
Ante la serie de señalamientos de malos manejos; de corruptelas y desvío de recursos en la LXIII Legislatura del Estado, nada le caería mejor a la actual legislatura que aplicar una auditoría a la que recién terminó. Los señalamientos en contra de Tesorero y Oficial Mayor han estado a la orden del día, sobre todo por el manejo discrecional de millones y millones de pesos que bien pudieron ir a dar a la bolsa de los funcionarios y no precisamente para apuntalar la gestión legislativa. En la lista de quienes están bajo sospecha figura quien fuera la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la diputada del PRI, María de las Nieves García Fernández y quien fuera presidente de la Mesa Directiva, José de Jesús Romero López. La sospecha de malos manejos fue algo que permeó al menos todo el último año de gestión. Hay que recordar que no sólo fueron los 600 millones de pesos que se auto-asignaron para el financiamiento anual, sino los miles de millones que fluyeron de manera discrecional para el llamado “pago por evento” y que les habría sido pagado en efectivo a cada legislador (a).
Para salir de las dudas, la nueva directiva de la Cámara local de diputados debe gestionar la realización de auditorías que muestren ante la sociedad los presuntos malos manejos de nuestros ex representantes populares acreditados en la pasada legislatura, así como los funcionarios que estuvieron al frente. Ingmar Medina Matus, el Oficial Mayor que prácticamente repitió en dos gestiones legislativas, es quien tiene sobre sí una mayor responsabilidad en el manejo turbio de recursos. Nada más grave y pésimo precedente para los representantes populares que recién se estrenan que dejar impune la gestión de sus antecesores, sobre todo cuando pesan sobre ellos acusaciones y señalamientos graves. Si en verdad como mucho se argumenta, ésta será una legislatura apegada a la austeridad republicana, bien se haría pues en esclarecer esos presuntos malos manejos que en nada contribuyen a la confianza ciudadana. No hay que olvidar que en el imaginario colectivo está la duda respecto a la danza millonaria que, por supuesto, no fue justificable, habida cuenta de que la LXIII Legislatura se caracterizó por su improductividad, su opacidad y su elevado costo, la cual la ubicó a nivel nacional como una de las más caras del país.
