Cada vez más familias oaxaqueñas tienen que comprar pipas que les surtan agua debido a que no existe capacidad, ante la grave sequía, por parte de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA), para garantizar el vital líquido en nuestra capital. Esto ha ocasionado que familias de escasos recursos dispongan de su presupuesto para garantizar el abasto en perjuicio de otras necesidades cotidianas.
Los concesionarios de la venta de agua han dispuesto los precios de acuerdo con la oferta y la demanda sin que las autoridades estatales o federales puedan intervenir. Los costos se han disparado a tal agrado que una pipa de 5 mil litros cuesta entre mil y mil 200 pesos, mientras que la de 10 mil litros se cotiza entre 2 mil y 2 mil 300 pesos.
La promesa del Gobierno del Estado de regularizar los precios para evitar tales abusos no se hizo realidad y los oaxaqueños siguen padeciendo los excesos de este sector que impuso su ley. En las agencias y colonias de nuestra capital la falta de agua ya es en extremo y se complica sensiblemente ante las elevadas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas.
Todo esto, debido al deterioro de la infraestructura hidráulica en nuestra ciudad, los asentamientos humanos irregulares y el mal estado de la red que complica sensiblemente la distribución de agua potable. Se presume que se trabaja en la protección de las fuentes naturales, la restauración y mejoramiento de la red de agua potable, pero lo cierto es que la falta de agua ahoga prácticamente a los habitantes de más de 300 colonias y algunas zonas de municipios conurbados.
El distrito centro al que pertenece la capital depende en mayor medida de la extracción de agua de pozos. Se está sacando más agua del acuífero de la que entra, mientras que la red de la ciudad es muy vieja y tiene fugas, además se enfrentan serios y graves problemas, como el abatimiento de los niveles freáticos, la presencia de fierro y manganeso y la contaminación bacteriológica.
Jornada por la paz
Ante los altos niveles de violencia electoral que se registran en México, la Iglesia católica convocó a realizar el 26 de mayo una jornada nacional de oración por las elecciones. El día de oración será justo una semana antes de las elecciones del 2 de junio, las más grandes de la historia, que hasta ahora están manchadas por asesinatos de decenas de aspirantes.
El llamado es a reflexionar sobre el futuro de nuestro país y que las elecciones del 2 de junio se desarrollen en un clima de paz y tranquilidad, pues sin duda, el proceso electoral es uno de los desafíos más importantes que tiene la sociedad en este 2024 y se necesita de la participación de todos los ciudadanos de manera responsable con su voto y hacer todo lo posible para que estas elecciones sean pacíficas, libres, conscientes, fiables y con resultados veraces.
Al margen de que la Iglesia sostiene que la oración reconcilia y hermana, permite compartir sueños y trabajar juntos, pero sobre todo, infundirá la fuerza para promover la paz que tanto necesita México y cumplir con nuestra responsabilidad de ir a las urnas a votar por el bien de nuestro pueblo, todos los mexicanos comprometidos con el progreso, desarrollo y la democracia deben alentar una verdadera responsabilidad política electoral.
Sin duda, el llamado representa una nueva alerta por la inseguridad en México emitida por la Iglesia católica, que el pasado 11 de marzo reunió a los tres candidatos presidenciales para firmar el ‘Compromiso por la Paz’, conjunto de 117 iniciativas de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para combatir la violencia.
Estos fenómenos sociales no son exclusivos de quienes buscan el sufragio popular para alcanzar una posición de responsabilidad pública, sus afectaciones se enmarcan en un contexto mucho más amplio de inseguridad y violencia que impacta amplias capas de la sociedad mexicana y que ha venido erosionando la convivencia cívica desde hace varias décadas, diluyendo el tejido social que es indispensable para toda convivencia democrática.
