En nuestra capital como en las principales ciudades del estado, los asentamientos espontáneos, marginales, descontrolados o informales son formas de hábitats precarios establecidos en su mayoría en zonas urbanas. Estos asentamientos son creados por un sector de la población sin los permisos de los organismos competentes, con un reducido ingreso económico, que al construir de forma ilegal fomentan la exclusión, por ser zonas sin dotación de servicios básicos, carentes de planificación.
Un reto para la próxima administración municipal que iniciará funciones el 1 de enero y que debe utilizar esta herramienta esencial para construir ciudades más ordenadas, sostenibles e inclusivas. A través de una visión integral y participativa, es posible enfrentar los desafíos contemporáneos y promover un desarrollo urbano que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Ante esa situación es necesaria la intervención y la participación coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales para alcanzar el desarrollo urbano, la adquisición de reservas territoriales y el aprovechamiento del suelo interurbano.
Además de lograr el ordenamiento territorial y ecológico, la identificación de riesgos y el financiamiento para la vivienda, ya que actualmente los municipios no cuentan con la visión y los recursos para poder invertir en la planeación del crecimiento de sus ciudades.
La planificación urbana es una disciplina esencial que busca organizar y diseñar el desarrollo de las ciudades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promover el desarrollo sostenible y optimizar el uso de los recursos disponibles.
Este proceso implica la coordinación de diversos factores, como la distribución de espacios residenciales, comerciales e industriales, la infraestructura de transporte, los servicios públicos y las áreas verdes. Distribuir adecuadamente las zonas residenciales, comerciales e industriales para evitar la expansión descontrolada y preservar áreas naturales, entre otras.
Violencia y delincuencia
La violencia y delincuencia son problemas que no tienen una expresión única, por el contrario, son situaciones complejas con múltiples causas, diversos factores de riesgo así como con diversas manifestaciones, lo que implica que no es posible enfrentarlos sólo controlando y sancionando el delito; también es necesario prevenirlos, es decir, abordar las causas sociales y los factores de riesgo que propician estas situaciones.
Quienes conocen este serio como delicado problema, advierten que el enfoque de prevención es absolutamente necesario en un país como México en el que la atención se ha centrado en el combate frontal de la delincuencia, lo que ha generado elevados costos sociales, como lo son el incremento del temor y la percepción de inseguridad de la ciudadanía, el encierro en el espacio privado de las viviendas, el abandono del espacio público y el incremento de las medidas de seguridad.
Tales escenarios representan desafíos complejos que afectan profundamente a la sociedad, la economía y la estabilidad del país. Durante las últimas décadas, el problema ha evolucionado, involucrando no solo el narcotráfico, sino también fenómenos como la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas y el robo en diversas modalidades. Este panorama multifacético tiene raíces en factores como la desigualdad económica, la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades educativas y laborales.
Las disputas entre cárteles por el control de rutas de tráfico y territorios han generado altos índices de homicidios en diversos estados. La respuesta del Estado, a menudo militarizada, ha contribuido a una escalada del conflicto, sin abordar las causas estructurales del problema.
La corrupción y la impunidad son factores clave que perpetúan la delincuencia. Según estudios, la gran mayoría de los delitos en México no se denuncian, y menos del 10% de los casos denunciados resultan en sentencias condenatorias.
