En una semana que reavivó las heridas abiertas desde 2022, la relación entre México y Perú volvió a sufrir una ruptura profunda y pública: el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la decisión de la Cancillería mexicana de otorgar asilo en su embajada a la exprimera ministra Betssy Chávez.
La moción en el Parlamento peruano -aprobada por amplia mayoría- y el posterior anuncio del gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas han convertido lo que era un conflicto bilateral congelado en una crisis inmediata con implicaciones regionales.
El Gobierno de México emitió un comunicado en el que rechazó la declaración de persona non grata aprobada por el Congreso de Perú contra la presidenta de México; la medida, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), está “motivada por planteamientos falsos”.
La cancillería mexicana enfatizó que no ha intervenido en los asuntos internos de Perú y que su actuación se ha mantenido “fiel a los principios normativos de política exterior y a su sólida tradición diplomática”, en referencia al asilo político concedido a la ex ministra peruana, Betssy Chávez.
El desencadenante explícito fue la protección diplomática a Chávez, procesada en Perú por su papel en la crisis política derivada de la fallida tentativa de disolución del Congreso y la crisis de 2022. Chávez se encuentra, desde que pidió asilo, en instalaciones mexicanas en Lima y el gobierno peruano ha cuestionado la legalidad de la acción mexicana y la califica como una injerencia en sus asuntos internos. México, por su parte, defiende la medida como un ejercicio de asilo conforme a las normas internacionales aplicables y ha invocado instrumentos jurídicos regionales -entre ellos la Convención de Caracas y prácticas tradicionales de la diplomacia mexicana- para justificar su actuación.
La escalada no surge de la nada: es la continuación de una disputa que se remonta a la crisis del 2022, cuando México acogió a la familia del expresidente Pedro Castillo y cuestionó la legitimidad de su destitución. Aquel episodio dejó una relación tensa que se ha reciclado en sucesivas crisis de asilo, acusaciones cruzadas y bloqueos diplomáticos, y que ahora se radicaliza con la declaración contra la presidenta mexicana. Esto ha convertido a la disputa bilateral en un síntoma de las fracturas ideológicas y prácticas entre gobiernos latinoamericanos en la post pandemia.
El impacto práctico de la crisis es doble. En lo inmediato, la ruptura diplomática complica canales formales de diálogo -embajadores expulsados, misiones reducidas y limitación de contactos ministeriales- y genera riesgos para la seguridad jurídica de proyectos conjuntos y la atención consular a ciudadanos. En lo estratégico, debilita la capacidad de los países involucrados para articular iniciativas de integración económica y coordinación regional en foros como la Alianza del Pacífico, precisamente cuando la región busca opciones propias frente a la competencia geopolítica entre grandes potencias y a la necesidad de garantizar cadenas de suministro más autónomas.
Más allá de los tecnicismos formales del derecho de asilo, lo que está en juego es el modelo de actuación internacional que México pretende proyectar. La administración de Sheinbaum -que heredó una tradición diplomática mexicana de asilo y activismo regional- insiste en un enfoque declarado por su cancillería como atado al derecho internacional y a la tradición de protección humanitaria. Sus críticos sostienen, en cambio, que esa práctica se ha aplicado de manera selectiva y con una fuerte carga ideológica, lo que erosiona la imagen de México como mediador imparcial y complica su liderazgo en la región.
Para Perú, la reacción parlamentaria y ejecutiva responde a una necesidad política interna: reconstruir una narrativa de soberanía y control institucional tras años de convulsión. Declarar persona non grata a la mandataria mexicana funciona como una señal interna para sectores que cuestionan la concesión de asilo y perciben una intromisión externa en decisiones judiciales y políticas. No obstante, esa respuesta también tiene un costo en términos económicos y diplomáticos, dada la interdependencia comercial y las cadenas de inversión entre ambos países.
La crisis exhibe, en última instancia, el dilema de las potencias medianas regionales: cómo conciliar un rol internacionalista -defensor de principios como el asilo, la solidaridad y la autodeterminación- con la necesidad de mantener relaciones estables que permitan negociaciones económicas y cooperación técnica. México hoy intenta preservar su capital moral, pero esa apuesta requiere traducirse en habilidad diplomática para construir alianzas y no únicamente en gestos de condena o protección. En el otro extremo, Perú sigue buscando reafirmar su autoridad interna sin perder los canales de cooperación que son esenciales para su desarrollo.
¿Qué se puede esperar a corto plazo? La retórica seguirá siendo dura y los actos simbólicos -declaraciones parlamentarias, restricciones de visado, limitaciones a la actividad diplomática- marcarán el calendario inmediato. Sin embargo, la interdependencia económica y la presión de otros actores regionales y subregionales podrían actuar como incentivos para una desescalada negociada en el mediano plazo.
La pregunta abierta es si ambos países encontrarán la fórmula para separar los contornos simbólicos de la política interna de las necesidades pragmáticas de cooperación internacional, una lección que la diplomacia latinoamericana deberá aprender con rapidez si pretende evitar que las crisis ideológicas debiliten la gobernanza regional.
