A finales del gobierno de José Murat, la CFE concesionó a la empresa española Gamesa la construcción de la primera central eólica en el Istmo de Tehuantepec. Significó una inversión de 84.5 millones de dólares para generar 101 mega wats de electricidad limpia. Con esta obra se inició lo que se avizoraba como una industria boyante en territorio oaxaqueño.
Y así fue hasta que llegó el gobierno de la cuarta transformación que, por lo visto, está transformado a nuestro país en materia económica, pero hacia atrás. El presidente AMLO ha ordenado impedir la entrada en operación de centrales de energía renovable -solar y eólica- con el argumento fabricado de afectar la “confiabilidad” del sistema eléctrico nacional.
Oaxaca es uno de los estados donde la producción de electricidad a partir de la fuerza del viento, avivó esperanzas de desarrollo acelerado. Desde que la CFE montó el primer parque eólico en Oaxaca, diversos inversionistas europeos y canadienses vieron en el Istmo de Tehuantepec un lugar promisorio para industrializar los vientos que soplan con gran fuerza.
Desde el 2006 a la fecha se han instalado en esa región istmeña 27 parques eólicos con una inversión de seis mil millones de dólares para generar 2,780 megawatts. Hasta antes de la absurda ley estaban contempladas seis plantas más con una inversión de 2 mil 600 millones de dólares más.
Efectivamente, el panorama se antojaba promisorio hasta que López Obrador ordenó la “Política de la Confiabilidad, Seguridad, Continuidad en el Sistema Eléctrico Nacional”.
COLAPSO EN OAXACA
Fue un albazo porque ocurrió ocho horas antes de su publicación en el Diario Oficial, el pasado día 15. Así lo explica el ingeniero Fernando Sosa Mimiaga, consultor en Energía Eólica.
El experto advierte que el acuerdo de AMLO para suspender indefinidamente las subastas de electricidad de fuentes de energía limpia y el cambio de la Regulación de los Certificados de Energía Limpia, significa un colosal golpe económico contra Oaxaca donde se ha instalado el mayor número de parques eólicos. Si partimos -explica- de que el 25 por ciento de esas inmensas inversiones (seis mmdd) se quedan en el Istmo oaxaqueño como derrama económica ya se imaginarán el tamaño del colapso que significa inhabilitarlas. Pagan renta de predios, empleos directos, renta de inmuebles para sus técnicos y ejecutivos, etc.
En una cruda expresión de las consecuencias que provocará la decisión del presidente AMLO, Fernando Mimiaga dice que fue una “decisión autoritaria de una burocracia arrogante, insensible que, con estos actos violatorios de derechos, no solo lesionan a los técnicos que se apegan a las normas y procedimientos sino también a las empresas de energías renovables. Afecta la economía de la región del Istmo donde hay proyectos en proceso y centrales funcionando. Hay oaxaqueños que tienen fincado el porvenir de sus familias en los ingresos que les da el aprovechamiento de las Energías Renovables. Veo un panorama gris en nuestro país para el desarrollo de las fuentes intermitentes. Veo, como consecuencia de estas torpezas, pueblos hundidos en la desesperación, en la miseria, con hambre y que claman justicia para acercarse al desarrollo que tanta falta le hace a este país. Veo la muerte de la naciente democracia de nuestro país y muy cerca al fascismo y a la dictadura, espero estar equivocado en mi visión”.
SILENCIO CÓMPLICE
Muchas voces de alerta surgen ante la decisión presidencial que, en el fondo -dicen los expertos- lo que pretende es quemar el combustóleo residual de PEMEX y para eso las plantas fósiles de CFE constituyen un mercado natural. Otra razón es la ideológica, por no estar de acuerdo el gobierno mexicano con que generen empresas privadas.
Las embajadas de Canadá y la Unión Europea han expresado su desconfianza ante el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”. emitido el 29 de abril pasado por el Centro Nacional de Control de Energía. Exigen a la Secretaria de Energía una reunión urgente, pero no han tenido respuesta.
Las empresas extranjeras involucradas en las inversiones para el desarrollo y fomento de energías limpias en México, y organizaciones empresariales del país, lanzan su inconformidad y exigen que el presidente AMLO explique el fondo de tal decisión.
Todo el mundo expresa inconformidad mientras el juchiteco Samuel Gurrión Matías, titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado que es la institución que tanto cacareaba las inversiones eólicas en el Istmo de Tehuantepec, hoy no se atreve a poner en su boca tan espinoso asunto ¿Raro, verdad?
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