Oaxaca rebasa la media nacional en porcentajes de actos de corrupción, pues según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 62.9% de la población de 18 años y más refirió que la inseguridad y delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día al estado, seguidas de la corrupción con el 49.4% y la pobreza con el 39.2%.
Tal encuesta permitió dar a conocer a la sociedad en general la información obtenida sobre la evaluación que la población de 18 años y más otorga a los trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, con base en su experiencia. La tasa de población que tuvo contacto con algún servidor o servidora pública y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 16 mil 712 por cada 100 mil habitantes, superior a la media nacional de 13 mil 966.
Es indudable que el gobierno es visto por los mexicanos como el principal responsable de la corrupción y el lugar donde ocurren más estos actos. Sin embargo, empresarios, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil también son vistos como responsables de los esfuerzos anticorrupción. Para que una estrategia de atención a la corrupción sea exitosa, tiene que involucrar al sector privado y a los ciudadanos.
Sin un esfuerzo conjunto de corresponsabilidad no hay resultados. Desde luego, no todos somos responsables en la misma proporción, pero existen acciones concretas que podemos hacer todos, desde el espacio que ocupamos, para resolver este problema. Para dimensionar qué tanto afecta la corrupción al país, es necesario analizar cómo se percibe a través de los distintos sectores de la sociedad; entender qué rol se le atribuye al sector privado, al gobierno, o a los ciudadanos y cómo se reparten las responsabilidades.
Trata de Personas
Uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo, además la trata de personas configura una de las más graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, y es a su vez producto de una privación, principalmente de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas.
A pesar de los esfuerzos que se han realizado en los últimos años para desalentar este ilícito, aumenta y genera un clima de temor y zozobra entre los oaxaqueños, ya que la trata de personas constituye una de las formas más extremas de la violencia contra las mujeres. La situación de vulnerabilidad en que viven muchas personas las convierte en blancos fáciles para los grupos criminales y lucran a partir de sus necesidades más básicas que se encuentran insatisfechas.
Existe tres fases por las que se realiza el proceso de las víctimas, siendo en una primera instancia la captación o enganche, la cual se comete mediante la fuerza, secuestro, rapto, amenaza, enamoramiento o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de las personas. La etapa de traslado o sometimiento en la cual la víctima mediante amenazas, violencia física o uso de drogas, es forzada a abandonar su lugar de origen. Por último, la etapa de la explotación con la cual la víctima es forzada a la realización de acciones laborales o sexuales.
Tal y como lo advierten las propias autoridades judiciales, la importancia de reconocer este delito, recae por el alto nivel de denuncias que tiene la entidad oaxaqueña en este proceder, siendo una de las primeras a nivel nacional, tan sólo en el 2023 cerró con un aumento del 50%.
En los últimos años el delito de trata de personas registró un alza en 15 estados de la república, donde Oaxaca alcanzó un aumento muy sensible. Estudios revelan que al menos 6 municipios de la entidad oaxaqueña presentan mayor incidencia de delitos por trata de personas, Huajuapan, Santa Lucía del Camino, Oaxaca de Juárez, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Huatulco y Salina Cruz, en rubros como desapariciones, explotación sexual y red de trata.
