Una característica de las madres trabajadoras es el cansancio y este es un reto de salud pública para todos, pues nuestro país, y en especial Oaxaca, se enfrentan a grandes retos en el ámbito laboral. A pesar de que no se vea, el aporte económico del trabajo no remunerado equivale a un 20% del Producto Interno Bruto (PIB) y las mujeres hacen un 70% de este aporte.
Casi el 60% de las mujeres que trabajan tienen empleos informales, con escasa protección social, alta inseguridad y baja remuneración. Una de las causas de esta baja participación es la excesiva carga de trabajo no remunerado que soportan las mujeres en México, misma que les impide dedicar tiempo al trabajo formal.
Las mexicanas realizan tres cuartas partes del trabajo no remunerado en el hogar, incluyendo el cuidado de los niños. Históricamente, las mujeres siempre han trabajado, solo que siempre se les han asignado trabajos de cuidado de otras personas, lo que hace que esa labor se quede en lo privado, como parte de lo que no se ve.
En 28 de los 30 municipios con mayor porcentaje de mujeres jefas de familia se ubican en Oaxaca, los restantes están en Puebla y Sonora, donde además de cumplir con ser proveedoras únicas del sustento de su casa, son también responsables de las labores del hogar y acumulan jornadas de actividad entre 14 y 16 horas al día. El municipio de Catarina Tayata, Oaxaca, es el de mayor índice de madres solteras con 15.4 por ciento de su población femenina, le sigue Santa María Nativitas en Puebla con 13.9 por ciento y Santa Magdalena Jicotlán en Sonora, con 10.9 por ciento.
Las mujeres que son madres se insertan en el mercado laboral en condiciones más adversas que el resto de las personas, pues tienen que combinar la crianza de los hijos y los quehaceres domésticos con sus actividades laborales. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo disminuye conforme aumenta su número de hijos.
Demandas indígenas
Es indudable que la política pública para el desarrollo de los indígenas debe ser dirigida en dos sentidos: reducir el rezago social de la población originaria y, simultáneamente, acortar la dramática distancia que los aleja del resto de las y los mexicanos, respetando siempre su identidad, costumbres y tradiciones.
Sobre todo, porque las condiciones de precariedad de la población indígena se han mantenido superiores a los de la población no indígena a través del tiempo. Las políticas públicas no han conseguido disminuir las brechas históricas entre ambas poblaciones.
El Estado Mexicano como el Gobierno del Estado, tienen el compromiso de mejorar las condiciones de bienestar social de las comunidades indígenas a partir de obras de infraestructura, electrificación y proyectos productivos, como parte de la estrategia de atención a poblaciones que viven en pobreza y pobreza extrema, pues no hacerlo provocará que sigan en el abandono.
Agobiados por la desatención, aumentan las voces que demandan atender con mayor énfasis a los pueblos indígenas y cambiar el escenario para elevar la calidad de vida de sus habitantes. Oaxaca cuenta con 416 municipios indígenas, muchos de los cuales requieren acceso a los servicios básicos, ya que el 85 por ciento de la población se considera perteneciente a alguno de los 16 grupos indígenas que habitan en el estado.
En este escenario, es imprescindible atender peticiones y demandas de agua y electrificación, se deben destinar recursos para contar con clínicas que brinden la atención médica que se requiere, ya que la prioridad debe ser ayudar a la gente que lo necesita sin importar su condición étnica ni política.
La situación de descuido, desatención y falta de apoyo a las comunidades indígenas ha provocado que gran parte de esa población no cuente con oportunidades de educación, salud ni desarrollo. Y a pesar de que se pregonan políticas públicas para su atención, de los aproximadamente 15 millones de indígenas que viven en el país, la quinta parte presenta analfabetismo, la mitad no tiene acceso a servicio médico y el 40 por ciento vive en pobreza extrema.
