Este día se cumplen de manera formal los primeros 100 días a partir del inicio de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz. Si bien es cierto que se ha convertido en un decir qué se ha hecho en este breve lapso de tiempo, pues una entidad con tantos problemas éstos no se resuelven ni en seis o más años, es un referente al menos para que el equipo gobernante emita un diagnóstico sobre la ruta que pretende caminar en lo que le resta de su gestión. Hemos escuchado sobre iniciativas de ley, como la famosa revocación de mandato o la de austeridad republicana; sobre el compromiso del ejecutivo estatal a efecto de que los deudores alimentarios no cumplan con cargos de responsabilidad pública o la autorización por parte del Congreso local de un presupuesto, según se dijo, en el que los pobres tengan prioridad, así como los programas que ha emprendido esta administración en sus diversas áreas.
Se ha dicho, asimismo, que hay prioridades, como son los caminos a las agencias municipales para abatir el ancestral rezago en materia de comunicaciones; la salud, la seguridad y la educación. Sin embargo, hay también rubros en los que tal parece que en lugar de avanzar vamos hacia atrás como es el caso de la inseguridad, las ejecuciones y los feminicidios. Es importante subrayar que en estos poco más de tres meses el discurso de culpar al de atrás de los males en la entidad, ha sido recurrente, podía decirse que es una copia fiel a las “mañaneras” de López Obrador. La corrupción, las obras malhechas o hechas a medias, la investigación sobre el Cártel del Despojo y otros temas, parecen haber sido sólo para el escarnio mediático y no para procederse conforme lo dispone la ley.
Ahí están como testimonio de los malos manejos del pasado, algunas de las obras emblemáticas que se entregaron “al pueblo de Oaxaca”, pero sin concluirse, como “Símbolos Patrios” y el “Circuito Interior”. Sin embargo, no se ha movido un solo dedo para que las áreas responsables intervengan para reparar los desperfectos o agilizar la investigación para que los responsables sean obligados a concluir o reparar dichas anomalías. En tanto esto ocurre, se espera que en esta fecha emblemática se dé a conocer cuándo estará listo el Plan Estatal de Desarrollo que, como ya es usual, casi siempre se prepara en el lapso de los primeros 100 días, aunque dicho tiempo no es el plazo fatal para tal propósito.
Ya era tiempo
La semana pasada se dieron dos actos de autoridad que motivó, al mismo tiempo, críticas y reconocimientos. Por un lado, fue el desalojo de un grupo de mujeres triquis lideradas por Lorena Merino, que habían vuelto a los pasillos del Palacio de Gobierno, de donde fueron desalojadas el 2 de diciembre de 2022, ahora en protesta y exigencia de una y mil demandas. La información oficial que fluye a diario, dio cuenta de decenas de reuniones con funcionarios de gobierno. La cerrazón de las inconformes fue evidente. Al día siguiente, un grupo de vecinos de Santiago Xiacuí, luego de cerrar los accesos al Palacio de Gobierno fueron desalojados por la Policía Estatal. Se usó gas lacrimógeno. La Secretaría de Gobierno emitió un comunicado donde confirmó el clima de tolerancia y respeto a la libre manifestación. Pero advirtió también, que no se va a negociar con quienes pretenden tomar rehenes, menos entregar recursos públicos a grupos sin representación legal o a quienes pretenden mantener cacicazgos y privilegios.
En opinión de algunos, fue un intento de reeditar el conflicto del 2006. Se mencionó, asimismo, ribetes represivos del gobierno actual. Por el contrario, en redes sociales hubo quienes opinaron que ya era necesario que se tomaran medidas drásticas, ante este clima de impunidad que prevalece. El caso de Xiacuí es patético. Desde hace años los grupos ligados a personajes o partidos políticos viven alentando el conflicto interno para que no haya elecciones municipales. Dado que se trata de dos grupos indígenas: triquis y zapotecos de la Sierra Norte y con respeto a nuestros pueblos originarios, en los cánones de la política, cuando se ha agotado el diálogo, el gobierno, como representante legítimo del Estado, puede usar los instrumentos que a ley pone en sus manos. Nadie en su sano juicio le apuesta a la violencia, mucho menos a la represión. Pero en Oaxaca hay un hartazgo generalizado ante quienes violan de manera flagrante la ley y los derechos de terceros.
Ser indígena no es una patente de corso o impunidad. Tampoco la pertenencia a un gremio, organización, grupo o partido. El gobierno debe hacer uso de la fuerza cuando se ponga en riesgo la gobernabilidad y la paz social. Ante los abusos y atropellos que hemos padecido como sociedad inerme, es tiempo ya de que se ponga orden. Pero que esa política no sea selectiva sino generalizada. Que nadie, absolutamente nadie, se quiera ubicar más allá de lo que la ley le permite.
