• Contaminación
• Chinas-Negocio
Los legisladores locales se vieron obligados por los habitantes de San Miguel y Santa María Chimalapa a modificar el límite territorial entre Oaxaca y Chiapas y con ello cumplir con lo ordenado en la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el papel se cumple con la intención de dar certeza jurídica al territorio después de que el 11 de noviembre de 2021, el máximo tribunal fallara a favor de Oaxaca en la controversia constitucional sobre sus límites territoriales presentada el 29 de noviembre de 2012, donde confirmó que las 160 mil hectáreas de bosques y selvas disputadas desde 1967 con Chiapas pertenecen a las comunidades zoques.
Ahora el reto será que se respeten en los hechos y se acaten las disposiciones jurídicas, tratar de evitar que se vuelvan a repetir las agresiones registradas y la necesidad de conservar y proteger esta región, considerada la mayor reserva de biodiversidad de México y Mesoamérica, como también la de mejor estado de conservación. Sin embargo, desde hace más de 50 años, la porción oriente del territorio comunal chimalapa se vio invadido y depredado en más de 160 mil hectáreas de selvas y bosques, por talamontes y ganaderos provenientes del vecino estado de Chiapas, impulsados y solapados por gobiernos de aquella entidad.
Desde entonces las comunidades chimalapas han dado una histórica y ejemplar lucha pacífica y tenaz, en defensa de su territorio y de sus invaluables bienes naturales, movilizándose periódicamente para detener dichas invasiones, tal y como lo han hecho recientemente. Por ello al margen de lo jurídico se debe actuar de forma inmediata y efectiva para detener y revertir estas invasiones y esta depredación ecológica, haciendo valer los derechos colectivos del pueblo zoque y evitando además un posible clima de violencia social en dicha zona.
… A VUELO DE PÁJARO
El gobierno municipal de Oaxaca de Juárez que encabeza Francisco Martínez Neri se ha convertido en el mayor depredador y contaminador del medio ambiente sin que nadie haga nada para evitarlo. Ignorar los reclamos para evitar que el tiradero a cielo abierto en las riberas del río “Atoyac, sea cancelado y retirar sus desperdicios para evitar una mayor contaminación es el mejor deporte de la actual administración, que sigue dando tumbos y camina sin ninguna dirección.
Mala fama
De bajo perfil y una discreta actuación en el Congreso de Oaxaca, el diputado Pablo Díaz Jiménez salió a la palestra acusado de acoso y haber participado a lado de un grupo de funcionarios en el ciberacoso que vivieron mujeres mixes, luego que sus fotografías fueron compartidas en grupos de WhatsApp con fines sexuales. El representante popular de Morena fue rudamente zarandeado en la última sesión legislativa en donde también intentó defenderse al asegurar que lo quieren ‘embarrar’ en un tema ‘personal’. Envalentonado ha pedido que lo denuncien ante las autoridades correspondientes, ¿acaso sabe que lo mantiene un halo de impunidad?
Beneficiados
Vaya escándalo el que se ha suscitado tras conocerse que las delegaciones de Chinas Oaxaqueñas de doña Genoveva Medina y las Chinas Oaxaqueñas de doña Casilda Flores fueron beneficiadas para participar en las presentaciones de los Lunes del Cerro 2023, en lo que se ha considerado un proceso de selección “simulado”. A pesar de que ambos grupos han negado no recibir ningún apoyo oficial, en los ejercicios presupuestales 2018 y 2019 de la pasada administración estatal, ambos grupos recibieron montos por más de 20 mil pesos como pago de participaciones en los convites de la Guelaguetza. Hoy exigen un proceso de selección sin excluir a nadie.
Sin apoyo
Cuando parecía que todos irían unidos, el Partido Acción Nacional decidió no apoyar la reforma para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La causa por la que presuntamente se bajan de la mesa de acuerdos, es porque Morena no define todavía “una posición clara” frente a su división interna. El martes pasado, Irma Juan Carlos, diputada de Morena, indicó que más de 90 diputados (entre 60 del partido al que representa y 30 del PRI, PT y PVEM) no apoyarían la modificación constitucional para dar facultad al Poder Legislativo para “ejercer medidas afirmativas a favor de los derechos político-electorales en beneficio para la paridad de género o grupos vulnerables”.
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Volveremos.
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